SANTA CRUZ.- El municipio de Río Gallegos, el mayor deudor, insiste en su negativa a pagar y llevó el planteo a la justicia. Desde la administración de Pablo Grasso proponen una negociación incompatible, cambiar la deuda por aportes con deudas que mantiene la provincia con la comuna.

Actualmente, la deuda de los municipios con la CPS supera los 111.000 millones de pesos, según datos oficiales. Estos fondos provienen de los descuentos que cada empleador realiza sobre los salarios de los trabajadores municipales, destinados a financiar jubilaciones y la cobertura de salud. Sin embargo, en numerosos casos, las administraciones locales retuvieron el dinero pero no lo transfirieron a las cajas correspondientes, incurriendo así en lo que la ley tipifica como “retención indebida de haberes”.

El incumplimiento reviste gravedad, ya que no se trata de fondos municipales sino de recursos que pertenecen a los trabajadores. Por este motivo, de aplicarse la normativa de manera estricta, varios intendentes y responsables de las finanzas comunales podrían enfrentar causas judiciales. El argumento que esgrimen los municipios —que pagar estos aportes los llevaría a la quiebra— carece de sustento legal, dado que la obligación de transferir esos fondos está expresamente establecida y no admite compensaciones ni canjes por deudas cruzadas.

Uno de los casos más notorios es el del municipio de Río Gallegos, el más grande de la provincia, que reconoce públicamente su deuda tanto con la Caja de Previsión Social como con la Caja de Servicios Sociales.

La administración municipal encabezada por Pablo Grasso, sostiene que la provincia también mantiene deudas con el municipio, pero este planteo no es válido jurídicamente, ya que los aportes descontados a los empleados no pueden ser utilizados como moneda de negociación o compensación. En la práctica, esto implica que el municipio retiene fondos que no le pertenecen.

El conflicto entre Río Gallegos y la CPS en manos de la Justicia

La situación se originó luego de que la Municipalidad interpusiera un recurso judicial para evitar que la Caja pudiera retener, a través de los fondos de coparticipación, los montos adeudados en concepto de aportes personales y patronales.

La Justicia hizo lugar a esa medida cautelar y ahora, la CPS pide que se resuelva con celeridad la cuestión de fondo: si el municipio debe o no cumplir con sus obligaciones legales.

Mientras tanto, la Caja solicitó al máximo órgano judicial de la provincia que resuelva el caso, advirtiendo sobre el impacto que la falta de aportes provoca en la sustentabilidad del sistema previsional y de salud provincial.

En este contexto, el anuncio del gobierno provincial sobre el inicio de pagos por parte de las Comisiones de Fomento representa un avance parcial, aunque el grueso de la deuda sigue concentrado en los municipios. Desde la Caja de Previsión remarcaron que la regularización de aportes no es una opción voluntaria sino una obligación legal, y que el objetivo final es recuperar la totalidad de los fondos retenidos indebidamente.