LA NACIÓN / Mariela Arias.-

EL CALAFATE.- El gobierno de Santa Cruz formalizó una oferta para adquirir el obrador principal de la empresa Austral Construcciones, ubicado en la ciudad de Río Gallegos, que se encuentra en proceso de liquidación desde el 2017 cuando se inició la quiebra de la empresa constructora de Lázaro Báez. La gestión de Claudio Vidal ofertó U$S 2.000.000 millones con la intención de reconvertir al emblemático predio de la constructora en un polo de actividades productivas.

El ofrecimiento de compra se realizó ante el Juzgado Comercial 28, secretaria 55 que lleva adelante la quiebra de Austral Construcciones SA, y que a la fecha solo le resta subastar el obrador central para terminar con la venta de los inmuebles que estaban a nombre de la empresa.

El predio forma también parte del listado que los peritos de la Corte Suprema determinaron, en el marco de la causa Vialidad, que deberán ser decomisados en caso que el próximo 13 de agosto los nueve condenados — entre ellos Báez- no aporten $684.990.350.139,86.

Si no entregan ese dinero, la Justicia avanzará en el decomiso de los bienes de cada uno, que por ahora están embargados. Por esta razón, e interesados tanto en los galpones, como en la estratégica ubicación sobre la Ruta Nacional 3, a 6 km del centro de Río Gallegos y en el ingreso al aeropuerto internacional, es que el gobierno santacruceño se presentó en la causa y depositó $ 256.000.000 para mostrar su voluntad de compra que fue afectado a un plazo fijo renovable cada treinta días, a tasa preferencial, según lo dispuesto por el juez subrogante Jorge Sícoli.

La oferta fue trasladada a la sindicatura, al Banco de la Nación Argentina, y a los martilleros intervinientes en el proceso en tanto que la acción de parte del estado provincial la está llevando con suma discreción el directorio de la empresa estatal “Santa Cruz Puede SAU” y el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, quienes presentaron una propuesta de venta directa a favor de la sociedad comercial cuyo único accionista es el Estado provincial.

El inmueble en cuestión fue uno de los principales centros operativos de Austral Construcciones en la provincia, y cuenta con infraestructura apta para ser reutilizada en proyectos industriales, logísticos o de servicios. La empresa estatal fue creada el año pasado durante el primer año de gobierno de Vidal y fue nombrada con la frase que el propio gobernador usó en campaña y suele repetir en sus discursos.

Santa Cruz Puede SAU, — creada con el propósito de impulsar el desarrollo productivo de la provincia mediante la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con las comunidades, generando un impacto positivo- expuso ante la justicia los proyectos a los que podrían destinar el predio: un aserradero móvil que realizará la explotación racional de la lenga y el ñire, con base en la cordillera pero que prevé un proceso de industrialización en Río Gallegos; una fábrica de ensamblado de calzado industrial para atender las demandas de la actividad minera y petrolera, una planta de fraccionamiento de víveres destinada a los programas sociales, una planta de alimento balanceado estratégico para la producción agropecuaria y una unidad de producción avícola enfocada en la cría de gallinas ponedoras.

Según surge del expediente que se tramita la empresa necesita de instalaciones que permitan poner en marcha las maquinarias y realizar los procesos productivos y consideran que con una previa adecuación los enormes galpones abandonados desde el año 2016 y que supo albergar centenares de maquinarias y vehículos, hoy sería el lugar ideal para llevar adelante los proyectos estatales.

Sin mantenimiento aunque con seguridad, los custodios judiciales de los bienes debieron establecer seguridad en torno al obrador para evitar robos y saqueos, aún así, no se pudo parar el deterioro de las inclemencias climáticas. La propuesta, firmada por Gustavo Sívori, presidente de “Santa Cruz Puede SAU”, ofrece adquirir el inmueble en el estado que se encuentra por U$S 2.000.000 a pagar en pesos al cambio oficial, dentro de los diez días que quede firme la operación, y la oferta incluye el pago del IVA, la comisión a martilleros y los impuestos provinciales.

Del mismo modo la empresa estatal propone asumir el compromiso de constituirse en depositario de la documentación de la quiebra que se encuentra en el predio, para lo cual destinará un lugar específico en el predio, como también de las máquinas y bienes de terceros que aún están allí, como también se ofrecen a gestionar el traslado o devolución.

En el mismo plan, solicitan que de existir otras ofertas, se les reconozca el carácter de ser los primeros oferentes y se les otorgue el derecho de mejorar la misma. Consultados por este medio, la empresa estatal desistió de hacer declaraciones a la espera que se desarrolle la suerte del expediente.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes del Estudio Stupnik, que tiene a su cargo la sindicatura que lleva adelante la liquidación de los activos de Austral, detallaron que todos los bienes inmuebles de la quiebra ya han sido vendidos bajo la modalidad de remate y solo resta el predio donde se encuentra el Obrador Central de la firma, con una hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina.

Austral Construcciones S.A., declarada en quiebra en el año 2017, la empresa, fundada por Lázaro Báez, tuvo un rol central en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, y acumuló 51 contratos en Santa Cruz y otras provincias. La causa judicial que derivó en su quiebra incluyó investigaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y administración fraudulenta. Las 51 obras fueron investigadas de la causa Vialidad.

El obrador de Río Gallegos es uno de los activos más relevantes, tanto por su tamaño como por su ubicación estratégica por tal razón, la iniciativa se enmarca en una política de recuperación de activos improductivos, impulsada por la administración de Vidal.

El expediente judicial, identificado como N° 22216/2017, continúa en trámite en el Juzgado Comercial N°28, Secretaría N°55, y aún faltan definiciones para saber si se aceptará la oferta del gobierno de Vidal. De confirmarse, el otro predio constructor, pasará a manos del estado y los galpones volverán a recobrar la actividad que tuvo la década pasada.