SANTA CRUZ.- En 2001 el empresario de medios , Rudy Fernando Ulloa Igor, compartía una cuenta en dólares en el Banco Santa Cruz con su amigo Néstor Kirchner. Hoy, su comitente en una cuenta es la expresidenta que ya no podrá disponer de esos fondos.

El 11 de junio último la Corte Suprema confirmó el fallo que en diciembre de 2022 condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios públicos a la pena de seis años de prisión por fraude al Estado por la adjudicación de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez destinadas a Santa Cruz. La sentencia también dictaminó la inhabilitación perpetua de los condenados a ejercer cargos públicos, y trabó un embargo de bienes por la suma de $ 84.835.227 millones los que actualizados alcanzan hoy la suma de $684.990.350, millones.

En la actualización de medidas cautelares solicitada por los fiscales, Sergio Mola y Diego Luciani, se detalla el listado de bienes a decomisar a los nueve condenados en la Causa Vialidad. De la asombrosa suma de más de $684 mil millones que la justicia consideró que fueron desapoderados de las arcas públicas, la expresidenta y el empresario Lázaro Báez, son quienes deberán restituir por orden judicial la mayor parte del dinero.

Entre los bienes a decomisar a Cristina Fernández de Kirchner se cuentan, dinero en cajas de ahorro y cuentas corriente; departamentos en Puerto Madero, y en Río Gallegos, y hoteles en El Calafate y El Chaltén, además de acciones en firmas Los Sauces y Hotesur.

En el caso de la expresidenta, los fiscales Mola y Luciani, solicitaron el decomiso de dinero en bancos y valores.

En el Banco Galicia, cuatro cajas de ahorro, una de ellas en dólares; una cuenta comitente, y una Caja de Seguridad con US$4.664.000 y dos cajas de ahorro con US$1.032.144,91 y $53.280,24. Otra cuenta comitente - depositante: Banco de Galicia y Buenos Aires - comitente 553997 en condominio con Florencia Kirchner y Máximo Kirchner.

En el Banco Nación se decomisará una caja de ahorro; y una cuenta 5038/3810 abierta en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional, y una cuenta 5037/1155 abierta en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional

En tanto que en el Banco Santa Cruz se ordenó el decomiso en cuatro Plazos fijo bajo cuenta inversora.

Mientras que en Caja de Valores se decomisarán, una cuenta comitente cuyo depositante es el Banco de Santa Cruz S.A. Comitente 838, en condominio con Néstor Carlos Kirchner y Rudy Ulloa. Y una subcuenta comitente 838 abierta a nombre de Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Rudy Ulloa por intermedio del depositante 1235 - Banco de Santa Cruz.

En 2001 el empresario de medios , Rudy Fernando Ulloa Igor, compartía con su amigo y entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, una cuenta en dólares en el Banco Santa Cruz con más de U$S 1,3 millones.

La información la dio a conocer en julio de ese año la revista Malón, y a pesar de que la publicación produjo un fuerte impacto en el ámbito gubernamental y político, ni Rudy Ulloa ni ningún funcionario del gobierno provincial emitieron opinión sobre el tema. Tampoco se expidió la justicia.

Básicamente quedó sin respuesta cuál era el origen del dinero en moneda extranjera, y si en todo caso se trataba de fondos públicos.

Hoy, la comitente de Rudy Ulloa en una cuenta es la expresidenta que ya no podrá disponer de esos fondos, y aun se desconoce si podrá hacerlo el empresario de medios.

Los inmuebles que la justicia recuperará para el Estado

Además la expresidenta deberá devolver al Estado varios inmuebles, entre ellos, dos en la ciudad de Buenos Aires, se trata de los departamentos de Juncal 1409/11 esquina Uruguay 1306/10, unidad 7, piso 5. Con una superficie de 254 m2. Y el de Juncal 2164/64A/66, entre Azcuénaga y José Evaristo Uriburu, Unidad 21, piso 5. Con una superficie de 77 m2.

Otras 23 propiedades en Santa Cruz, entre casas y departamentos, que incluyen una con una cláusula de inembargabilidad y otros inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

También se incluyen en el decomiso, un vehículo Honda CR-V EXL, dominio IFU 999, y acciones que posee en las firmas, Los Sauces S.A., Hotesur SA y Coma SA, con acciones cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

Cabe consignar que esas empresas tiene entre sus bienes hoteles y departamentos.

En el caso de Lázaro Báez, quien permanece detenido en la Unidad Penitenciaria N°15 de Río Gallegos, y hoy se conoció deberá cumplir 15 años de prisión por la acumulación de dos condenas, Ruta del dinero K y Vialidad, la lista de propiedades a decomisar es mucho más abultada. 

A diferencia de Cristina Fernández, Báez, posee además de edificios de departamentos y chacras, más de mil vehículos, aviones y cientos de miles de hectáreas en campos. De allí saldrán los bienes que ordenó decomisar la justicia, "...cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente", se lee en el fallo.

Sobre los efectos del decomiso

Los fiscales citan el antecedente de María Julia Alsogaray, también condenada por corrupción,  "...el tribunal de casación indicó que “... Respecto de los delitos de corrupción, puede considerarse que el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de justicia y restablecimiento del equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos…”, destaca aquel fallo. 

Mola y Luciani afirman que, "... la gran corrupción por la que se dictó una condena en este proceso, ha privado al Estado de recursos de manera inequitativa toda vez que fueron los sectores más pobres, los más vulnerables, los que se vieron perjudicados en mayor medida por las consecuencias de estas prácticas tan nocivas. Esos millonarios fondos, en lugar de llegar al destino que les correspondía, por años fueron usufructuados en provecho propio (sin control ni límite alguno) por Lázaro A. Báez y su entorno; por el matrimonio Kirchner; y por el resto de los imputados".

 Y concluyen: "es claro que, en un caso como este, los efectos jurídicos que
persigue el fallo, no se verían satisfechos si los fondos detraídos, no son
reintegrados a las arcas públicas".