SANTA CRUZ.-  El debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y el derecho a la educación vuelve a ocupar el centro de la escena. Para la autora de la iniciativa parlamentaria, "busca poner orden", mientras que un sector del gremio de docentes plantea que la iniciativa "criminaliza la protesta". 

La reciente presentación de un proyecto de ley por parte de la diputada provincial Fabiola Loreiro generó una fuerte controversia entre los distintos sectores de la comunidad educativa. La iniciativa, que propone restringir las manifestaciones en un radio de 200 metros alrededor de las escuelas durante el horario de clases, fue rechazada por la Lista Lila de ADOSAC, que lo considera un intento de criminalizar la protesta docente.

La propuesta, ingresada bajo el número de expediente 289, lleva por título “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias”. Según su autora, el proyecto no busca prohibir la protesta, sino "poner orden" en torno a los establecimientos educativos. “Los bombos, megáfonos y gritos interrumpen, alteran, y muchas veces paralizan el funcionamiento escolar. Eso también es violencia, pero contra la educación”, expresó Loreiro en sus redes sociales.

La legisladora defendió su propuesta argumentando que no afecta el derecho a la protesta ni a peticionar ante las autoridades, sino que busca garantizar el derecho de los estudiantes a estudiar en un ambiente tranquilo. “Este proyecto no prohíbe la protesta. Lo único que hace es poner un límite de 200 metros a manifestaciones ruidosas durante las clases, para proteger el derecho de los chicos a estudiar en paz”, afirmó, y aclaró que aún no se trata de una ley sancionada, sino de un proyecto que fue girado a comisión para su análisis.

No obstante, desde la  Agrupación Lila de ADOSAC  expresaron su rechazo rotundo al proyecto, al que calificaron como “profundamente regresivo”. En un comunicado difundido públicamente, los docentes sostienen que la iniciativa “amenaza con restringir la participación y el pensamiento crítico en los espacios educativos”, y denuncian que busca “despolitizar el conflicto educativo y relegarlo al silencio”.

“El proyecto criminaliza el derecho a la protesta, a la organización y a la visibilización de demandas sociales y educativas”, señalaron. Además, cuestionaron que se proponga habilitar la intervención de fuerzas de seguridad en las inmediaciones escolares, medida que, según indicaron, “militariza el conflicto social” y representa un intento de “disciplinamiento hacia la organización colectiva y los sindicatos docentes”.

Los docentes advierten también sobre el régimen de sanciones contemplado en la propuesta —como multas, apercibimientos y suspensiones de personerías jurídicas— que, consideran, apuntan a castigar a quienes históricamente han visibilizado el deterioro de la educación pública.

“Porque la educación no necesita silencio, sino voces. No necesita represión, sino inversión”, afirman en el documento, al tiempo que llaman a la comunidad educativa, a organizaciones sociales y de derechos humanos a rechazar públicamente el proyecto. “Seguiremos en las calles. Seguiremos enseñando a luchar. Porque sin lucha no hay conquista. Y con silencio, no hay educación”, concluye el texto.