SANTA CRUZ.- En las últimas décadas el organismo estuvo manejado por una mayoría K, y está cuestionado por no ejercer un debido control sobre las cuentas públicas de la provincia y los municipios. 
El proyecto para que ahora informe a la legislatura sobre qué tipo de control ejerció sobre las cuentas públicas obtuvo despacho favorable por mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda. También piden al organismo de contralor que suba a la web la información de las auditorias. 

A través del proyecto de Resolución N°080/25 presentado por la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) los diputados quieren que el Tribunal de Cuentas de la Provincia informe "las auditorías realizadas durante la primera y segunda etapa del corriente año en los distintos organismos e instituciones, como así también las que se encuentran en proceso".

Transparencia de la administración

Por otro lado, se le solicita al órgano de contralor la publicación de manera oficial en su sitio web del avance y estado de todas las auditorías realizadas con el fin de facilitar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, como así también información exhaustiva sobre los hallazgos específicos en las auditorías correspondientes a los períodos 2015-2019 y 2019-2023.

Esta solicitud surge ante la evidente necesidad de que el organismo brinde un reporte exhaustivo sobre el uso y manejo de los recursos públicos en gestiones anteriores y, de esta manera, garantizar una adecuada fiscalización que cumpla con los principios de transparencia y acceso a la información pública, pilares fundamentales de la democracia y del control ciudadano.

En este sentido, la diputada Adriana Nieto remarcó: “Se trata de un organismo de control externo que debiera -en consonancia con lo previsto en la Constitución Provincial- ser un órgano objetivo e independiente. Se han requerido numerosos informes y en esta oportunidad se reitera la solicitud”.

“Es fundamental que el Tribunal de Cuentas actúe como un órgano independiente y objetivo, sin caer en prácticas que puedan interpretarse como una fiscalización parcializada o selectiva que promueva la persecución política o administrativa en detrimento de la gestión actual”, explica la autora en los fundamentos del proyecto.