EL CALAFATE.- Son todos de Santa Cruz, quienes ocuparon cargos en dependencias nacionales y provinciales de Vialidad. La lista de los nombres que figuran en el fallo definitivo.
En una instancia decisiva en la Causa Vialidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo también alcanza a otros ocho condenados, quienes deberán cumplir sus respectivas penas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, a través de un oficio dirigido a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, solicitó la asignación de dependencias y la necesidad de considerar las características individuales de cada condenado para determinar su lugar de detención, especialmente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, debido a su edad y las especiales condiciones de seguridad requeridas por su pasado como Presidenta y Vicepresidenta de la Nación.
Entre ellos se encuentran ex figuras clave de la administración pública y tanto del gobierno nacional como exfuncionarios del gobierno de Santa Cruz:
Nelson Guillermo Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, de 79 años, es uno de los condenados. Ingeniero electricista de profesión, Periotti fue una pieza fundamental en la adjudicación de contratos de obra pública que están bajo la lupa judicial. Seis años de prisión.
José Francisco López, conocido por el escándalo de los bolsos con dinero, también deberá cumplir su condena. López, de 64 años, fue Secretario de Obras Públicas de la Nación y su rol en la trama de corrupción ha sido ampliamente documentado. Seis años de prisión.
Lázaro Antonio Báez, de 69 años, empresario y figura central en la trama de corrupción, fue condenado en esta causa a seis años de prisión. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria en El Calafate cumpliendo 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa "la ruta del Dinero K".
Mauricio Collareda, de 53 años, ingeniero civil y ex Jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, es otro de los condenados. Su participación en la adjudicación irregular de contratos lo ha llevado a enfrentar la justicia. Cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Raúl Osvaldo Daruich, de 68 años, también ingeniero civil y ex Jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, deberá cumplir su condena. Su implicación en la causa ha sido significativa debido a su rol en la estructura de la Dirección Nacional de Vialidad. Tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Juan Carlos Villafañe, de 67 años, con estudios secundarios incompletos y ex Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, es otro de los condenados. Su gestión en la provincia ha sido cuestionada por las irregularidades detectadas. Cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Raúl Gilberto Pavesi, de 73 años, ingeniero en vías de comunicación y ex Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, también deberá cumplir su condena. Su experiencia y posición no lo eximieron de las responsabilidades penales. Cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
José Raúl Santibáñez, de 60 años, con estudios secundarios incompletos y ex Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, es otro de los implicados. Su rol en la administración provincial ha sido clave en la investigación. Cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El oficio destaca la necesidad de considerar las características individuales de cada condenado para determinar su lugar de detención, especialmente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, debido a su edad y las especiales condiciones de seguridad requeridas por su pasado como Presidenta y Vicepresidenta de la Nación.
Este fallo y las medidas subsecuentes subrayan el compromiso del poder judicial argentino en la lucha contra la corrupción y la impunidad, marcando un precedente significativo en la historia judicial del país.