SANTA CRUZ.- La toma de juramento estuvo a cargo de la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Alicia Mercau.
La incorporación de Nieto al cuerpo se produce tras la reglamentación actualizada del Tribunal de Enjuiciamiento, mediante la Ley N° 3859, sancionada en junio de 2024. Esta norma establece la integración del tribunal con un miembro del Tribunal Superior de Justicia, un diputado o diputada letrada, y un abogado del foro provincial elegido por sorteo.
El Tribunal de Enjuiciamiento cumple un rol clave en el control institucional de la provincia, según lo estipulado en el artículo 129 de la Constitución de Santa Cruz.
El órgano tiene la función de juzgar a magistrados y funcionarios del Poder Judicial ante denuncias por delitos en el ejercicio de sus cargos, faltas éticas graves o negligencia manifiesta. Puede suspender preventivamente, ordenar pruebas, dictar la destitución o absolución, e incluso remitir casos a la justicia ordinaria.
La diputada Nieto, que tiene una trayectoria labora en el poder judicial, en su nuevo rol como jurada letrada, representará al Poder Legislativo en este órgano que garantiza el debido proceso y la rendición de cuentas en la función pública.
Atribuciones del Tribunal de Enjuiciamiento
El artículo 19 de la ley N° 3859 indica que "son acusables ante el Tribunal de Enjuiciamiento los magistrados de los tribunales inferiores y los funcionarios de los Ministerios Públicos a que se refiere el Artículo 129 de la Constitución Provincial, como asimismo todos los restantes funcionarios que hayan sido sometidos al mismo régimen por disposición legal especial".
En tanto que el artículo 20 detalla que "los magistrados y funcionarios mencionados en el Artículo 19, podrán ser acusados por cualquier habitante de la Provincia por las siguientes causas:
"no reunir las condiciones que la Constitución y las leyes determinan para el ejercicio del cargo; incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incluyendo especialmente la ignorancia inexcusable del derecho de la legislación vigente, demostrada por su errónea aplicación en autos, sentencias, resoluciones o dictámenes que de ellos emanen", entre otras causas.
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