RÍO GALLEGOS.– Según la Provincia, el intendente Pablo Grasso que ya lleva cinco años y medio al frente del municipio está amparado por el Tribunal de Cuentas. La comuna de la capital provincial no publica los presupuestos ejecutados, no tiene Boletín Oficial donde debería constar esa información. Tampoco cumple con los aportes de ley a la Caja de Previsión (jubilaciones), ni a la Caja de Servicios Sociales (Obra social). Es el municipio más endeudado con el sistema de seguridad social. Sin embargo recientemente el intendente Pablo Grasso, anunció que asignará 60 millones de pesos para arreglar escuelas de la provincia.

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Nicolás Brizuela, denunció públicamente la falta de transparencia del intendente Pablo Grasso en el manejo de los fondos públicos que recibe el municipio de Río Gallegos. En declaraciones a la prensa, Brizuela informó que en los primeros cinco meses del año el Estado Provincial transfirió al municipio más de 26.300 millones de pesos en concepto de coparticipación, sin que hasta la fecha se haya presentado una rendición formal sobre el uso de esos recursos.

"Estamos hablando de más de 26 mil millones de pesos en lo que va del año, un promedio de 5.250 millones mensuales. Preocupa que el intendente Grasso siempre esté criticando a la provincia por los recursos, cuando nosotros tenemos publicada toda la información", expresó Brizuela. El funcionario comparó esta conducta con la de una “estancia”, donde Grasso actúa como “patrón”, en alusión al hermetismo con el que se maneja el municipio.

Uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de publicación de los presupuestos ejecutados, lo que impide conocer el destino real del dinero público. El municipio de Río Gallegos no cuenta con un Boletín Oficial, herramienta básica de publicidad institucional donde debieran constar las licitaciones, decretos, contrataciones y toda información relevante para el control ciudadano. “No hay un solo informe disponible para los vecinos”, señaló el ministro.

Otro punto crítico señalado por el gobierno provincial es el incumplimiento del municipio en el pago de los aportes legales a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales. Según datos oficiales, la deuda del municipio con ambos organismos del sistema de seguridad social supera los 14 mil millones de pesos, una cifra que compromete gravemente la sostenibilidad del sistema previsional y de salud de la provincia.

En este contexto, causó sorpresa y malestar el reciente anuncio del intendente Pablo Grasso de destinar 60 millones de pesos a escuelas provinciales para el mantenimiento de los edificios. La medida, además de ser improcedente desde el punto de vista administrativo —ya que la responsabilidad del mantenimiento escolar recae en el Consejo Provincial de Educación—, contradice la realidad financiera del municipio, que mantiene millonarias deudas con organismos públicos esenciales.

El ministro Brizuela también apuntó contra el Tribunal de Cuentas de la provincia, al que acusó de una inacción histórica en relación con el control de los fondos municipales. “Durante años, el organismo de control se mantuvo al margen. No puede ser que un municipio de este tamaño, que administra recursos millonarios, no tenga controles reales”, remarcó.

Finalmente, desde el gobierno provincial se llamó a reforzar los mecanismos de control y transparencia en todos los niveles del Estado. “Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía. Es tiempo de poner fin a las zonas grises en el manejo de los fondos públicos”, concluyó Brizuela, en una señal directa al manejo opaco de las cuentas municipales en la capital santacruceña.