SANTA CRUZ.- El Gobierno nacional oficializó la eliminación de la Ley Nacional N° 25.422, conocida como Ley Ovina, a través del decreto 408/2025. La norma, que había sido sancionada en 2001, establecía un régimen de fomento para la producción ovina, promoviendo el desarrollo rural, la inversión en genética, infraestructura, y el acceso a créditos para pequeños y medianos productores. La medida provocó un inmediato rechazo en Santa Cruz, donde la ganadería ovina es una de las principales actividades económicas del sector agropecuario.

La decisión se suma a otra medida polémica para la región patagónica: la eliminación de la barrera sanitaria que prohibía el ingreso de carne con hueso desde el norte del país. Si bien esta última medida fue suspendida por 60 días ante el reclamo de entidades rurales, los productores temen que la resolución 419/2025 quede firme al finalizar el plazo, afectando la sanidad animal y el estatus diferencial de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación.

Ante este escenario, legisladores provinciales presentaron dos proyectos en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para manifestar su repudio a la derogación de la Ley Ovina. El diputado Carlos Santi (Unión por la Patria) expresó que se trata de “una herramienta fundamental para el desarrollo de dicha producción, el arraigo rural y la generación de empleo en las zonas rurales”. Por su parte, la diputada Agostina Mora solicitó a los representantes santacruceños en el Congreso nacional que promuevan acciones legislativas para revertir el decreto presidencial.

En declaraciones a medios locales, el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jamieson, lamentó la eliminación de la ley y destacó su impacto positivo en Santa Cruz: “Se manejó muy mal a nivel nacional, pero muy bien en la provincia. Teníamos la esperanza de seguir trabajando con el gobierno provincial y el nacional para mantener esta ley, porque era muy importante para el pequeño y mediano productor”.

La provincia de Santa Cruz cuenta con una superficie de 24 millones de hectáreas, de las cuales 13 millones están dedicadas a la producción ovina. En total, unos 600 productores manejan un stock de 2,1 millones de cabezas. La Ley Ovina representaba una fuente clave de financiamiento, permitiendo mejoras en infraestructura productiva, captación de agua, instalaciones ganaderas y programas de mejoramiento genético.

En sus fundamentos, los diputados provinciales consideraron que el decreto 408/2025 “firmó el certificado de defunción de la producción ganadera en la Patagonia” al eliminar un instrumento de promoción que, durante casi 24 años, permitió sostener una actividad amenazada por la falta de rentabilidad, el cambio climático y la despoblación rural. La incertidumbre crece entre los productores, quienes ahora miran con preocupación un futuro sin apoyo del Estado nacional.