SANTA CRUZ.-  El oficialismo provincial presentó un proyecto de ley que propone ampliar de cinco a nueve el número de vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La iniciativa, impulsada por los diputados Adriana Nieto y Pedro Luxen, representa no solo una reforma estructural del máximo órgano judicial, sino también un intento explícito por deskirchnerizar un Poder Judicial que durante más de tres décadas operó bajo la órbita del poder político, sin fisuras ni cuestionamientos internos.

El texto del proyecto plantea la modificación del artículo 24 de la Ley 2404, con el objetivo de sumar cuatro nuevos miembros al Tribunal, respetando la paridad de género y los requisitos establecidos por la Constitución Provincial. Pero más allá de lo técnico, el proyecto encierra un mensaje político claro: poner fin a la histórica subordinación de la justicia santacruceña al poder político instaurado en los años '90 por el entonces gobernador Néstor Kirchner.

Caso Sosa, el origen de la kirchnerización de la justicia

Fue justamente durante la gestión de Kirchner, en 1995, cuando se amplió por primera vez la composición del Tribunal, pasando de tres a cinco miembros. Aquel movimiento fue el punto de partida de una estrategia sistemática que permitió al Ejecutivo ocupar lugares clave dentro del Poder Judicial —juzgados, fiscalías, cámaras y secretarías— asegurando una justicia funcional a los intereses del gobierno de turno.

Uno de los hitos más escandalosos de ese proceso fue la cesantía del procurador Eduardo Sosa, en una maniobra calificada como inconstitucional por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en sendas oportunidades se expresó sobre el caso e inclusive llegó a emitir una resolución ordenando su reposición. La provincia jamás acató ese fallo, argumentando que el cargo de procurador general había sido eliminado.

De la militancia partidaria a impartir justicia

Con el paso de los años, lejos de revertirse, la subordinación judicial se consolidó con nuevos nombramientos polémicos. En 2000, Carlos Zannini, histórico dirigente del kirchnerismo, fundador de la Unidad Básica Los Muchachos Peronistas, quien llegó a ocupar una banca por el Frente para la Victoria en la legislatura provincial, y antes de que termine su mandato fue designado como vocal del Tribunal Superior sin haber ejercido nunca la abogacía en Santa Cruz, condición que exige la Carta Magna provincial.

Lo mismo ocurrió con Fernando Basanta, también militante K, y exministro de Gobierno de Alicia Kirchner, quien tampoco cumplía con el requisito legal de años de ejercicio profesional dentro de la provincia, sin embargo en septiembre de 2022 juró como vocal del TSJ.

Su designación valió la presentación de una denuncia penal por parte del abogado Sergio Macagno, contra Basanta, la gobernadora Alicia Kirchner, que alcanzó también a los miembros del Tribunal Superior por haberle tomado juramento en conocimiento de que el postulante no reunía los requisitos exigidos por la Constitución Provincial para ocupar el cargo. 

Durante 32 años de gobiernos kirchneristas ininterrumpidos, la justicia provincial no investigó una sola causa por corrupción contra funcionarios provinciales, a pesar de numerosas denuncias radicadas. Este blindaje judicial funcionó como un muro de impunidad que ahora se el gobierno busca desmantelar. 

El proyecto de Nieto y Luxen, que podría comenzar a tratarse en comisiones en los próximos días, argumenta que el crecimiento poblacional —más del 100% desde 1995— justifica la necesidad de ampliar la cantidad de jueces. También se menciona la sobrecarga de trabajo y la falta de eficiencia en la resolución de causas, aunque lo medular del texto radica en su intención de refundar éticamente el Poder Judicial.

“Los nuevos tiempos que transitamos en nuestra provincia requieren Poderes del Estado comprometidos con el cambio”, afirman los autores en los fundamentos, y proponen que esta ampliación no solo mejore el funcionamiento del sistema, sino que permita introducir una nueva camada de magistrados ajenos a los viejos pactos de poder.

La propuesta busca alinear a la justicia santacruceña con una agenda institucional renovada, que incluya perspectiva de género, respeto por la Constitución y compromiso con la independencia judicial. Se trata, en definitiva, de dar por terminado un ciclo de impunidad estructural y comenzar otro basado en la legalidad, la ética y la transparencia.

Resta saber si el oficialismo logrará los consensos necesarios para avanzar con la reforma. La oposición del bloque Unión por la Patria tiene en sus manos gran parte de la definición, y la difícil decisión de elegir enfrentándose a su propio pasado.