RÍO GALLEGOS.- La concejal radical presentará un proyecto exigiendo el cumplimiento de la Ordenanza que creó el B.O.M.E. Argumenta que se priva al vecino de conocer en qué y cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.

En la séptima Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Río Gallegos, que se celebrará el jueves 4 de junio, la concejal Daniela D’Amico (UCR) presentará un proyecto de Resolución reclamando al Ejecutivo Municipal que cumpla de forma efectiva con la Ordenanza N° 9.392, sancionada en octubre de 2020, que estableció la creación del Boletín Oficial Municipal Electrónico (B.O.M.E.).

Según la edil, a casi cinco años de haberse aprobado la norma, el Boletín nunca fue implementado, ni se editó ni publicó, incumpliendo así con un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la información pública y la transparencia de los actos de gobierno.

El tiempo se llevó la información

“La Ordenanza en cuestión estableció como autoridad de aplicación a la Secretaría de Gobierno, siendo esta cartera la encargada de la reglamentación, organización y puesta en marcha del BOME en un plazo de veinte días a partir de su promulgación. El tiempo pasó, la Ordenanza se promulgó, pero nada ocurrió”, señaló D’Amico, quien además apuntó directamente contra el intendente Pablo Grasso, responsable del Ejecutivo tanto en 2020 como en la actualidad.

Un derecho ciudadano vulnerado

La falta de publicación del Boletín Oficial, denuncian desde la oposición, constituye una grave omisión por parte del Municipio, ya que impide a los ciudadanos acceder de forma regular y oficial a información clave como ordenanzas promulgadas, licitaciones públicas, adjudicación de tierras fiscales y otros actos administrativos.

“Acceder a la información pública en una sociedad democrática significa transparentar los actos de gobierno, favoreciendo y fomentando la participación ciudadana”, expresó la concejal, y recordó que este derecho está respaldado por una sólida legislación vigente a nivel nacional y provincial.

Entre esas normativas se destaca la Ley Nacional N° 27.275, que en su artículo 1º establece:

“El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental de toda persona para conocer la información que generen, obtengan, transformen, controlen o financien los sujetos obligados por esta ley. Este derecho permite una efectiva participación ciudadana y fortalece el control sobre la gestión pública.”

Asimismo, la Ley Provincial N° 3.540 obliga a los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz a publicar información que obre en su poder o haya sido producida para su gestión, garantizando el acceso ciudadano a los asuntos de interés público.

Para D’Amico, la postergación sin justificativos del BOME “deja en evidencia una falta de voluntad política por transparentar la gestión pública y rendir cuentas ante los contribuyentes”. En este sentido, recordó que el Boletín fue concebido como una herramienta de acceso irrestricto y gratuito, y que su ausencia impacta directamente en el derecho ciudadano a conocer cómo se maneja el dinero público.

“Estamos reiterando el reclamo porque es inadmisible que después de cinco años no se haya hecho nada. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir con la norma. No hacerlo implica cercenar el derecho a la información de los vecinos”, remarcó.

La edil radical espera que el Concejo apruebe el proyecto de Resolución y que el intendente Grasso finalmente cumpla con lo que la ley exige: publicar oficialmente cada decisión administrativa que afecte a la comunidad.