RÍO GALLEGOS.- En la nueva presentación ante la justicia provincial, el IDUV aportó más documentación sobre la adjudicación de lotes fiscales ubicados en el barrio El Faro, una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la capital provincial. El punto central de la denuncia es que las tierras fueron entregados a personas vinculadas al gobierno de Alicia Kirchner y a allegados a los hermanos Grasso quienes estuvieron al frente del IDUV durante los últimos 8 años.

La denuncia original fue radicada a fines de noviembre de 2024 por parte del presidente del IDUV a partir de sendas auditorías administrativas internas de donde surgieron irregularidades, entre otras la falta de cumplimiento de requisitos por parte de los adjudicatarios.

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) formalizó dos nuevas denuncias penales, "cada una dirigida a los exfuncionarios, fundamentadas en los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes del Estado", se informó oficialmente. En la presentación se incorporan "elementos jurídicos y administrativos que refuerzan la gravedad del caso".

Las autoridades consideran que el cúmulo de pruebas aportadas ahora sobre la entrega irregular de tierras, "profundiza las irregularidades en la adjudicación de terrenos, evidenciando un manejo discrecional y la omisión de requisitos esenciales".

Confirman que la asignación de tierras se realizó en plena campaña electoral de Pablo Grasso a la gobernación, "lo que refuerza las sospechas sobre la utilización de recursos estatales con fines políticos", mencionan la denuncia.

Asimismo, el informe oficial sobre el tema señala, "la existencia de incompatibilidades legales y éticas en la distribución de lotes fiscales, profundizando el daño patrimonial al Estado y afectando la transparencia en la administración del suelo urbano".

Cabe recordar que Pablo Grasso ocupó la presidencia del IDUV entre 2015 y 2019, mientras que María Grasso estuvo al frente del organismo entre 2022 y 2023.

La actual gestión del IDUV ha avanzado en una auditoría integral sobre las adjudicaciones realizadas en los últimos años, con el objetivo de transparentar el manejo del suelo urbano y garantizar que la asignación de lotes se realice con equidad y conforme a la normativa vigente.

El origen de la denuncia

La denuncia fue formalizada el viernes 29 de noviembre mediante el sistema SIPED, en el Juzgado de Instrucción N°

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, presentó una denuncia formal contra el intendente Pablo Grasso, y su hermana María Grasso, por presuntas irregularidades cometidas cuando estuvieron al frente del organismo, entre 2015 y 2023.

Mansilla también señaló que la mayoría de los lotes fueron asignados a exfuncionarios del gobierno de Alicia Kirchner o a allegados de Pablo Grasso, en un proceso que describió como "discrecional y desigual".

Las adjudicaciones que el gobierno llevó a la justicia, ya habían sido ventiladas en mayo de este año por el presidente del IDUV, Cristian Mansilla.

En aquel entonces el organismo de la vivienda dio a conocer que "actuales funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos, y ex jefes del IDUV, adquirieron terrenos fiscales en el barrio El Faro para construir sus casas y mansiones", indicaron.

En la denuncia penal piden que se investigue una supuesta administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial y la entrega irregular de lotes en la zona de la costanera local, "un área privilegiada por su alto valor económico, que habrían sido otorgados a personas que no cumplían con los requisitos legales establecidos".

Además, según consta en la presentación realizada por Mansilla ante la justicia, el Sr. Grasso, en su calidad de presidente del IDUV, no tenía facultades legales para disponer de esos bienes. Según la Ley 1179, que regula las atribuciones del organismo, cualquier adjudicación debía cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos, algo que, según la denuncia, no se respetó.

Según la denuncia, estas acciones reflejan una desviación del principal objetivo de la función pública, que es "la búsqueda del bien común y el compromiso de lealtad con los habitantes de la provincia", lo que habría llevado a beneficiar intereses particulares por encima de las necesidades de la comunidad.