RÍO GALLEGOS.- Desde el gobierno mencionaron que la medida de no dar de alta a empleados municipales cuyas comunas no depositan los aportes fue aplicada por Alicia Kirchner en mayo de 2019. Acusan a las autoridades municipales de dejar en situación de desamparo a sus empleados. Qué dice la legislación sobre el incumplimiento del pago de aportes a la obra social.
El Municipio de Río Gallegos enfrenta serias acusaciones por no transferir a la Caja de Servicios Sociales (CSS) los aportes descontados de los salarios de sus empleados. Esta omisión configura el delito de "retención indebida" de fondos de terceros, ya que se trata de dinero perteneciente a los trabajadores que el empleador, en este caso el Estado municipal, retiene y no transfiere a la obra social correspondiente.
La situación tuvo consecuencias directas esta semana cuando un empleado municipal, víctima de un accidente de tránsito que le causó lesiones graves, descubrió al acudir al hospital que no estaba dado de alta en el sistema de la CSS, quedando sin cobertura de salud. Aunque recibió atención médica por parte del sistema de salud pública, las autoridades provinciales advirtieron que este caso refleja una problemática que afecta a cientos de empleados municipales en la misma situación.
La Ministra de Salud, Luisa Cárdenas, expresó que con su accionar, "El municipio deja a sus empleados en situación de desamparo". Además, aclaró que "este no es un tema nuevo. Desde mayo de 2019, se dejó de dar altas a los empleados municipales por parte de los municipios que no realizaban los aportes de ley. En su momento, el gobierno de Alicia Kirchner lo comunicó formalmente a los intendentes, así que no es una discusión reciente, sino algo que lleva años sin resolución".
La funcionaria agregó que "lamentablemente, los trabajadores a quienes se les descuenta todos los meses el aporte a la obra social quedan en una situación de desamparo. No tienen acceso a mejores prestaciones de salud y, además, tampoco pueden obtener el carnet hospitalario porque son empleados en blanco y no califican para la certificación negativa de ANSES. Por eso, muchos terminan recurriendo a nuestro ministerio en busca de auxilio".
La Ministra también hizo un llamado a la responsabilidad: "Hay que tomar la decisión de ser responsables y solidarios, no solo con los trabajadores, sino con un sistema que, si no se cuida, puede colapsar", advirtió.
Críticas al municipio por el destino de los fondos
Por su parte el vocero del gobierno provincial, Sergio Bucci, señaló no solo al intendente Grasso, sino también al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), a quienes calificó de "cómplices".
Bucci añadió que "el gobierno provincial se ha comunicado oficialmente con los municipios exigiendo los aportes, pero de la Municipalidad de Río Gallegos no ha habido respuesta". Y agregó: "Solo hemos visto el presupuesto municipal que financia su déficit con el no aporte de las Cajas, teniendo como prioridad otras cosas, como festivales o la compra de monopatines para la guardia urbana, pero nada para la salud y la jubilación de los empleados. Todo lo hacen con el silencio cómplice del SOEM, que marcha por temas ajenos a los afiliados, pero no exige respuestas sobre estos asuntos fundamentales para sus representados".
La situación no solo afectó al joven accidentado, sino que, según Bucci, es el cuarto caso en el que el sistema público de salud debe hacerse cargo de la totalidad de los costos, incluidos internaciones y prótesis. "Cada prótesis puede costar entre 2 y 5 millones de pesos, y el sistema hospitalario no tiene capacidad presupuestaria para sostener estas situaciones de manera indefinida", señaló.
Legislación aplicable al delito de "retención indebida" de aportes
El incumplimiento del Municipio de Río Gallegos, encabezado por el intendente Pablo Grasso, quien ya estaba al frente de la intendencia en mayo de 2019 cuando se determinó que no se daría más de alta en la obra social a los empleados municipales cuyas comunas no realizaban los aportes de ley, está tipificado en la legislación que regula el sistema de Seguridad Social argentino.
La ley contempla sanciones para quienes retienen indebidamente aportes destinados al sistema de seguridad social. El artículo 6° de la Ley 24.769 establece que será reprimido con prisión de dos a seis años el agente de retención o percepción de tributos nacionales que no deposite, total o parcialmente, dentro de los treinta días corridos de vencido el plazo legal, el importe de los mismos.
Esta normativa busca garantizar que los fondos descontados a los empleados sean efectivamente transferidos a los organismos correspondientes, evitando situaciones de desprotección como las que actualmente enfrentan los empleados municipales de Río Gallegos.
Fuente: Argentina gob ar