EL CALAFATE.- El magistrado hizo lugar al amparo presentado por la fundación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Contra la institución que dirige el cura Juan Carlos Molina hay una denuncia del gobierno por irregularidades en el manejo de los subsidios que paga el Estado para que funcionen dos casas de la fundación en Santa Cruz.

El Juzgado Civil N° 1 de Río Gallegos dictó una medida cautelar en el marco de la acción de amparo presentada por la Fundación Valdocco contra el Estado Provincial, el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos provinciales.

La medida de no innovar fue firmada por Marcelo Bersanellj y ordena a los organismos dependientes del Estado Provincial a retrotraer las medidas de suspensión del envío de fondos para la compra de alimentos y para el pago de los sueldos correspondientes al personal de las dos Casas Valdocco.

También ordena al gobierno a retrotraer la medida de cierre de dos de las tecnicaturas que se dictan en el colegio secundario de El Calafate. Se trata de las tecnicaturas en Deporte, tiempo libre y recreación, Arte y música, y Biotecnología, las que según las autoridades de Educación otorgaban títulos sin validez nacional. Leer aquí la nota completa sobre el cierre de las tecnicaturas.

La justicia ordena al estado provincial no realizar modificaciones ni intervenciones que alteren la situación existente antes del conflicto, hasta tanto se resuelva el amparo.

Luego de conocida la medida judicial, el cura Molina manifestó: "No nos pone contentos esto, porque aún no entendemos por qué castigan a los pibes y pibas más vulnerables o aquellos que buscan sus sueños. Sin embargo, nos deja un poco más tranquilos y con esperanza al saber que se puede pelear contra la vulneración de derechos. Confiamos en que pronto se cumplirá esta medida judicial, se frenará la hostilidad y la persecución, y podremos seguir caminando como lo hemos hecho durante más de 20. años, acompañando a quienes más lo necesitan en nuestras comunidades."

Desde la Fundación Valdocco agradecen a las personas que brindaron su apoyo y solidaridad a la institución que atraviesa una situación difícil por las denuncias administrativas y judiciales que realizó el gobierno provincial contra la institución.

Una de las presentaciones tiene que ver con la falta de documentación que acredite las condiciones legales de los chicos wichis oriundos de Chaco.

A la par del pedido del gobierno a la fundación para que remita la documentación pertinente sobre la situación de los chicos alojados en la casa de Cañadón Seco, la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, denunció a la Fundación por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública.

Qué dice la denuncia penal

El fiscal de Estado, Ramiro Castillo, quien rubricó la presentación judicial en nombre del gobierno acusó a la fundación de un manejo opaco de los fondos públicos. Según el documento, en el presunto delito "podrían haber participado distintas personas desde la función pública que ocuparon en la provincia, lo que deriva en una inusitada gravedad institucional ya que se encontrarían afectados la administración y las arcas públicas de esta provincia y también podríamos estar en presencia de otros delitos contra la administración pública".

El actual gobierno investiga si cumple con la escolarización comprometida, además de los números de los alojados, en tanto que afirman que  hay pupilos que a su vez reciben salario como docentes.

"Se constataron seis casos de jóvenes que figuran en los listados de liquidación de haberes en el Consejo Provincial de Educación" detalla la denuncia  en la cual se da el nombre de seis jóvenes a quines se les gestionó la renovación del DNI en los registros civiles de Cañadón Seco y en Río Gallegos. 

En la denuncia también hacen mención a 73 personas -y adjuntan listado de nombres y cargos- que cumplen funciones simultáneamente en la Fundación Valdocco en Santa Cruz y en la Unidad Educativa de Gestión Privda N°144 en Comandancia Frías, en Chaco. En este caso las 73 personas cobran sueldo por el Consejo Provincial de Santa Cruz. 

"Cabe destacar que se desconoce si estos sujetos residen en la provincia de Santa Cruz o en la provincia de Chaco resultando imposible que presten tareas al mismo tiempo en establecimientos que se encuentran en los polos opuestos del país", sostiene el fiscal de Estado. 

En la denuncia detallan que la transferencia a la Fundación solo en concepto de salarios docentes en el mes de octubre de este año fue de $473.584.897 para las tres sedes educativas de Cañadón Seco y dos en El Calafate, además de $20 millones de manera bimestral que se destinan desde el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a los comedores de las tres escuelas.

En la denuncia, el fiscal enumera: "la falta de información de la Fundación Valdocco, la disparidad existente entre la cantidad de niños declarados por la fundación para obtener aportes del Ministerio de Desarrollo Socia con el número de menores que se observó en la inspección ocular del 6/11, el hecho de que algunas de las personas declaradas vulnerables se encuentren recibiendo un sueldo por una supuestas relación laboral con la fundación, el excesivo personal docente en función de la verdadera cantidad de menores que se encuentran en la fundación y a prestación de tareas de 73 personas en forma conjunta en la fundación y en un establecimiento en Chaco, demostrarían una irregularidad manifiesta en relación al adecuado control y a la administración de la Fundación, la cual recibe dinero de las arcas públicas de la provincia, sin que en la actualidad se pueda precisar con exactitud si los montos destinados corresponden a la operatoria que la entidad realiza y si dichos montos se destinan en su plenitud para el fin que propenden".

En la misma, Castillo sostiene que el control sobre la Fundación debería haber sido realizado por los funcionarios que intervinieron en las operaciones, convenios celebrados y sus ratificaciones, y solicita que la investigación alcance a las áreas del gobierno y los funcionarios que actuaron, a los fines de dilucidar si existió un obrar inadecuado merecedor de reproche penal.

Este conflicto evidencia la necesidad de mayor transparencia en la administración de los recursos públicos destinados a organizaciones sociales, así como controles más rigurosos para garantizar el correcto uso de los fondos.