SANTA CRUZ.- Los lotes están ubicados en la costanera local una de las zonas más cotizadas de Río Gallegos. La denuncia cuestiona además que las tierras fueron entregadas de manera irregular porque los adjudicatarios no reunían los requisitos para acceder a un terreno fiscal. Uno de los adjudicatarios fue funcionario de Alicia Kirchner.

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, presentó una denuncia formal contra el intendente Pablo Grasso, y su hermana María Grasso, por presuntas irregularidades cometidas cuando estuvieron al frente del organismo, entre 2015 y 2023.

Mansilla también señaló que la mayoría de los lotes fueron asignados a exfuncionarios del gobierno de Alicia Kirchner o a allegados de Pablo Grasso, en un proceso que describió como "discrecional y desigual".

Las adjudicaciones que ahora el gobierno llevó a la justicia, ya habían sido ventiladas en mayo de este año por el presidente del IDUV, Cristian Mansilla.

En aquel entonces el el organismo de la vivienda dio a conocer que "actuales funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos, y ex jefes del IDUV, adquirieron terrenos fiscales en el barrio El Faro para construir sus casas y mansiones", indicaron.

En la denuncia penal radicada el viernes en la justicia provincial piden que se investigue una supuesta administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial y la entrega irregular de lotes en la zona de la costanera local, "un área privilegiada por su alto valor económico, que habrían sido otorgados a personas que no cumplían con los requisitos legales establecidos".

Además, según consta en la presentación realizada por Mansilla ante la justicia, el Sr. Grasso, en su calidad de presidente del IDUV, no tenía facultades legales para disponer de esos bienes. Según la Ley 1179, que regula las atribuciones del organismo, cualquier adjudicación debía cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos, algo que, según la denuncia, no se respetó.

Según la denuncia, estas acciones reflejan una desviación del principal objetivo de la función pública, que es "la búsqueda del bien común y el compromiso de lealtad con los habitantes de la provincia", lo que habría llevado a beneficiar intereses particulares por encima de las necesidades de la comunidad.