RIO GALLEGOS.- El gobierno de Claudio Vidal denunció al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por haber entregado terrenos de forma irregular, por exceder en sus facultades como presidente del IDUV; y porque los adjudicatarios no cumplieron con los requisitos exigidos por la normativa. Otra denuncia similar fue radicada contra María Grasso, hermana del intendente y quien lo reemplazó al frente del IDUV, también por la adjudicación de tierras en forma irregular. Ambas denuncias son por el delito de administración fraudulenta.
ESE AMOR POR LAS TIERRAS FISCALES.
Uno de los lotes de más de 1300 mts2 que originalmente pertenecía al Banco Residual, fue adjudicado a un allegado de Grasso quien según los denunciantes no solo no cumplimentó el plan de obras requerido por el IDUV sino que tampoco cumplió con el pago del terreno cuyo valor fiscal es de más de 20 millones de pesos.
La denuncia, firmada por el actual presidente del IDUV, Cristian Mansilla Encina, con el patrocinio del abogado, Luis Macagno, fue presentada el viernes pasado en el Juzgado de Instrucción N°2 juez subrogante Fernando Zanetta y el fiscal Federico Heinz de Río Gallegos y alcanza no solo la gestión de Grasso al frente del organismo entre 2015 y 2019, sino también a su sucesora en la gestión, su hermana María Grasso, quien estuvo al frente del organismo entre 2019-2023, en ambos denuncias se los acusa de administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial.
En ambos casos, desde el IDUV se denunció a los dos exfuncionarios por “otorgar de forma irregular y sin cumplir la normativa administrativa vigente lotes en zona urbana privilegiada de Rio Gallegos en la zona de la Ría a personas que no han cumplido con los requisitos para tener tal beneficio, ni cumplido la ley de procedimientos administrativos”.
Con el triunfo asegurado que le permitió llegar a la intendencia de Río Gallegos, Grasso entregó 11 lotes antes de dejar el IDUV, en todos los casos a personas que no cumplimentaron los requisitos para acceder a un lote fiscal, según se lee en la denuncia.
El detalle de las adjudicaciones
En la denuncia figura que se trata de once lotes entregados por Grasso entre el 22 de octubre de 2019 y el 5 de diciembre de 2019, cinco días antes de asumir en la intendencia de Río Gallegos, ubicados en barrio El Faro y/o Saborido: según el detalle de la denuncia se tratan de parcelas 2E lotes 26, 2D lote 8, 2D lote 9, 2D lote 10, 2D lote 11, 2E lote 16, 2E lote 20, 2A lote 18, 2A lote 25, 2E lote 14, 2E lote 31.
“Todos los lotes fueron entregados inmediatamente después de que él finalizara su campaña política para acceder por primera vez al cargo de Intendente, lo cual tiñe de forma más oscura la maniobra que se denuncia y se solicita que realmente se investigue a fondo porque los vecinos de Rio Gallegos que necesitan realmente que se conozca la verdad de todo esto”, detallan los denunciantes.
Uno de los terrenos que fue adjudicado a un allegado de Pablo Grasso, pertenecía originalmente al ex Banco Residual que Néstor Kirchner constituyó con el pasivo del Banco provincia de Santa Cruz que privatizó en 1998 en favor del grupo Eskenazi, sin la cartera de morosos.
Según los denunciantes el adjudicatario no solo no cumplimentó el plan de obras requerido por el IDUV sino que tampoco cumplió con el pago del terreno valuado en más de 20 millones de pesos. "El precio de mercado de un lote en la ría triplica ese valor", aclara uno de los denunciantes ante la consulta de Winfo Santa Cruz.
En los fundamentos los denunciantes consignan que "de acuerdo a la ley 1179 que establece las facultades del organismo, el otorgamiento de terrenos son facultades exclusivas del Directorio del IDUV", lo que no habría ocurrido en los casos denunciados.
El titular del IDUV afirma en la denuncia que el organismo fue “víctima y damnificado por la sustracción de diversos materiales que reviste la categoría de bienes del Estado Provincial afectados a obras públicas en curso de ejecución”, afirman en la denuncia.
En los argumentos contra Grasso también se apela a la Ley de Etica de la Función Pública 3325 de Santa Cruz vigente desde el año 2013, en el artículo 3 enuncia “El fin de la función pública es la permanente búsqueda del bien común, establecido y ordenado por las disposiciones de la Constitución Provincial, Leyes, Decretos y normativa en vigencia. Quien se desempeñe como funcionario público, tiene el deber y compromiso fundamental de valores como la lealtad para con su provincia, a través del cumplimiento efectivo de su rol en el ámbito de las instituciones de gobierno, en los ámbitos donde exista vinculación con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza”.
La denuncia contra María Grasso
En el mismo trámite judicial el IDVU también presentó una denuncia contra María Grasso, hermana del intendente, y quien fuera titular del organismo entre 2019 y 2023, sucediendo en el cargo a su hermano. Al igual que el actual intendente, se argumenta que entregó lotes sin la exigencia de cumplir a los beneficiarios los requisitos establecidos en la normativa vigente.
“Cabe aclarar, que, de la documentación pública disponible en el IDUV, que ponemos a disposición de la justicia, la asignación discrecional que la Lic. GRASSO hizo de esos bienes del Estado Provincial, son de importante valor inmobiliario por la zona que ocupa en la zona de la ría de Río Gallegos, y residenciales con importantes circundantes, edificaciones ninguno de los beneficiarios cumplió con los procedimientos básicos para acceder a los mismos”, detallan los denunciantes.
En este caso los lotes entregados fueron: fracción 2E lote 27, 2E lote 24, fracción 2A lote 17, fracción 2E lote 17, fracción 2E lote 25, fracción 2E lote 28, fracción 2E lote 30, fracción 2E lote 21, fracción 2E lote 15, fracción 2E lote 29. Todas las actas fueron firmadas por María Grasso, en el caso de los dos primeros lotes fueron entregados en diciembre de 2019 a días de haber asumido, cinco fueron entregados en enero de 2021, dos en noviembre de 2023 y el último terreno lo entregó el 9 de diciembre del 2023, su último día de gestión.
EN ambos casos se considera que tanto Pablo como María Grasso habrían incurrido en los delitos 248 y 174 inciso 5 del Código Penal.-