El 22 de agosto de 2024, la Legislatura Provincial aprobó un proyecto de ley presentado por el diputado Pedro Muñoz, que proponía modificar el artículo 75 del Código Procesal Penal. Esta reforma permitiría a los ciudadanos y denunciantes constituirse como parte querellante en causas relacionadas con corrupción y delitos ambientales.

La iniciativa representaba un avance significativo en nuestro contexto provincial, donde el secretismo con el que opera el Poder Judicial genera dudas sobre el destino de las denuncias de corrupción que se hacen públicas, consolidando una percepción de opacidad en la administración de justicia. La nueva ley buscaba aportar transparencia, fomentar la participación ciudadana y fortalecer el control social, tanto sobre la gestión del gobierno como sobre el sistema judicial.

En los últimos años, diversas denuncias de corrupción han surgido desde sectores ciudadanos, políticos y gremiales, pero la mayoría carece de resultados conocidos o de participación de los denunciantes en los procesos.

Casos como el “Vacunatorio VIP” en Santa Cruz o las acusaciones de presunta administración fraudulenta en el IDUV, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, han profundizado la percepción de impunidad y la desconfianza en el sistema judicial.

Sin embargo, el proyecto fue vetado por el Gobernador Provincial mediante el Decreto 993/24. En su fundamentación, el Ejecutivo argumentó “deficiencias técnicas legislativas”, señalando la falta de definición sobre la cantidad de posibles querellantes, lo que podría generar conflictos procesales. Además, advirtió que la norma podría ser objeto de abuso político, afectando el interés general.

Si bien estos argumentos pueden ser atendibles en abstracto, lo cierto es que la reforma ofrecía una herramienta valiosa para fomentar la transparencia y credibilidad del sistema judicial. Permitía un mayor control ciudadano sobre las causas de corrupción y las problemáticas ambientales, reducía la discrecionalidad judicial y, a largo plazo, podría mitigar la percepción de impunidad que impera en la provincia.

La desconfianza hacia el sistema de justicia, alimentada por la ausencia de resultados concretos en las causas por corrupción, refuerza la idea de una subordinación de jueces y fiscales al poder político, afectando su independencia e imparcialidad. En este contexto, la habilitación de la participación ciudadana, aunque pueda conllevar desafíos como los mencionados en el veto, constituye una oportunidad para reconstruir la confianza institucional.

El lunes pasado, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia decidió por unanimidad insistir en el proyecto de ley, rechazando el veto del Poder Ejecutivo. La decisión ahora recae nuevamente en la Cámara de Diputados, que deberá optar entre insistir en el proyecto o aceptar el veto gubernamental. Para su insistencia, se requerirán los dos tercios de los votos.

En un sistema democrático, promover la transparencia y garantizar la participación ciudadana no solo fortalece las instituciones, sino que también siembra las bases para la realización de los derechos humanos.

* Abogado, ex vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas.