SANTA CRUZ.- Así lo hizo saber esta mañana. Ayer el cura Juan Carlos Molina expresó sus críticas al procedimiento policial señalando que se vulneraron derechos de los chicos alojados en la institución. En diciembre del año pasado la Fundación quedó involucrada en una denuncia por estafas a través de plataformas de juegos que motivó una actuación judicial y requerimientos de parte de la AFIP y del Consejo de Educación del gobierno de Alicia Kirchner.
El Gobierno de Santa Cruz informó que el procedimiento realizado en la sede de la Fundación Valdocco en Cañadón Seco que "en cumplimiento de una medida judicial ordenada por el Juzgado de Familia de Caleta Olivia, a cargo de la doctora Rosa Elena González.
En el operativo participaron organismos provinciales como el Ministerio Pupilar N°1, el Ministerio Público Fiscal N°1, la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 26.061, la Ley Provincial 3.062, la Convención de los Derechos del Niño, y los principios que rigen el Derecho de Familia.
Dado que la causa judicial sigue en proceso de investigación y se vincula con los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno Provincial asegura la confidencialidad y protección de la información involucrada en el caso.
Qué dijeron desde la Fundación Valdocco.
La Fundación Valdocco denunció que la intervención de la policía en la sede de Cañadón Seco fue "una violación de Derechos de Niños y Adolescentes en Hogar de Santa Cruz".
La entidad que fue fundada hace 25 años por el cura Juan Carlos Molina actualmente cuenta con cinco casas en todo el país, una en Cañadón Seco y otra en El Calafate.
A través de un comunicado adelantó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, en una carta que detalla el accionar de las autoridades provinciales.
El cura Juan Carlos Molina, comentó que un día antes del procedimiento judicial en Cañadón Seco, el Consejo de Educación había requerido a los encargados de la sede de la fundación un listado completo de los niños que concurren a la institución, solicitando además datos filiatorios de los mismos.
Molina dijo que hay un sesgo persecutorio del gobierno en contra de la Fundación, y que esta circunstancia podría obligarlos a cerrar la institución.
En diciembre del año pasado la Fundación quedó involucrada en una denuncia por estafas a través de plataformas de juegos que motivó una actuación judicial y requerimientos de parte de la AFIP y del Consejo de Educación del gobierno de Alicia Kirchner.
"Como Fundación no nos hemos negado ni nos negaremos a entregar la documentación que nos solicitan de desde AFIP, de los organismos del Estado competentes y de la fiscalías que investigan el fraude, lavado de dinero, etc. Estamos colaborando con la justicia para aclarar estos hechos", aclaró públicamente la fundación.
Rechazó que la entidad esté involucrada en los hechos delictivos que motivaron la intervención de la justicia, y del Consejo de Educación, y recalcó: "iniciaremos, como lo solicitan desde Educación los sumarios correspondientes y en caso de ser necesario las suspensiones preventivas o apartamiento de los cargos", indicó.
