La capital de Santa Cruz no solo es el centro político-administrativo de la región, sino también su núcleo urbano más importante, con una población de más de 115.000 habitantes según el censo de 2022. Su relevancia no se limita a la población, ya que el municipio que encabeza Pablo Grasso también lidera el ranking de recaudación, tanto por ingresos tributarios como por los fondos que recibe en concepto de coparticipación provincial.

A pesar de esto, el municipio ha venido incumpliendo sistemáticamente con una de sus obligaciones más esenciales: el depósito a los organismos correspondientes,  de los aportes jubilatorios y de obra social retenidos de los salarios de sus empleados.

Según cifras difundidas por el gobierno provincial, en septiembre de 2024, el municipio recibió $4.540.158.206,69 en coparticipación, sumando un acumulado de casi 38 mil millones de pesos en lo que va del año. Sin embargo, las deudas de la comuna con la Caja de Previsión y la Caja de Servicios Sociales, organismos encargados de los jubilados y del sistema de salud, han crecido de manera alarmante, arrastrando una deuda histórica que, según el gobernador Claudio Vidal, asciende a 17.400 millones de pesos.

Retención indebida de haberes

El problema no es nuevo, es una acción que los intendentes vienen ejecutando en las últimas tres décadas. Pero lo que resulta sorprendente es la naturalidad con la que los funcionarios municipales han admitido la situación.

Gonzalo Chute, secretario legal del municipio, reconoció públicamente que no se han depositado los aportes retenidos, justificando el incumplimiento por una presunta deuda cruzada entre la comuna y la provincia. Según Chute, la provincia le debe al municipio 20.000 millones de pesos por conceptos no especificados, por lo que desde la gestión de Grasso proponen una compensación de deudas como solución.

Las cosas por su nombre, donde dice "déficit" debe leerse "desfinanciamiento"

Este tipo de confesiones públicas ponen en evidencia la gravedad de la situación, pero también dejan al descubierto la inacción de la justicia. Los funcionarios municipales admiten, sin titubear, que están cometiendo un delito. Retener aportes de los sueldos y no depositarlos es una violación clara de los derechos de los trabajadores y un atentado contra el sistema previsional y de salud, ambos ya golpeados por la falta de recursos. Aún así, la respuesta judicial brilla por su ausencia.

¿Por qué la justicia no interviene? ¿Por qué no se actúa ante la evidente comisión de un delito que afecta no solo a los trabajadores municipales sino que impacta en el universo de los 70 mil estatales municipales y provinciales beneficiarios de la caja de Previsión y de la Caja de Servicios Sociales.

Mientras los funcionarios municipales y provinciales cruzan acusaciones, las cajas del sistema de seguridad social continúan en una espiral de desfinanciamiento que compromete seriamente su funcionalidad actual y su viabilidad a futuro. Lo más alarmante es que esta situación es de conocimiento público, pero nadie parece estar dispuesto a tomar cartas en el asunto.

El gobernador Vidal fue enfático al señalar lo que llamó "la doble vara" con que actúa la justicia provincial. Dijo que los jueces,  "sacan distintos amparos diciendo que el Estado provincial tiene que cubrir de forma urgente tal necesidad”,  pero cuestionó que,  "no usan  la misma vara para reclamar a los municipios que tienen deudas millonarias", sin consecuencias legales para los funcionarios responsables de esta falta. 

El daño ya está hecho. El desfinanciamiento del sistema previsional y de la obra social es evidente, y los responsables, tanto municipales como provinciales, siguen ocupando cargos sin asumir la más mínima responsabilidad por la crisis. Pero lo más preocupante es la pasividad de una justicia que, ante la confesión pública de un delito, parece elegir mirar hacia otro lado. 

El delito no es solo consciente, es consentido. Y lo que está en juego no es solo el presente de los empleados estatales, sino el futuro de un sistema que depende de aportes que, según la ley, no pueden ser retenidos sin consecuencias.