BUENOS AIRES/LA NACION.- En su conferencia de prensa de este martes, el vocero Manuel Adorni confirmó que el presidente Javier Milei despidió al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, en medio de una causa que lo investiga por presunto “pedido de coimas”.

“En donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión siempre va a hacer a un lado al responsable, no porque sea efectivamente responsable, sino porque quiere que todo se lleve con transparencia. Mientras se aclaren los hechos, Milei tomó la decisión de despedir al interventor”, aclaró el portavoz, que también adelantó que en las próximas horas habrá “alguna novedad” acerca de cómo sigue adelante la administración de los yacimientos.

El ahora exfuncionario de 42 años había sido designado por el mismo Presidente en febrero de este año para estar al frente del complejo que comprende la mina subterránea, una planta depuradora, la Central Termoeléctrica Río Turbio, el ramal ferroportuario y el puerto en Punta Loyola.

La denuncia surgió de parte del gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, tras un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited que habría terminado con una operación de compra de carbón que podría haber generado ingresos para el Estado nacional y la provincia patagónica.

Según una publicación del diario Clarín, la empresa con sede central en Dubái según su página web y supuestos capitales israelíes tenía muy avanzada la compra de carbón de baja calidad a la minera, unas 30.000 toneladas a un precio de US$2,1 millones. Esta operación se habría frustrado cuando dos brokers, Andrés Gross y Alejandro Salemme, exigieron una “comisión” para acelerar la operación.

Por su parte, los intermediarios reconocieron las gestiones, aunque negaron haber cometido delito. “Soy un cuatro de copas que quiso que no lo puentearan”, recalcó Gross a Clarín. Desde la embajada de Israel en Buenos Aires, en tanto, afirmaron a LA NACION que desconocían el caso y expresaron desde su departamento comercial que “no les consta” que la empresa sea israelí.

Por su parte, desde YCRT -empresa que aparece dentro de la ley Bases como de las potenciales a ser privatizada- afirmaron que se rechazó la oferta de Tegi “por no cumplir con valor, condiciones de pago y otras contractuales como daños liquidados, competencia en caso de controversias, costos y gastos, penalidades, condiciones de transporte y determinación de cantidades”.

Y en referencia a un audio de una reunión privada que tiene como protagonistas a los dos brokers, expresaron que “ninguno de los protagonistas de ese encuentro tiene vínculo ni contrato” con la minera estatal. En la grabación, los intermediarios se presentan como vinculados a la minera, no a Tegi. Por otro lado, desde YCRT plantearon dudas por la difusión de esas conversaciones, “que tienen una clara intención de entorpecer el proceso de venta de carbón que continúa abierto”, pero sin dar nombres ni señalar a los culpables de esa presunta maniobra.

En tanto, el gobierno de Santa Cruz afirmó en un comunicado que la producción de carbón se “está recuperando”, y pidió al Gobierno que “actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas”.

Cuando faltaban menos de diez días para finalizar la gestión, la administración del entonces presidente Alberto Fernández publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial en el cual ampliaba las partidas presupuestarias para distintas empresas públicas, entre ellas YCRT, con un incremento de 8000 millones de pesos.