SANTA CRUZ - La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un comunicado en el que critica duramente al Consejo Provincial de Educación (CPE) por mantener políticas que, según ellos, perjudican a los docentes y comprometen la calidad educativa en la provincia. El comunicado, firmado por los vocales electos Pedro Cormack (Escuelas Públicas) y Gloria Robles (Escuelas Privadas), señala que la actual gestión sigue las mismas prácticas que han afectado al sector durante las últimas tres décadas, destacando la falta de diálogo y la deficiente gestión de la infraestructura escolar como puntos críticos.
En el comunicado, los vocales de ADOSAC también denuncian la violación del Estatuto Docente por parte del CPE, lo que ha generado reducciones salariales injustificadas y precarización laboral para los educadores. La asociación, a través de sus representantes electos, exige un cambio de enfoque y soluciones concretas para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales de los docentes en Santa Cruz.
Comunicado completo de ADOSAC:
Lamentablemente, existe un hilo conductor entre los últimos 30 años de Kirchnerismo y la gestión actual que es el ataque y ninguneo a los docentes en particular y a la Educación en general. Vacían de espíritu democrático aquellas instancias de construcción de diálogo y acuerdos: no se convocan a sesiones, ni a reuniones de comisión Carrera Docente, perdiendo la caracterización de un cuerpo colegiado. Asimismo, no arriban a definiciones imprescindibles para la dinámica educativa y que obturan la posibilidad de solucionar problemáticas muy sensibles para los docentes.
Quienes integramos las vocalías dentro del CPE estamos padeciendo la falta de respuestas que dejan al descubierto su falta de interés por saldar deudas históricas con la Educación de los santacruceños, como lo es el de la infraestructura escolar. Han pasado 8 meses y persiste la suspensión de clases por falta de calefacción, falta de agua, insumos, etc. A esto se suma la inacción ante la gravedad de situaciones laborales de docentes que no se terminan de resolver, en donde el perjuicio es brutal para los mismos. Los cargos políticos parecieran sin demasiado compromiso con el sector docente, desconociendo los derechos que le asisten a quienes necesitan una respuesta urgente.
El Consejo Provincial de Educación (CPE) está violando el Estatuto Docente al negarse, de manera totalmente ilegal, a aplicar el artículo 6, inciso "d". Este artículo establece que cuando un docente es declarado con tareas pasivas definitivas y tiene una antigüedad docente de diez años o más, debe pasar a cumplir tareas administrativas sin sufrir una merma en su salario. Específicamente, el artículo dice "sin merma en la retribución", sin hacer distinciones entre cargos titulares, suplentes o interinos, y esta situación se mantiene hasta la jubilación o hasta que recupere la capacidad para realizar sus funciones docentes. Esta medida se debe a que, al quedar en tareas pasivas, el docente ve congelada su carrera profesional: no puede ascender ni tomar otro curso o cargo.
Con estas medidas, el CPE mantiene una política de ataque a los derechos laborales consagrados en la letra de la ley, y que al no respetarse, perjudican directamente a los docentes. Un ejemplo es cuando por enfermedades profesionales o inculpables —cabe aclarar que son reconocidas mediante Junta Médica— algunos docentes se ven obligados a reducir su salario a la mitad si tienen doble cargo, al dejar de percibir el salario correspondiente al cargo suplente o interino. Como si esto fuera poco, existen casos de docentes con cargos jerárquicos y con Tareas Pasivas Definitivas a quienes se les ha quitado unilateralmente la dedicación exclusiva, agravando aún más su situación personal y vulnerando derechos adquiridos desde la paritaria docente y con fuerza de ley. Esta actitud refleja un profundo desprecio hacia la labor docente, castigando a quienes, después de años de servicio dedicados a la educación, ven repercutidos negativamente sus haberes jubilatorios futuros y son condenados a la pobreza tras sacrificar su salud en el trabajo.
El CPE parece olvidar la premisa constitucional que establece al trabajador como sujeto de preferente tutela legal y garantiza la estabilidad en el empleo público. Al desatender estas normas, se vulneran derechos fundamentales, exponiendo a la docencia a la precariedad y a la inseguridad económica en uno de los momentos más delicados de sus vidas.
El apego a las normas y el sentido de humanidad deben ser los motores de una gestión que, para lograr ser diferente de la anterior, debe abandonar de una vez y para siempre los vicios de las mismas prácticas de atropello y apriete que la antecedieron. Si todavía el problema es solo del pasado y seguimos en una transición eterna, es hora de decir basta. La comunidad educativa necesita ser atendida a través de sus más legítimos representantes, y las soluciones partirán de empatizar y asumir una relación de fraternidad con sus protagonistas, y no de la demagogia de simples fotos y discursos vacíos.
Pedro Cormack
Vocal Escuelas Públicas
Gloria Robles
Vocal Escuelas Privadas