Casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales en Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, entre otros indicadores claves para la transparencia sobre el funcionamiento de este poder del Estado. Sólo 3 de los 24 distritos respondieron el pedido de acceso a la información con datos casi completos ,San Luis, Córdoba y Santa Cruz.
Así se desprende de una nueva investigación de Ruido y de Poder Ciudadano realizada en cada una de las 23 provincias argentinas, más la ciudad de Buenos Aires, con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad.
La consecuencia del ocultamiento de información salta a la vista en forma de historias derivadas de la falta de control: diputados que cobran doble salario, que reciben 130 pasajes aéreos por mes, que usan autos de lujo incautados por la Justicia o que retiran millones en gastos protocolares sin rendir cuentas, sin mencionar las incorporaciones masivas o las denuncias por gente que cobra sin haber pisado nunca una legislatura.
Estos son sólo algunos de los casos detectados. Además, sólo en 11 de los 24 distritos nacionales se pudo relevar el dato de asesores por legislador. Tampoco fue posible determinar si existe presupuesto por bloque en 19 casos.
En la mitad de los recintos (12) no hay registro de asistencia de personal o bien faltan datos suficientes para saber si existe.
En 5 de los 24 hay gastos reservados, pero en 13 no se entregó ninguna información como para detectar si los mismos existen o no.
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La investigación comenzó en febrero de 2024, con la presentación de pedidos de acceso a la información en cada lugar (fueron 30 en total), en los que se requería a cada Legislatura local datos sobre cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados, entre 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos en estas áreas
En los casos en que no hubo información oficial, el contenido se produjo con base en los datos disponibles, declaraciones periodísticas, boletines oficiales y otros documentos que permitieron reconstruir un panorama aproximado, aunque seguramente lejos de la foto completa.
De todas maneras, los resultados obtenidos permiten trazar un panorama sobre el nivel de transparencia que impera en las provincias argentinas, que plantea la necesidad de reforzar aspectos de un poder clave del Estado para la calidad ciudadana y democrática.
Secretismo. Sólo 3 de los 24 distritos respondieron el pedido de acceso a la información con datos casi completos (San Luis, Córdoba y Santa Cruz). Los otros 21 o no lo respondieron (15 provincias: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago y Tucumán) o lo hicieron de manera parcial (en 6 casos: CABA, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego).
Personal. Las plantas de empleados van desde pocos cientos hasta 3103 (Catamarca). Le siguen Chaco (2300), provincia de Buenos Aires (1850) y Formosa (1802).
Salarios. Si bien se solicitó la información sobre salarios percibidos a noviembre 2023 (ya que se analizó la constitución de las legislaturas 2019-2023), los datos obtenidos varían entre lo percibido en mayo 2023 y mayo 2024, por lo que resulta muy difícil poder comparar los niveles salariales a una misma fecha.
Hay casos curiosos como el de San Luis, en donde los legisladores reciben cada mes un extra (denominado “módulos)” equivalente a un salario bruto. Deben ser rendidos, pero no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de $1.400.000 de salario, otro 1,4 millón por aquel concepto.
Algo similar ocurre en Entre Ríos donde cada legislador, además de la dieta mensual, recibe un monto indeterminado de módulos para contratos. A lo cual se suman empleados de planta que se les asignan, y también, personal adscripto.
Asesores: Sólo en 11 de los 24 distritos se pudo relevar ese dato (que va de 2 hasta 10 asesores por legislador, como en Tierra del Fuego o Formosa). En las otras 13 provincias no se puede determinar este dato.
En casi todos los casos investigados pueden existir otras contrataciones -en infinitas modalidades- a cuyos registros no se puede acceder.
En Tierra del Fuego, por ejemplo, la presidenta del Cuerpo puede designar hasta 68 asesores, además de los 10 que nombra cada legislador. En esa misma provincia, la planta política es más grande que la planta permanente.
Prespuesto por bloque. No fue posible determinarlo en 19 de los 24 distritos. Sólo en 5 casos se pudo comprobar que no existe presupuesto extra por bloque.
Registro de Asistencia del personal: En la mitad de las provincias (12) no existe o no hay datos suficientes para chequearlo. Y en las otras 12 existen sistemas por huella dactilar, biométrico o por planilla, pero no se pudo comprobar que los mismos se utilicen o bien en todos los espacios, o bien para toda la planta de personal.
Gastos reservados: En 10 provincias ya no existen, pero en el resto o bien aún se mantienen (en 5 casos) o bien no existen datos para saberlo y/o determinar esos montos (9 provincias).
En Santa Cruz hay $ 32 millones en "gastos protocolares" (antes llamados "Gastos reservados") sin rendir en 2023, de los cuales $ 8 millones fueron retirados en julio, cuando la Legislatura estaba en receso por vacaciones de invierno. La nueva gestión denunció el caso a la Justicia.
