SANTA CRUZ.- El gremio habla de crisis institucional en el máximo órgano judicial de la provincia, que en su totalidad está compuesto por jueces designados por kirchnerismo en los últimos treinta años.

El gremio de trabajadores del Poder Judicial realizó una grave denuncia contra el Tribunal Superior a quien acusa de proteger a jueces y funcionarios que están denunciados por violencia laboral, malversación de fondos, y en otro caso por grabar conversaciones telefónicas de los empleados.

"Como ya había adelantado judiciales durante el año 2023, la crisis institucional en el Poder Judicial se vuelve cada vez más evidente y preocupante", afirman los trabajadores que se desempeñan en los diferentes estamentos de la justicia provincial.

Sumarios, malversación y espionaje

Señalan que "a las denuncias de violencia por parte de jueces y funcionarios, se añaden sumarios por mala praxis judicial (7) a una defensora de Río Gallegos que continúa con este tipo de prácticas, que a pesar de los reclamos gremiales el Tribunal Superior de Justicia continúa protegiendo con total impunidad", afirman.

Otro caso adquiere ribetes de espionaje, y apuntan contra la Secretaria del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, quien "impunemente graba a los trabajadores sin autorización y lo reconoce en un escrito de su propio puño y letra, que lo presenta como prueba, y que constituye una violación al derecho a la intimidad, es decir, un delito", remarcan los empleados de la justicia.

La denuncia incluye también a la jueza de Familia, Rosa González, "ya había sido denunciada por tener una causa de malversación de fondos mientras prestaba servicios en la función pública y aun así con estos antecedentes fue designada juez, siendo su secretaría la ejecutora de este último hecho", mencionan.

Consignan asimismo que continúan produciéndose, "traslados ilegales de los trabajadores que se oponen a prácticas por parte del propio Tribunal, el cual debió dar marcha atrás ante la intervención del gremio, lo que dejó en evidencia la ilegalidad y arbitrariedad en la que incurren cuando pretenden proteger corporativamente a los jueces y funcionarios amigos", sostienen.

Otro aspecto del documento que dio a conocer el gremio tiene que ver con la relación laboral y de funcionamiento del Poder Judicial.

"Mientras tanto, no solo continúan negándose a realizar las inspecciones de cámara a los juzgados como se ha requerido desde el sindicato, sino a entregar los informes de las inspecciones que se realizaron en 2021", apuntan.

Reiteran el pedido para que cesen los " ingresos de personal de manera irregular, y se llame en forma urgente a nuevo concurso amplio, democrático e inclusivo y se repare a quienes habiendo rendido examen han sido vulnerados negándoseles el ingreso cuando cumplieron los requisitos".

Por último destacan que "mientras continuemos observando cómo se violan los derechos, se burla a quienes rinden exámenes y se violenta a los trabajadores, este sindicato informará a la ciudadanía cada irregularidad".