SANTA CRUZ.- El tema fue tratado en reunión de directorio donde el representantes del Ejecutivo afirmó que se encuentran trabajando para dar de alta a los trabajadores que hoy no tienen los servicios de la obra social. Según la CSS el municipio de Río Gallegos es el que más dinero le adeuda a la obra social, por un monto superior a los 14 mil millones de pesos.

Una de las consecuencias directas de la decisión de intendentes y del gobierno provincial de no hacer efectivo los aportes a la Caja de Servicios Sociales de los agentes municipales, es la falta de cobertura de salud de los trabajadores y su grupo familiar ya que no son dados de alta en el sistema por este motivo que es ajeno a la voluntad de los afiliados a quienes sin embargo se les descuenta el aporte de ley.

Según un informe de octubre de 2022 realizado por los vocales, Hugo Jerez y Beatriz Constantino la deuda de los municipios con la obra social por aportes no realizados ascendía en aquel momento a $8 mil millones a valores históricos. 

Ayer en medio del cruce entre los concejales de Río Gallegos quienes pidieron la renuncia del presidente del directorio de la CSS, Sergio Pérez Soruco, el funcionario ventiló la cifra adeudada por el municipio de la capital provincial.

Pérez Soruco afirmó que a la fecha la intendencia que conduce Pablo Grasso le adeuda a la Caja de Servicios Sociales la suma de $ 14.078.320.079,77, "deuda histórica de años sin aportar nada a la caja”, precisó.

Dijo que a pesar de esta "retención indebida" de fondos, "Es importante que la comunidad conozca la verdad. Nuestra CSS garantiza el acceso a la salud con prestaciones de calidad a sus beneficiarios", respondió a través de un comunicado.

Y envió un mensaje a los concejales: "llama poderosamente la atención que los concejales no exijan la deuda municipal que subrayó el funcionario.

Una deuda histórica y sus responsables

La deuda de aportes de los municipios con las cajas de Servicios Sociales y de Previsión social, se gestó a mediados de los noventa con Néstor Kirchner en la gobernación, como consecuencia del manejo centralizado del gobierno provincial que asistía con fondos a los intendentes para que puedan afrontar el pago de salarios.

Estas remesas no incluían las sumas correspondientes a los aportes de ley que el Ejecutivo registraba como deuda por cuenta y cargo de las intendencias.

Recién en marzo de 2022 la gobernadora, Alicia Kirchner, ensayó una suerte de reparación histórica anunciando un esquema de conciliación con las intendencias para "quedar en cero", según anunció en el discurso de apertura de sesiones legislativas de ese año.

El primero en estampar la firma fue el intendente, Pablo Grasso, que según se publicó conciliaba la suma de $2.500 millones. No obstante

"A partir de este esquema la Caja comenzó a dar de alta a los trabajadores que hasta ese momento no contaban con obra social, en una primera etapa se incorporó alrededor de 1400 agentes al sistema", comentó Hugo Jeréz a Winfo Santa Cruz.

Sin embargo la situación no avanzó, los acuerdos de conciliación entre los municipios y la provincia no prosiguieron y a la fecha, según estimaciones del voal Jeréz, "deben haber unos 1800 trabajadores que no están dados de alta en la obra social", por lo que están sin cobertura. "En la mayoría de los casos se atienden en los hospitales", afirmó Jeréz.