SANTA CRUZ.- La legisladora busca darle un marco legal definitivo al infructuoso intento del estado de retornar a la sociedad el patrimonio que los malos funcionarios acumularon como resultado de sus actos de corrupción pública. Escuelas, hospitales, casas de refugio para sectores vulnerables, o mujeres víctimas de violencia de género, son algunos de los destinos que podrían tener inmuebles, estancias, hoteles, campos, adquiridos con dinero público a través de hechos de corrupción.
Desde 2010 cuando desde la Oficina Anticorrupción creada una década antes por el gobierno del presidente De La Rúa, el estado argentino intenta recuperar bienes decomisados al crimen organizado para destinarlos al uso público. En aquellos años presidía el país, Cristina Fernández de Kirchner y los casos más resonantes de corrupción involucraban a Multinacionales como IBM o SKANSKA.
La Oficina Anticorrupción pedía a la justicia la inmovilización, a través de embargos preventivos, de fondos sospechados de provenir de hechos de corrupción de importantes personas jurídicas vinculadas con grandes hechos de corrupción, por un monto superior a los 116 millones de pesos, obteniendo preliminarmente resultados favorables. Pero no se lograba avanzar más allá por esta vía excepcional que dependía de una decisión judicial del juez que tramitaba los expedientes de causas de corrupción.
En 2019 el presidente Mauricio Macri dictó un decreto que permitió que algunos bienes de Lázaro Báez y Ricardo Jaime sean utilizados por las fuerzas de seguridad.
Pero estos antecedentes quedaron como hechos aislados a expensas de la voluntad de los gobiernos y de quién ejercía la oposición, ya que para hacer efectivo el espíritu de avanzar sobre las organizaciones delictivas y arrebatarles legalmente los bienes malhabidos hace falta una Ley del Congreso que no admita excepciones ni discrecionalidades.
Qué dice el proyecto de la diputada Roxana Reyes y otros legisladores
Pretende establecer un régimen que le permita a la justicia recuperar los bienes decomisados en causas de delitos como la corrupción, el narcotráfico o la trata de personas.
"Nuestra iniciativa busca que la justicia tenga herramientas más rápidas para recuperar los bienes que son producto del crimen organizado y pueda darles utilidad social. Queremos que de una manera ágil puedan destinarse a acciones públicas para toda la sociedad y así reparar parte del daño causado a las víctimas", dijo la legisladora.
El proyecto fue acompañado por los diputados Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Julio Cobos, Pamela Verasay, Mario Barletta, Natalia Sarapura, Francisco Monti, Danya Tavela, Lisandro Nieri, Melina Giorgi, Pedro Galimberti, Marcela Antola y Roberto Sánchez.
"Las mafias, la corrupción y el crimen organizado, que se llevan millones de pesos que son de todos los argentinos tienen que ser castigados y condenados, pero además tenemos que recuperar los bienes y el producto de esos delitos para devolverlos a la comunidad", remarcó Roxana Reyes.
La Ley de Reutilización de bienes decomisados le proporciona herramientas a la justicia para avanzar de manera rápida en el uso de los bienes que son producto de actos ilegales.
Roxana Reyes recalcó que es necesario avanzar con las reformas vitales para garantizar justicia: "Tenemos que dotar a la justicia de las herramientas que le permitan actuar y reparar el daño que estos crímenes le generan a la sociedad." y añadió: "Con este régimen damos un paso adelante para que además de la condena se pueda avanzar en recuperar esos bienes y ponerlos al servicio de la sociedad."
"El dinero y los bienes producto de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado tienen que ser recuperados de forma rápida", finalizó Reyes.