SANTA CRUZ.- El exfuncionario aun debe afrontar una nueva instancia en la causa que investigó corrupción en la obra pública, en la que ya fueron condenados Cristina Fernández y Lázaro Báez y en la que está imputado. Además deberá esperar la resolución de la justicia provincial sobre la denuncia penal que realizara el vicegobernador Fabián Leguizamón contra los miembros del Tribunal de Cuentas por no haber cumplido con sus obligaciones de contralor de las cuentas provinciales. Mientras tanto Ramos tramitará su jubilación ordinaria ante la Caja de Previsión Social.

Carlos Ramos presidía el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz desde 2011 cuando fue designado por el entonces gobernador, Daniel Peralta. Hoy se hizo pública su renuncia al cargo, una decisión que se da en medio de un proceso de juicio político impulsado por el vicegobernador, Fabián Leguizamón, quien además radicó una denuncia penal contra Ramos, y las vocales del Ejecutivo, Matilde Morales, y Romina Gaitán, por incumplimiento de sus obligaciones de controlar las cuentas públicas.

A partir de su renuncia, Ramos quedará exento del juicio político que ya se tramita en la legislatura, pero deberá esperar el resultado de la denuncia en su contra en el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos para conocer si quedará involucrado en una futura eventual causa.

Distinta es su suerte en la causa Vialidad que se tramita en la justicia federal donde está imputado en su rol de presidente del Tribunal de Cuentas.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal dejaron asentado en el dictamen de llamado de indagatoria que el Tribunal de Cuentas de la provincia, “contribuyó a la maniobra criminal investigada a través de la omisión sistemática y deliberada de ejercer sus deberes de fiscalización y control de legalidad sobre las obras viales direccionadas hacia el Grupo Báez, por la Administración General de Vialidad Provincial”.

Ramos es parte del tercer tramo de la causa Vialidad, que por el enorme volumen de imputados y material de prueba, fue dividida en tres capítulos. El tercero incluye un plantel de 36 exfuncionarios nacionales y de Santa Cruz –que incluye a exgobernadores y exministros– quienes en 2018 fueron convocados a indagatoria por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pero en su caso, aún no salió el llamado del juez de la causa.

A la par de este complejo panorama judicial, el expresidente del TC iniciará los trámites para acceder el beneficio de la jubilación ordinaria ante la Caja de Previsión de Santa Cruz.

Ramos ejerció la función pública en Santa Cruz al menos en los últimos veinte años, como Fiscal de Estado y luego al frente del Tribunal de Cuentas. La ley previsional de Santa Cruz exige treinta años de aportes y 52 años de edad para el otorgamiento del beneficio.

Las repercusiones en las esferas oficiales

Para el gobernador Vidal, la renuncia del ahora exvocal fue “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco”. Y amplió: “Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”. Más duro en sus términos fue el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien denunció a Ramos por no ejercer el control “que posibilitó el robo” al kirchnerismo y había iniciado el jury para la destitución del cargo.

“Ramos prefirió renunciar antes que ser sometido a un juicio político, utilizando los mecanismos y maniobras legales para esquivar la inminente destitución de su cargo. Esto genera impotencia ya que él, en complicidad con el kirchnerismo y el FPV, fue quien posibilitó el robo y los graves hechos de corrupción que perjudicaron a los santacruceños durante tantos años”, sostuvo hoy el radical Leguizamón, parte de la coalición gobernante junto a Vidal.

“La falta de control de los gastos públicos derivó en la falta de educación, de salud, de insumos, recursos, sueldos precarizados, entre otras tantas necesidades que padecemos los santacruceños al día de hoy. Ojalá la Justicia actúe en consecuencia, esté a la altura de las circunstancias y esto no quede impune”, afirmó Leguizamón, quien además calificó como “injusto” el hecho de que Ramos pretenda acogerse al beneficio de la jubilación.