SANTA CRUZ.- La Unión de Trabajadores acusa al titular del juzgado Federal de Río Gallegos, de maltrato laboral, uso particular del patrimonio del juzgado, violencia económica, y decisiones discrecionalidades sobre la planta de personal, además de destinar a otros fines los fondos de causas judiciales y del tribunal electoral, y del uso discrecional del vehículo oficial. La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y al Tribunal Electoral Permanente. Foto: asunción de Vázquez en 2021 junto a Alicia Kirchner.
Con la firma del secretario general, Julio Juan Piumato, y de Rocío Herrera, Secretaria de Protección Individual de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, denunció al juez Federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, por abuso de autoridad, violencia económica, y maltrato laboral cotidiano", contra empleados de la dependencia judicial a su cargo.
Maltrato laboral, amenazas de cambio de lugar de trabajo, desplazamiento de una delegada de la obra social hacia otra oficina, acusaciones contra el personal de supuesto "mal manejo de fondos", que en rigor habían sido autorizados por el mismo juez, y en un caso, la denuncia menciona que el juez Vázquez le comunicó a una secretaria que la trasladaría de su puesto de trabajo "para que no interfiera en una causa", en la que se investigaba a una expareja de la mujer.
Los denunciantes también cursaron nota al Tribunal Electoral Permanente, "En atención que en la misma se ventilan hechos que guardan relación con la administración de fondos que envía el Ministerio del Interior y el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz en periodos de elecciones y del personal sobre quienes ejerce Superintendencia la Cámara que preside, es que acompaño a la presente copia de la misma con el fin que tome conocimiento, y abordaje con las medidas que considere necesarias".
Según la denuncia el juez Vázquez lleva invertido fondos recibidos para gastos de la Secretaria Electoral en periodo de elecciones, "en la remodelación de su despacho pero nunca realizó una inversión para solucionar los problemas que posee el baño de la Secretaria Electoral que por su antigüedad de mas de 50 años brota aguas servidas", se lee en la presentación judicial del gremio.
Agregan que en el mes de junio 2022 comenzaron a acreditarse, en la cuenta corriente del juzgado, importes provenientes de causas judiciales "Para el mes de diciembre 2022 se contabilizaban un total de $497.700,00, a partir de
septiembre se comenzó a invertir esos fondos en diferentes elementos: estanterías para el archivo del juzgado, material de librería, etc., en diciembre se pagó el brindis de fin de año, para todos los empleados, con parte de ese dinero", afirma el texto de la denuncia.
También acusan al juez Vázquez de utilizar el vehículo oficial del juzgado y del chofer al uso personal del juez y su familia, como asimismo para la realización de viajes particulares fuera de la capital provincial.
"La camioneta ha sido usada para ir a El Calafate, El Chaltén y otras localidades del interior de la provincia en varios viajes, no oficiales, de placer de S.S. y familia imputando los gastos de combustible a las partidas de automotor", señala la denuncia.
Actualmente el vehículo se encuentra fuera de usos desde hace varios meses por avería de todo el sistema de embrague, el costo de reparación es, aproximadamente, de unos 2 millones de pesos.
Surge de igual modo de los testimonios, lo relacionado a los fondos
electorales, y con conocimiento que al momento de recibir -mediante transferencias- a la cuenta bancaria oficial del Juzgado Federal, de la que es principal responsable el juez, los fondos electorales provenientes de la Direccional Nacional Electoral dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y los fondo también para afrontar los gastos de las elecciones simultaneas
provenientes del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz que totalizaron una suma de más de 16 millones de pesos, 12 de ellos fueron invertidos en plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina, originando en meses una suma estimativa de más de dos millones y medio de pesos.
La denuncia incluye el episodio en la comisaría Tercera a fines de noviembre último, cuando el juez Vázquez junto a dos colaboradores sin identificarse ninguno de ellos pidió contactarse con un detenido en esa dependencia.
De acuerdo a la propia denuncia que formalizaron luego los agentes policiales
involucrados, Ramon de la Cruz Quipildor, Tania Noemi Neun, y Jonathan Fabian Ruiz, cuando el cabo a cargo solicita a los funcionarios judiciales que exhibieran las credenciales correspondientes, "El Sr. Vázquez y sus acompañantes (dos funcionarios del juzgado) se niegan a identificarse correctamente y comienzan a exigir el ingreso a los gritos y vociferando frases como, ´que parte no entendés que hay un juez federal acá,´", afirman que aseveró el juez.
Luego, cuando el comisario Quipildor, intervino en la escena, "a fin de tomar conocimiento y pedir que bajen el tono de voz, y continuaban sin querer identificarse, y el denunciado al saludar al comisario le aprieta la mano, lo lleva con fuerza hacia su persona y le golpea la espalda con su otra mano y ante el pedido de que dejara de realizar esa acción, el denunciado manifestaba que “ya se iban a enterar quién era él”, transcribe la denuncia.
En la presentación citan a una veintena de testigos, todos empleados del juzgado que cuenta con una planta de 42 empleados.
Entre otras pruebas la denuncia de Piumato y Herrera, presentan copia del extracto de movimiento de la cuenta del PJN en el Banco Nación; copia del extracto del movimiento de cuenta PJN de depósito en efectivo y de transferencia a la CSJN.