RÍO GALLEGOS.- En abril el concejal Pedro Muñoz denunció penalmente a Pablo Grasso por su gestión al frente del IDUV, entre 2015 y 2019 por "cartelización" y porque una de las empresas se encontraba en proceso de quiebra. La misma constructora volvió a ser contratada por Grasso esta vez para realizar obras municipales durante su vigente gestión. Cuando lo consultaron por la denuncia el intendente cargó contra la oposición y la prensa.

El concejal Pedro Muñoz radicó una denuncia penal contra tres expresidentes del IDUV, Roberto Andrino, Daniel Copertari, y Pablo Grasso, y a su hermana y actual presidenta del organismo, María Grasso, por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. Como ejemplo citó que entre 2016 y 2019 se licitaron 988 casas y solo se entregaron 224.

La denuncia, que estuvo precedida por sendos pedidos de acceso a la información pública, surge a partir de haberse detectado una serie de irregularidades en los procesos licitatorios, como asimismo en obras de viviendas que no se culminaron; las entregas inconclusas de planes de viviendas, los pagos anticipados a empresas adjudicatarias sin que previamente se hayan controlado los avances de obras; las demoras e incumplimientos de contratos, los tiempos de construcción injustificadamente extensos y por fuera del promedio regular, entre otros puntos.

Según la información recabada por el concejal, desde Diciembre de 2016 a Diciembre de 2019, se licitaron 988 Casas y solo se entregaron 224. «Si tomamos un valor histórico de $ 1.648.708,97 (base 2016), además de verse afectado el derecho de acceder a su primer vivienda por parte de muchos ciudadanos, el perjuicio económico sería de aproximadamente mil millones de pesos», asegura en su denuncia.

El concejal de la CC – ARI, presentó la denuncia penal en el Juzgado Penal N° 2 de Río Gallegos a cargo de José Antonio Chan, en contra de los expresidentes del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda: Pablo Grasso, Roberto Andrino, arq. Daniel Copertari y la actual presidenta del organismo, María Grasso, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia pide investigar numerosas obras adjudicadas a la empresa Carrizo Stella Maris / Empresa Strella Construcciones, «pese a encontrarse la misma en concurso preventivo de acreedores es decir; legalmente declarada en quiebra, beneficiando casualmente de este modo siempre a la misma empresa incumplidora”, dice la presentación judicial.

La misma empresa fue contratada luego para realizar obras municipales durante la gestión de Pablo Grasso.

A raíz de esta denuncia esta semana el intendente fue consultado por el sitio Infomedia 24, lo que provocó la reacción destemplada del jefe comunal quien relativizó la denuncia afirmando que la documentación sobre las obras cuestionadas había sido enviada al Concejo Deliberante, y cargó contra la oposición y la prensa acusándolos de "instalar estos temas". El concejal Muñoz negó que el Ejecutivo Municipal haya enviado esa documentación al Concejo como dijo Grasso.

Cabe recordar que en mayo de 2022 Muñoz había pedido informes al municipio de Río Gallegos preguntando porqué se continuaba adjudicando obras a Strella Construcciones empresa que en 2021 concentró obras por un monto de $1.300 millones, y según un edicto del 17 de diciembre de 2021, su responsable figura en concurso preventivo. El informe nunca fue respondido.

Más detalles sobre la denuncia que inquieta al intendente Grasso.

En su denuncia del mes de abril, Muñoz solicitó además que se investigue "la cartelización de la obra pública licitada por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (I.D.U.V.), porque entendemos que existen pruebas concretas que demuestran ciertos actos o maniobras fraudulentas que tienden a favorecer de manera evidente siempre a las mismas empresas que son las que se presentan recurrentemente en cada llamado y que ganan las licitaciones», se lee en la denuncia que Muñoz presentó con el patrocinio del doctor José Luis Janezak.

Muñoz señaló que en la denuncia “Adjuntamos todas las pruebas correspondientes y esperamos que la Justicia actúe a la altura de las circunstancias. En caso de comprobarse los delitos anteriormente mencionados podrían caber penas que abarcan desde la inhabilitación temporal o perpetua a funcionarios públicos, multas y/o hasta 6 años de prisión”, explicó el edil.

Asimismo solicitó formalmente que se efectúen de manera urgente allanamientos a las oficinas del IDUV y al Registro Único de Proveedores para proceder al secuestro los expedientes, legajos, actas de inspección, notas, como así también toda aquella documentación en soporte papel y/o digital de toda aquella evidencia que pudiera resultar útil para la causa que se investiga.

El autor de la denuncia, señaló que se adjudicaron obras «a empresas insolventes, así como la tercerización de obras mediante subcontratación de empresas satélites.

Se trata de la adjudicación de obras a Carrizo Stella Maris / Empresa Strella pese a encontrarse en proceso de quiebra desde hace más de un año, y a las firmas Mata Negra, Acri, Escarabajal, Efitec y Permaco, a cargo de obras por más de mil millones de pesos a valores históricos.

Muñoz también menciona que en el caso de la firma EFITEC SRL, figura como uno de sus socios propietarios Osvaldo Omar Domene, quien a su vez era apoderado de Strella Construcciones/ Carrizo Stella Maris.