SANTA CRUZ.- Los vocales argumentan que esta retención de los fondos que aportan los afiliados todos los meses, repercute en las prestaciones porque genera deudas de la obra social con prestadores con la consecuencia afectación y hasta en algunos casos, cortes de servicios. Denuncian discrecionalidad por parte del Ejecutivo.

Betty Constantino vocal por los jubilados, y Hugo Jerez representante de los activos,  enviaron una nota a la gobernadora, Alicia Kirchner, solicitándole "que efectúe las diligencias correspondientes, para que la obra social pueda contar con  los fondos que provienen  del ingreso total de aportes de los afiliados a la obra social", en referencia a que el Poder Ejecutivo centraliza la recaudación y luego demora la remisión de las partidas al destino correspondiente, en este caso la CSS.

A esta circunstancia se suma una deuda histórica de más de una década cuya cuantificación nunca esclareció el gobierno, de los municipios con la Caja de Servicios que en algunos casos comenzó a regularizarse cuando la Provincia en marzo de 2022 decidió un esquema de conciliación de deudas con la obra social y la Caja de Previsión Social.

Ya en diciembre de 2022 los vocales habían reclamado al gobierno y a los intendentes, la regularización a valores actualizados de la deuda total de los municipios con la obra social "conforme las obligaciones que revisten como agentes de retención y a la vez contribuyentes a la misma”, detallaron.

"Cada vez que se le descuenta a un afiliado en su recibo de sueldo, ese dinero no ingresa directamente a la obra social, sino que es enviado al gobierno provincial, el cual, discrecionalmente, luego reenvía estos recursos a la CSS", señalan los vocales.

Esto complica el cumplimiento de pagos a prestadores por parte de la obra social, afectando la prestación del servicio, como ocurre con las farmacias de Pico Truncado y Puerto Deseado, que directamente suspendieron el expendio de medicamentos a afiliados a la obra social estatal.

Por esta razón solicitan a la gobernadora, "el ingreso total de aportes de los afiliados a la obra social, según lo establece la Ley 3677 y sus decretos reglamentarios, lo cual no sucede desde hace años", argumentan.

Añaden que el dinero de la obra social el gobierno lo deposita a la CSS "hasta en cuatro fechas distintas en el mes", y que a esta demora se suma que en ocasiones descuenta a los municipios montos de la deuda histórica.

Argumentan que "disponer de los fondos que le corresponden  a la CSS como ente autárquico es fundamental para de este modo contar con los recursos necesarios que luego se vuelcan al pago de proveedores, y sobre todo, prestadores, como colegios médicos y farmacias", afirman.

Hugo Jerez remarcó que también pidieron a todos los candidatos para las próximas elecciones generales "que se comprometan con dictar una nueva ley de Coparticipación con los municipios, poniendo como primer punto el pago de aportes a las cajas de Previsión y de Servicios Sociales".