Ante el reclamo de padres por la falta de clases en las provincias.La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes respondió que no puede intervenir, porque su función es de control y seguimiento

EL CALAFATE.- Ante el reclamo de padres de alumnos de todo el país por los días de clases perdidos a raíz de conflictos gremiales, la defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes respondió que "es un organismo de control que no legisla ni ejecuta", por lo tanto no puede intervenir en las políticas educativas ni gestionar la normalización del dictado de clases. En Santa Cruz la ley de creación del organismo se votó en octubre del año pasado pero aun no se reglamentó.

El 22 de junio y ante el comienzo de un paro de docentes a nivel nacional, la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación , solicitaron a la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes (DNNyA), que intervenga a los fines de evitar que se vulnere el derecho a la Educación no solo por la huelga de maestros, sino también por, "las gravísimas irregularidades de los ciclos lectivos en algunas regiones del país, como Santa Cruz, Neuquén, Chubut, CABA, Salta, Misiones a modo ejemplificativo, detallaron en la nota.

Desde la organización escribieron que "hasta el momento, ninguno de todos los Defensores de cada jurisdicción de Argentina han actuado en defensa de nuestros hijos. No lo hizo la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, cuya función es la de intervenir en casos en que la violación de derechos y garantías alcancen impacto institucional –entre otras funciones-, tampoco lo hicieron frente a los pedidos de padres en diferentes jurisdicciones del país", expresaron.

Los Padres Organizados sostienen, "no estamos dispuestos a causar más daños a los chicos. Por eso le exigimos a Ud. su intervención frente al Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Educación) y a sus iguales en todas las provincias de Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se garantice el derecho de todo niño, niña y adolescente de recibir una educación plena, de acuerdo a su nivel de desarrollo", señalan.

Piden "frenar la discriminación que NNyA sufren en función de su edad al ser obligados a confinarse y educarse dentro del hogar, en un ejercicio abusivo del poder público", argumentan.

La respuesta a la nota llegó el 30 junio, firmada por la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Grahan.

La funcionaria reconoció la problemática y detalló las acciones realizadas ante gobiernos provinciales y los pronunciamientos que hizo ante la repitencia de los alumnos, o el ausentismo en pandemia.

No obstante aclara que la Defensoría, "es un organismo de control que no legisla ni ejecuta políticas educativas", por lo tanto no podía gestionar la solución del problema de la falta de clases

En otro pasaje de la respuesta se Marisa Grahan se refiere a la cantidad de días de clase que se estipula en el calendario escolar, "esta Defensoría da seguimiento especial a este tema", señala, y agrega, "vemos con preocupación el estancamiento en otros indicadores, tales como la tasa de repitencia en la escuela secundaria, y el ausentismo en la escuela primaria".

Explica que "desde el Pronunciamiento N° 1, en junio de 2020, exigimos que, desde el Estado nacional, así como desde los estados provinciales, garanticen el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que, además, la escuela es una vía de acceso a otros derechos"

Luego describe que "entre las principales acciones desplegadas por nuestra institución, hemos mantenido reuniones con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación de la Nación", y que en 21 provincias "nuestros equipos técnicos se reunieron con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Luego del detalle de estas acciones, responde que "la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo de control, que no ejecuta, no legisla, no dicta sentencia, sino que controla que los diferentes poderes y organismos cumplan su función y brega por la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes".

En Santa Cruz no hay vías posibles de reclamo.

La provincia administrada por Alicia Kirchner encabeza el ranking de días sin clases por conflictos con el gremio docente a raíz de los bajos salarios. En lo que va del año, ya hubo 59 días de paro esto es, dos de cada tres días los estudiantes no tuvieron clases.

¿La razón?, los maestros perciben sueldos cuyos montos están por debajo de la línea de la pobreza, hoy un salario testigo ronda los 150 mil pesos mientras que el costo de la canasta básica total que supera los 220 mil pesos.

¿Qué vías de reclamo al Estado tienen los padres para que se garantice el derecho a la Educación de sus hijos?, hoy es prácticamente nula.

Actualmente funciona en el área del Ministerio de Desarrollo la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende directamente del poder ejecutivo enfrentado con los docentes.

En octubre de 2022 los diputados votaron por unanimidad la creación de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero aun no se reglamentó la normativa que para funcionar, debe contar con estructura y presupuesto, y además, diseñar los concursos para designar al funcionario a cargo del organismo.

"Creemos que difícilmente a corto plazo el gobierno cumpla con la reglamentación de la Ley", respondió la diputada Nadia Ricci, a una consulta de Winfo Santa Cruz. Para la legisladora radical, la ley "no va a entrar en vigencia, excepto que el gobierno quiera acomodar a alguien muy rápidamente. Ésta gente siga haciendo ´como que ´".

No obstante la diputada destaca que la Defensoría "es un órgano muy importante, que quede claro que este es un organismo que vela por los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el control lo ejerce sobre los tres poderes del Estado, entonces tiene que ser un organismo totalmente autárquico independiente de la política partidaria. Nosotros participamos de la ley, pero la verdad es que estoy dudando más que nunca en que el gobierno la vaya a poner en vigencia", admitió la legisladora.