EL CALAFATE.- El espacio que lidera el diputado nacional Claudio Vidal, calificó de "lawfare" la acusación de femicidio contra referentes gremiales que en 2017 protestaban frente a la Residencia Oficial, "tiene razón Cristina cuando dice que en Argentina los jueces no son imparciales y que el “Lawfare" es una realidad a lo largo y ancho del país", ironizaron a través de un comunicado.
El Partido SER se sumó a la ola de rechazos que produjo el cambio de carátula de la causa por los disturbios en la Residencia Oficial en 2017 que luego de seis años de ser investigada como violación de domicilio, a instancias de la justicia y del gobierno ahora se vuelve a etapa de instrucción con la acusación de "intento de homicidio y femicidio".
"La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, suele repetir que en
Argentina los jueces no son imparciales y que el “Lawfare" es una realidad a lo largo y ancho
del país. En Santa Cruz, podemos dar fe de eso sin miedo a equivocamos", dice en uno de sus párrafos el documento.
El cambio de carátula de la causa en la que están procesados Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentin; Claudio, Wasquín y Gabriela Ance, sucedió la semana pasada luego de seis años de iniciada la investigación, y cuando la causa ya tenía elevación a juicio.
Argumentan que "la cuestión de fondo se relaciona con las adversidades, abusos y la falta de derechos laborales que sufren los maestros. Hace una década que el sistema educativo santacruceño enfrenta esta realidad sin que el Gobierno intente dar algún tipo de respuesta real y sustentable en el tiempo", cuestionan.
Remarcan que la labor de los docentes, "no solo consiste en transmitir conocimientos, sino también en formar ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno".
Desde el espacio de Claudio Vidal, exigen a las autoridades que aborden "de manera urgente y responsable el reclamo paritario docente, reconociendo el valioso rol que desempeñan en nuestra sociedad".
Añaden que "la Judicialización y criminalización de la protesta, lejos de fomentar el diálogo y la búsqueda de soluciones, genera temor y coarta la libertad de expresión de aquellos que se atreven a levantar su voz en las calles", sostienen.
Consideran que es más preocupante que, “jueces, fiscales y funcionarios judiciales manipulan
carátulas y fallos según los deseos del poder político de turno"., y que se utilice el sistema judicial "como instrumento de persecución política para controlar el descontento social".
Señalan que "es imperativo garantizar la imparcialidad y la transparencia en todos los procesos judiciales, evitando cualquier tipo de influencia indebida que socave la credibilidad del sistema judicial".
