SANTA CRUZ.- la Cámara en lo criminal hizo lugar al pedido de cambio de carátula de violación de domicilio por "tentativa de homicidio y tentativa de femicidio", de la causa que tiene procesados a cuatro estatales que en 2017 protestaron frente a la residencia oficial donde se encontraban la gobernadora Alicia Kirchner y Cristina Fernández. La nueva calificación fue solicitada por el fiscal subrogante, Federico Heinz con la adhesión del fiscal de Estado Fernando Tanarro. Ahora la causa que desde el año pasado ya tenía elevación a juicio volverá nuevamente a instancia de instrucción. El abogado de los acusados adelantó que rechazarán el cambio de carátula.
Luego que el presidente de la Cámara en lo criminal, doctor Joaquín Cabral, rechazara el pedido del fiscal subrogante Federico Heinz de cambio de carátula de la causa que investiga violación de domicilio por el de "tentativa de homicidio y tentativa de femicidio", y ante un pedido de reposición planteado por Heinz con la adhesión del fiscal de Estado, Fernando Tanarro, la Cámara aceptó hacer lugar al cambio de carátula por lo que el expediente vuelve nuevamente a etapa de instrucción donde se abordará el caso con perspectiva de género.
El abogado Enrique Papa que defiende a los imputados, calificó de "aberración jurídica" lo dispuesto por la justicia, y dijo que rechazarán la nueva calificación para lo cual corre el plazo de diez días. El letrado consideró que con el cambio de carátula podría producirse un "doble juzgamiento", y sostuvo que el pedido del gobierno es una cuestión política, "salvo que busquen la prisión preventiva de los acusados", afirmó.
Al primer pedido de cambio de carátula que hizo el fiscal Heinz, el juez Joaquín Cabral resolvió rechazarlo con el argumento de evitar defectos que impacten y afecten el proceso, "la calificación legal de la conducta imputada al ser provisoria puede ser discutida en la etapa de juicio oral con la producción de la prueba", sostuvo Cabral.
Y en cuanto el pedido de reposición el doctor Cabral argumentó: "El pedido del fiscal de cambiar la calificación legal de los imputados cuando la causa ingresó al tribunal oral para iniciar los trámites del juicio debate resulta totalmente anacrónico, extemporáneo y pernicioso para la seguridad jurídica, al pretender que vuelva a la justicia de instrucción para imputar el delito de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio ambos agravados por la concurrencia de dos o más personas, cuando ya fueron dictados los procesamientos respectivos, todos confirmados por el juez de recursos y elevados los actuados, previo requerimiento fiscal de elevación por -el hecho originalmente imputado que resulta ser el objeto del proceso", se lee en los fundamentos, con los cuales no hizo lugar a la pretensión de Heinz y Tanarro.
Tras esta instancia, el fiscal Heinz con la adhesión del fiscal de Estado Fernando Tanarro, insistió con un recurso de reposición, al que esta vez la Cámara en lo Criminal con el voto de Jorge Yance, y de María Alejandra Vila hizo lugar.
Yance cita frondosa jurisprudencia, desde fallos judiciales en la provincia de Chubut hasta casos nacionales, sin ahondar en argumentos propios que allanen la comprensión de su voto a favor, al que adhiere sin más la jueza Vila.
De este modo la causa que que ya se había tramitado en primera instancia y en Alzada y desde el año pasado ya tenía elevación a juicio volverá nuevamente a instancia de instrucción.
En la causa se encuentran procesados Diego Julián Barrionuevo, Juan Manuel Valentín, Claudio
Enrique Wasquin, y Gabriela Ance, quienes la noche del 21 de abril de 2017 reclamaban junto a decenas de estatales por el pago de sus salarios frente a la residencia oficial de la gobernadora, mientras se encontraban en su interior la gobernadora Alicia Kirchner y Cristina Kirchner junto a su nieta.
Luego de la protesta el gobierno una denuncia penal por “daños, atentado contra el orden constitucional y democrático, sedición y violación de domicilio” contra los manifestantes.
Entre otras pruebas un video en el que Cristina Fernández mostraba trozos de mampostería que habrían sido arrojados contra la residencia, con imágenes del interior donde se apreciaban muebles arrimados contra las puertas para protegerse de un eventual ingreso de manifestantes.
La denuncia fue presentada por la fiscal de Estado adjunta de la provincia, Andrea Askenazi Vera, identificada con la agrupación La Cámpora que lidera, Máximo Kirchner, quien sugirió además que habría existido vinculación entre los incidentes y la presencia de medios de prensa nacionales que cubrían la protesta.
Por su parte Cristina Fernández aseguró que los incidentes significaron «el lanzamiento de la campaña al mejor estilo de Durán Barba», cuya consigna es «cortar la cabeza de Alicia Kirchner y colgarla como un trofeo, como una suerte de mensaje para todos los gobernadores que no pertenecen a Cambiemos».
Desde el gremio Adosac que representa a los docentes, sostuvieron desde un primer momento que se trataba de una «causa armada y orquestada, por parte del Juzgado de Recursos», y que tenía como objetivo «disciplinar la protesta social». Cuando ocurrieron los hechos en el 2017, los estatales estaban sin aumento de salario y con sueldos atrasados y pagos segmentados.
En noviembre de 2020 la justicia procesó a cuatro manifestantes.