RIO GALLEGOS.- La Cámara Criminal Oral que lleva adelante la causa por violación de domicilio a la residencia oficial de los gobernadores rechazó por improcedente el pedido del fiscal subrogante Federico Heinz quien propuso cambiar la carátula por tentativa de femicidio.

Se trata de la causa en la cual se encuentran procesados cuatro dirigentes gremiales que en el 2017 reclamaban, junto a una multitud, el pago de salarios frente a la residencia mientras se encontraban en su interior la gobernadora Alicia Kirchner y Cristina Kirchner junto a su nieta.

El camarista Joaquín Cabral recomendó a Heinz estar ajustado al debido proceso "a los fines de evitar planteos de impugnación o nulidades que afectarían los intereses y derechos de las partes". Por su parte la Mesa Feminista Independiente repudió el accionar del fiscal Heinz sobre quien consideraron: "demuestra no saber nada de perspectiva de género, ni de femicidios, confunde los conceptos haciendo un razonamiento forzado y lineal", y piden la intervención de la Oficina de Género.

Los fundamentos del Fiscal.

El Fiscal subrogante Federico Heinz jura ante la presidenta del TSJ Paula Ludueña

A través de un escrito, el fiscal Heinz, solicitó días pasados que la causa en la que se tramitan los hechos ocurridos hace seis años en la residencia de la gobernación sea caratulada de "tentativa de femicidio" y sea abordada con la perspectiva de género. En la misma presentación tildó de "turba armada" a los manifestantes.

El fiscal Heinz argumentó que los manifestantes tenían intenciones premeditadas para atentar contra las mujeres que se encontraban dentro de la residencia: "un sector de los manifestantes no se congregó allí esa noche con el objeto de efectuar reclamos de índole laboral, sino que encontró la ocasión propicia, la exaltación de ánimos de una gran parte de los presentes, para perpetrar sus premeditadas y fatídicas intenciones, que no eran otras que ejecutar un plan tendiente a atentar contra las mujeres que se hallaban dentro".

Esta semana, el juez Joaquín Cabral rechazó el pedido del fiscal de cambiar la carátula por considerarla improcedente, y argumentó que en esta etapa no se puede cambiar la imputación formal de los procesados: "La calificación legal de la conducta imputada al ser provisoria puede ser discutida en la etapa de juicio oral con la producción de la prueba, lo que no puede, bajo ningún punto de vista, es alterar la imputación formal contenida en los actos de imposición, como es la indagatoria, el procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio; obrar en contrario implicaría alterar el principio de congruencia procesal y la inviolabilidad de la defensa en juicio".

Y de complemento, Cabral le hace una recomendación al fiscal: "estar ajustado al debido proceso a los fines de evitar planteos de impugnación o nulidades que afectarían los intereses y derechos de las partes".

La protesta

La noche de la protesta de estatales por el pago de salarios adeudados frente a la residencia, además de Alicia Kirchner, se encontraban cenando con ella la actual vicepresidenta Cristina Fernández y su nieta Helena, hija de Florencia Kirchner y una empleada de la residencia, según contó al día siguiente Cristina Kirchner a través de un video donde mostró como vivieron desde el interior de la casa la manifestación que llegaron a ingresar al jardín de la residencia. Tras los hechos la fiscalía de Estado inició una denuncia por «violación de domicilio», protesta de estatales frente a la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, en reclamo del pago de salarios adeudados.

Por los hechos quedaron procesados los dirigentes del gremio docente, Diego Barrionuevo, Claudio Wasquín y Juan Manuel Valentín, y la referente de ATE Gabriela Ance. Desde el gremio Adosac - al cual pertenencen los procesados- sostuvieron que era una «causa armada y orquestada, por parte del Juzgado de Recursos», y que tenía como objetivo "disciplinar la protesta social". Cuando ocurrieron los hechos en el 2017, los estatales estaban sin aumento de salario y con sueldos atrasados y pagos segmentados.

Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos

Desde el colectivo Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos cuestionaron el pedido de cambio de carátula a femicidio presentado pro el fiscal Heinz. En una declaración compartida a través de sus redes sociales consideraron: "El fiscal, independientemente de su aventura jurídica, demuestra no saber nada de perspectiva de género, ni de femicidios, confunde los conceptos haciendo un razonamiento forzado y lineal hombre/mujer, mujer/mujer, desconociendo la acepción del instituto violencia de género, haciendo un reduccionismo biologicista descontextualizado y falto de sentido, impropio además por carecer de elementos característicos de un hecho de este tipo".

Añade que "no puede prosperar en lo jurídico pero debe ser un alerta en pos de la vida libre de violencia de las mujeres que realmente son violentadas por el sistema, en especial por el judicial, que hace estos análisis en los que debiera intervenir la Oficina de Género (encargada de la capacitación judicial), para evitar que la falta de preparación en los funcionarios genere daño a las mismas mujeres que dice proteger y un retroceso peligroso en materia de derechos humanos" .

En otro pasaje el colectivo feminista sostiene: "Es por ello que, utilizar políticamente la figura del femicidio es un atentado a todas las mujeres, y por extensión a toda la sociedad, es quitarle importancia a una historicidad que conlleva muertes, es quitarle voz a las verdaderas víctimas, es burlarse del acto más atroz que pueda ejercerse sobre una persona, es ridiculizar el sometimiento de las miles de mujeres que aún no pueden salir del círculo de la violencia".

Consigna que "acusar aquí de intentar matar ya es un absurdo y un abuso del derecho y de la función además de una mentira contra con las personas criminalizadas por manifestarse pero, hacerlo además, bajo el precepto de cuando mediare violencia de género, es de una perversidad moral y una mala praxis profesional que merece el más enérgico repudio por el desconocimiento de la norma y la falta de criterio al esgrimir imputaciones sin el más mínimo conocimiento intrínseco de la figura legal y en perjuicio directo de los avances jurisprudenciales y normativos en materia de género".