BUENOS AIRES.- El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó al excomisario de la Policía Federal Roberto Álvarez a 10 años de prisión como autor de la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Edith Aixa Bona en 1980. Aixa, quien vivió en Río Gallegos y fue docente en la UNPA donde se desempeñó hasta su jubilación, identificó a su secuestrador hace tres años durante la transmisión de una audiencia en la que el Álvarez participaba como testigo en una causa por la desaparición de personas.
Más de cuatro décadas trascurrieron desde el día de su secuestro hasta que la docente pudo obtener justicia y oír la sentencia que condenó al hombre que la trasladó junto a otros represores en un auto sin identificar hasta un centro de detención en Campo de Mayo.
El Tribunal ordenó además que, cuando quede firme la sentencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación inicie el proceso de baja por exoneración del condenado y se suspenda el goce de retiro, pensión o jubilación que reciba. Además, solicitaron que se señalice la Delegación San Martín de la Policía Federal como lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad.
El juicio al excomisario comenzó el 19 de abril de este año, los jueces del
Tribunal fueron Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín, el fiscal general fue Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.
La pena otorgada coincidió con el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal, mientras que las querellas habían solicitado que el ex policía fuera condenado a 20 años de prisión por esos delitos.
En el video producido por la TV Pública, habla el abogado Rafael Flores quien cuenta detalles de cómo identificaron al represor Álvarez durante la transmisión del juicio. Aixa Bona por su parte dice: "A mi me secuestraron mientras estaba con mi hija de un año y medio. A mi hija la dejaron en la calle y una vecina la recogió y la llevó a su casa. Horas después la fue a buscar el Ejército", explica la docente. La beba luego fue entregada a la suegra de Aixa.
La historia del caso.
Bona y su pareja, Gervasio Martín Guadix, eran militantes de Montoneros y habían regresado del exilio en 1979 en el marco de la denominada “Contraofensiva” con el objetivo de realizar acciones de resistencia a la dictadura.
Bona fue secuestrada en marzo de 1980 en la Ciudad de Buenos Aires pocas horas después que Guadix quien continúa desaparecido. Fue llevada a un centro clandestino de detención de Campo de Mayo y luego a la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina, de la que Álvarez era el jefe. Permaneció cautiva en ese lugar durante una semana, tiempo en el que la mantuvieron encadenada a un catre y no le dieron de comer, hasta que fue legalizada y trasladada a la cárcel de Devoto.
Esta es la primera vez que Álvarez, oficial de inteligencia de la Policía Federal, fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. La causa se inició en agosto de 2020, cuando declaró como testigo durante el debate “Contraofensiva I”.
Bona fue docente de la UNPA hasta su jubilación. Oriunda de San Luis, Aixa desarrolló su carrera docente en Santa Cruz como profesora en la UNPA hasta su jubilación. Es cuñada del exdiputado Rafael Flores, quien además ejerció su defensa en el juicio por su detención durante la dictadura.
El 7 de agosto de 2020 el excomisario de la Policía Federal Roberto Álvarez declaraba como testigo y al ser interrogado por la fiscal Gabriela Sosti, sobre si había trasladado prisioneros que habían estado cautivos en Campo de Mayo, respondió: “No. Enviados por Campo de Mayo, no. En una oportunidad se encontró una persona que decía que había estado en Campo de Mayo. Una persona femenina. Yo estaba circulando con el auto no identificable y ella estaba caminando por la ruta, con signos de extravío”, contó el testigo ante los magistrados.
Luego, completó su testimonio: “La llevé a la delegación. Ella me dijo que debía haber estado en alguna dependencia de Campo de Mayo”.
En medio de la declaración del ex oficial de la Federal, Bona le avisó a su abogado que Álvarez era la persona que la llevó clandestinamente desde Campo de Mayo hasta la comisaría de San Martín.
“Mi representada, querellante en esta causa, ha seguido esta audiencia y manifiesta que reconoce en la figura del señor Álvarez como la persona que la fue a buscar a Campo de Mayo. Lo pongo en consideración del tribunal”, señaló ante el Tribual Rafael Flores, representante legal de la víctima, quien ya había declarado como testigo en una de las audiencias de este juico.
Bona manifestó ante el Tribunal que durante su trasladado desde Campo de Mayo a la comisaría que la Federal tenía en San Martín, Álvarez le sacó la capucha y dejó ver su rostro. Tras pasar de Campo de Mayo a la Comisaría de la Federal en San Martín, la docente quedó legalizada y condenada por un consejo de guerra estuvo en prisión hasta el final de la dictadura militar.
Los antecedentes del secuestrador ahora condenado.
Antes de asumir la jefatura de la Delegación San Martín de la Policía Federal en 1979, el condenado integró la Dirección General de Interior y la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, dos lugares centrales en la persecución y represión realizada por la fuerza de seguridad durante el terrorismo de Estado. Por su rol en esta estructura, se encuentra procesado y a la espera del juicio oral en la causa “Acindar”, sobre la represión ilegal en la ciudad santafecina de Villa Constitución en 1975.
Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas.
