SANTA CRUZ.- La vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas denunció que el gobierno provincial anuló algunos mecanismos de control a instancias de la nueva ley de Administración Financiera. Acusó a Alicia Kirchner, de "dejar cada vez menos operativo el Tribunal de Cuentas". Suprimieron una auditoría clave, y las observaciones legales.

Yanina Gribaudo, vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia denunció que el gobierno introdujo cambios en el funcionamiento del organismo con el fin de obstaculizar su función de encargado de controlar los actos administrativos en materia de manejo de dinero público por parte de los funcionarios del Estado.

La ley de Administración Financiera deroga y suplanta la normativa de la ley N° 760, se aprobó en la legislatura en julio de 2021 y fue promulgada ese mismo mes por la gobernadora, Alicia Kirchner, "otorgará una mejor eficacia en los procesos administrativos del Estado y, por ende, modernización del mismo", esgrimió entonces el gobierno. 

A un año y medio de vigencia de la nueva ley, en los últimos días se modificaron tres procedimientos fundamentales en la función de contralor, como lo son, "la intervención previa al pago"; "la observación legal"; y la auditoría de Cuentas Especiales".

Según consideró Gribaudo, a partir de la puesta en vigencia la ley, "ahora legalmente el Tribunal no puede meterse ni obstaculizar el circuito de pagos", dando vía libre a la ejecución de trámites que con la excusa de agilizar los tiempos, vacía al Tribunal de su función primordial y razón de ser de su existencia, la de ejercer el control sobre los actos administrativos.

Qué significan estos tres puntos.

Para el abogado, Javier Stoessel, ex vocal del TC, "Santa Cruz desde su constitución misma se caracterizó por sus deficientes mecanismos de control público, lo que se acrecentó con la política Krichnerista. Hoy dan un paso más, y no es menor", afirmó, al tiempo que explicó punto por punto el significado y las consecuencias de la eliminación de resortes de control del Estado.

Señaló que suprimir la intervención previa al pago, implica que la totalidad de los pagos de la Provincia, sin importar montos ni tipo de trámite, se realizarán sin la intervención del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la supresión de la observación legal, sostuvo que ello "implica dejar al Tribunal de Cuentas sin la competencia para detener la ejecución de un acto administrativo nulo que pueda causar perjuicio al Erario Público".

En tanto que el cierre de la auditoría de cuentas especiales, significa que ya no habrá control en los hospitales de la provincia, y recordó que durante su gestión en el organismo, fue una de las auditorías que más activas y actualizada se mantuvo.

"Este cierre es consecuencia de la nueva Ley de Administración Financiera, sin embargo, por la relevancia y extensión del trabajo, la propuesta obvia era transformar la auditoría de cuentas especiales en auditoría de Ministerio de Salud y Hospitales. Se prefirió suprimir la estructura y reducir el control", se explayó el abogado.

Finalmente pidió que "ojalá se tome conciencia de lo que implica este retroceso, porque están privando al Tribunal de Cuentas de herramientas esenciales para el control público, de modo que luego nadie es responsable de lo que ocurra".