RÍO GALLEGOS.- En el marco del amparo presentado por el doctor Javier Stoessel, para que el municipio brinde información sobre obras públicas sospechadas de irregularidades, hoy se realizó una audiencia en la que la comuna se comprometió a entregar un listado con información de la obra pública desde el 1 de enero de 2020 al 1 de noviembre de 2022. Una de las empresas que construye para el municipio se encuentra en concurso de acreedores.

A esta vía judicial se arribó luego de que se cursaran sendos pedidos de informes al municipio que rehusó entregar la documentación.

Incluso la semana pasada el abogado Santiago Chute, respondió que el pedido era improcedente porque el amparista no había agotado las vías administrativas, y porque reunir la documentación requerida implicaba una tarea compleja dado el volumen de expedientes que involucra. La empresa adjudicataria de la mayoría de las obras encaradas por el municipio está concursada.

En la audiencia de hoy y ante el juez Francisco Marinkovic donde se tramita el amparo, el doctor Chute manifestó que la comuna finalmente entregará un listado con información de la obra pública desde el 1 de enero de 2020 al 1 de noviembre de 2022.

La fecha comprometida para presentar la documentación es el 25 de noviembre de 2022, una vez cumplido este trámite se dará vista de los expedientes al amparista.

La respuesta del municipio que no conformó al abogado Stoessel.

En su respuesta al amparo, el abogado del municipio, había argumentado que lo solicitado por el amparista era improcedente, ya que existen vías administrativas previas como el pronto despacho, que el requirente no había cumplimentado previamente.

Argumentó que en virtud de que el Departamento Ejecutivo se ve obligado a remitir las rendiciones de los expedientes administrativos al Concejo Deliberante para que este apruebe o no los ejercicios, gran parte de la información requerida por la amparista no está en poder de la administración municipal.

Chute también había sostenido que la información requerida, era imposible de recopilar dado el volumen de la documentación, y mencionando que solo entre los años 2020 y 2021, había 152 expedientes de licitaciones públicas y privadas, más otros 697 trámites de concurso.

La reacción del amparista ante la respuesta del municipio.

"No publica los Decretos, no tiene una política de transparencia activa, no contesta los pedidos de acceso a la información pública", expresó el doctor Stoessel.

Recordó que la autoridad Municipal hizo caso omiso a un pedido de información realizado el 19 de agosto de 2022 en el marco de la ley 3540 de acceso a la información, y que ya venció el plazo de 10 días previsto en dicha ley.

Por este motivo acudió a la justicia mediante un amparo para que se ordene al municipio a que cumpla con la obligación de brindar información pública sobre obras que insumen miles de millones de pesos del presupuesto, y que en algún caso están cuestionadas por irregularidades de al menos una empresa contratista.

Se trata de la empresa Carrizo Stella Maris, quien según un interlocutorio, el 17 de diciembre 2021 fue declarada en Concurso Preventivo, instancia previa a una posible quiebra. Una condición que la inhibiría de participar de licitaciones públicas.

Sin embargo en los últimos dos años fue adjudicataria de obras para el municipio por un monto de $.1200 millones.

Durante la gestión de Pablo Grasso se adjudicaron obras por montos millonarios, en algunos casos en forma directa, en otros por convenio con el IDUV.

Para Stoessel, "el municipio de Río Gallegos, se niega a brindar información pública. No publica los Decretos, no tiene una política de transparencia activa, no contesta los pedidos de acceso a la información pública".

Calificó de "sorprendente" la respuesta del municipio de que "no tiene la información ordenada y clasificada , y que responder lo requerido le llevaría a la ´parálisis de las áreas administrativas´ involucradas".

Se pregunta, "¿No conoce el Municipio cuáles son las licitaciones y obras adjudicatarias? Los montos de los contratos?, quiénes son los adjudicatarios? Si se pagaron anticipos?".

Y esgrime que "Los reclamos de acceso a la información pública y las acciones judiciales son consecuencia de la ausencia de política de transparencia activa de los gobiernos; del desprecio hacia principios básicos del sistema republicano y a la transparencia en la gestión.

Sin acceso a la información pública, no es posible el debate democrático y se abren enormes espacios que favorecen el desmanejo de fondos públicos.

Otros pedidos de información que fueron denegados por el municipio.

Con el mismo objetivo de conseguir que el municipio informe sobre las obras cuestionadas por un monto total de más de 2.000 millones de pesos, la vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, pidió el presidente del cuerpo, Carlos Ramos, que solicite al municipio de Río Gallegos que brinde la información requerida sobre las últimas diez obras encaradas por el municipio.

Anteriormente, los tres concejales de la oposición, Pedro Muñoz, Leonardo Roquel y Daniel D´Amico, solicitaron al municipio, el IDUV y el Ministerio de Economía los expedientes de una docena de obras municipales, y la inhabilitación de firma Stella Maris Carrizo por hallarse en concurso de acreedores.

Durante los últimos dos años la gestión de Pablo Grasso adjudicó obras por montos millonarios. Entre otras para la construcción de viviendas; instalaciones para la alcaidía policial; remodelaciones en la costanera de la ría local; puesta en valor del ex muelle fiscal; intervención de la Laguna Ortíz; y sistema de redes de agua. Aquí el detalle de las obras y de las empresas adjudicatarias.

Qué pidió la vocal Gribaudo.

En su nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Ramos, le pide que «solicite a la vocal de municipalidades y Comisiones de Fomento, dra Romina Gaitán, y por su intermedio a quien corresponda», el detalle de las últimas diez obras públicas realizadas por el municipio.

Quiere conocer si las mismas se contrataron por licitación pública, privada, concurso o por contratación directa. Asimismo que se informe los datos del expediente, qué empresas resultaron adjudicatarias; estado de las obras, y pago de certificaciones. Además pide conocer si se abonaron anticipos financieros.