LA NACIÓN/Mariela Arias.-

EL CALAFATE.- La quiebra de Austral Construcciones a cargo de la jueza María José Gigy Traynor distribuirá entre sus acreedores cerca de $2600 millones, en lo que será el primer pago a acreedores desde que se inició el proceso, hace cuatro años. De ese monto, cerca de $1500 millones estarían destinados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el resto iría a otros organismos del Estado y sindicatos, entre ellos el Banco Nación, la Uocra y Vialidad Nacional. Es solo una parte de la deuda con el Estado que dejó el conglomerado de empresas de Lázaro Báez, quien ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero k” y enfrenta otro pedido de pena igual como miembro de la presunta asociación ilícita por la que es juzgada Cristina Kirchner.

El dato surge del abultado expediente de la quiebra que desde hace cuatro años se tramita en el Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Comercial Nº28, con sede en Buenos Aires, que lleva más de 100 incidentes abiertos. Se trata de una tarea titánica, que aún tiene años por delante, por la forma profusa en la que Báez adquirió bienes y fondos de comercio a partir del 2006 o bien por la maraña judicial en la que quedaron atrapadas sus propiedades, la difícil reconstrucción de su titularidad y el estado de cada bien puesto a remate.

Los $2600 millones que las dos sindicaturas integrantes determinaron como parte del Proyecto de Distribución de Fondos es el resultado de recursos obtenidos del alquiler de diversos inmuebles; el cobro de créditos a favor de Austral Construcciones; y el pago por el paso de servidumbre de la estancia El Campamento (Santa Cruz), donde la firma Compañía General de Combustible SA tiene la concesión de yacimientos petroleros. Pero también ya se dispone del resultado de remates de los bienes de Báez: inmuebles en Capital Federal, una estancia den Santa Cruz (Río Bote) y cientos de rodados, autos de lujo y maquinaria vial, que se realizaron desde 2020 a la fecha.

El Proyecto de Distribución presentado ante la jueza Gigy Traynor es el primero desde que se inició el proceso de quiebra, que aún tiene pendiente la venta de cuatro estancias en Santa Cruz y el 50% del condominio de casi 9 hectáreas que Báez tiene con Máximo y Florencia Kirchner (heredado por su madre, Cristina Kirchner) aquí en El Calafate. Se trata de tierras del Estado que la vicepresidenta adquirió en 2006 a valor fiscal de 1,19 pesos el metro cuadrado y dos años después permutó el 50% como parte indivisa a la empresa Austral Construcciones. Lo que entrará en remate es el 50% de la propiedad, es decir que quienes adquieran las acciones serán condóminos de los Kirchner.

Del listado de acreedores preparados en el informe se desprende que el crédito verificado en la quiebra de Austral Construcciones asciende a $4347 millones y unos $60 millones más son los créditos laborales. Hasta la fecha del remate del patrimonio y cobro de acreencias se obtuvieron $2600 millones, de los cuales de acuerdo al detalle al que accedió LA NACION, $2110 millones se repartirán entre los acreedores y más de $400 millones se distribuirán para afrontar los gastos del proceso y los honorarios de todos los intervinientes.

Los acreedores

De la lectura de la lista de acreedores con deuda verificada que se saldará en esta etapa, el mayor volumen se lo llevarán organismos estatales: a la cabeza se encuentra la AFIP, que tiene acreencias a su favor -deudas a cobrar en esta etapa y que no considera intereses- por $1532 millones, de los cuales $583 millones están firmes, en tanto que $949 millones están ligados a crédito verificado pero condicional (dependen de una sentencia externa a la causa que aún no está firme).

En el segundo lugar del podio de los que se beneficiarán con esta primera distribución de fondos se encuentra el Banco Nación, con $284 millones. Fue con este banco que Báez accedió a un plan destinado a auxiliar financieramente a Austral Construcciones y a Kank y Costilla, para realizar obra pública que le había sido adjudicada. Tanto autoridades del Banco Nación como de la empresa fueron investigadas en una causa judicial.

Otro organismo público que aparece beneficiado, y que ahora está en el ojo público a partir del juicio contra la vicepresidenta, es la Administración General de Vialidad Provincial, que tiene acreencias a su favor por $27 millones. El gremio de la construcción (Uocra), que supo ser omnipresente en las empresas de Báez, cobrará su parte: por un lado la obra social del personal de la construcción se verá favorecida en este pago con $38 millones, mientras que el sindicato recibirá el pago de $23,5 millones.

Por su parte, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo recibirá $21 millones; el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, $11 millones; y el Municipio de Río Gallegos, casi $9 millones, correspondientes al pago de patentes de la flota de autos de Báez, que supo superar el millar de unidades. Según surge del expediente, las deudas laborales ascienden a $60 millones y está previsto saldarlas en su totalidad.

En un detalle minucioso de cien páginas presentado a la jueza, la sindicatura liquidadora resumió lo que se desarrolló en cada incidente de la causa: allí resalta como algunas operaciones (ventas de inmuebles y rodados y alquileres) fueron realizadas en dólares norteamericanos y habían acumulado unos US$5.491.171. Para preservar los fondos, se dispuso la constitución de dos plazos fijos que fueron renovados mensual y periódicamente hasta el 27 de mayo de este año.

A partir de allí se inició una serie de operaciones, cada una por US$1 millón, para la conversión a pesos a través de lo que se conoce como ventas de dólares MEP, que realizó una firma designada por sorteo, luego de la negativa del Banco Nación y el Banco Ciudad de Buenos Aires a ser parte del proceso. El importe nominal obtenido por estas seis operaciones de venta ascendió a $1.450.560.615, 45; y en cada caso las sumas obtenidas fueron depositadas en la cuenta de la quiebra. Se constituyeron seis plazos fijos de renovación mensual automática que suman a la fecha $1.537.110.305.

Mientras esta parte del proceso avanza, la sindicatura liquidadora apeló la regulación de honorarios resuelta por la jueza Gigy Traynor para esta etapa del proceso, por considerarlos bajos en virtud de la calidad, extensión y complejidad del trabajo realizado durante estos años, atravesados por la pandemia y la suspensión de los remates. El recurso deberá ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El mismo camino siguieron otros profesionales intervinientes en el proceso y es posible que se sume la sindicatura verificante del proceso.