SANTA CRUZ.- Según el abogado defensor de Héctor Garro, expresidente de Vialidad Provincial durante el gobierno de Sergio Acevedo, su defendido solo intervino en la tramitación de dos obras viales durante el período que se investigó. Remarcó que los fondos asignados a dichas obras constaban en el presupuesto provincial y que se regían por las normas que dictaba Santa Cruz. Por esta razón esgrimió que la acusación fiscal violaba la soberanía constitucional. El argumento de la defensa va en línea con que esgrimio la vicepresidenta Cristina Fernández, quien en más de una ocasión pidió a los fiscales que investiguen a los funcionarios provinciales por el manejo de los fondos para obras viales.
Se reanudaron hoy las audiencias en el juicio oral de la causa que investiga el supuesto redireccionamiento de obras viales a favor de las empresas de Lázaro Báez durante los sucecivos gobiernos de Néstor Kirchner, y Cristina Fernández entre 2003 y 2015.
Las primeras expresiones de los acusados, apuntan a que las obras las administraba la Provincia, que los fondos estaban ingresados al presupuesto provincial, y que lo manejaban funcionarios provinciales. Por lo tanto los resposables hay que buscarlos en Santa Cruz. Donde además, una denuncia por las obras asignadas al grupo Báez, había sido tramitada y cerrada en la justicia provincial en 2011 sin que se detectaran irregularidades.
El primero de los 13 imputados que ejerció su derecho a defensa fue el expresidente de Vialidad Provincial, Héctor Jesús Garro, quien ejerció el cargo entre el 05 de octubre de 2005 y el 15 de marzo de 2006 durante el último tramo de la gestión del gobernador Sergio Acevedo. Los fiscales pidieron una pena de 3 años de prisión en suspenso para Garro, la condena más baja de las que pidieron aplicar a los demás acusados.
Mariano Fragueira Frías, abogado de Garro, dijo que su defendido participó en solo dos licitaciones, "en rigor en un expediente y medio", aclaró el letrado, y especificó que se trataba de la obra de repavimentación de la ruta Nacional N°3 entre Gran Bajo de San Julián, y Río Gallegos, en el año 2006.
Garro presidió Vialidad provincial entre el 5 de octubre de 2005 y el 15 de marzo de 2006, antes fue vicepresidente del organismo cuando lo presidió el exsindicalista Rodolfo Villa. Según la defensa, las obras de ese período por las que fue acusado "están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos", aseguraron.
Durante su alocución Fragueiro Frías remarcó que la actuación de su defendido en los expedientes que investiga la causa Vialidad, "Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal", indicó.
El abogado dijo que la fiscalía "violó la Constitución" y que su defendido "era un funcionario local de Santa Cruz" y la provincia "se regía por la Constitución local", por lo cual ya había sido juzgada su responsabilidad en gestión al frente de Vialidad Provincial.
El abogado de Héctor Garro aludía a una causa provincial que tramitó en 2011 el juez Gabriel Giordano quien no halló pruebas para imputar a los denunciados por el manejo de los fondos para obras viales. Este argumento también fue utilizado a su favor por Cristina Fernández en su alegato informal que realizó el martes 23 de agosto a través de su canal de
>Afirmó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron abuso de "falacias circulares", y que en "su afán persecutorio" dificultaba el trabajo de la defensa.
Para sostener su acusación los fiscales aportaron pruebas sobre maniobras de redireccionamiento de las adjudicaciones en favor de las empresas del grupo Báez. Sostuvieron que durante el proceso de construcción se realizaron redeterminaciones de obras con ampliación de presupuestos, y que se pagaban anticipos financieros también con el fin de favorecer a Báez quien sin embargo dejó la mayoría de las obras inconclusas o abandonadas.
Cabe recordar que para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales pidieron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusándola de los delitos de asociación ilícita y fraude al Estado. Una pena similar pidieron para Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, y de otras cuatro empresas adjudicatarias de 51 obras públicas viales.
15 marzo 2006 Sergio Acevedo renunció a la gobernación por diferencias con el entonces presidente Néstor Kirchner respecto del pago de certificaciones de obras con fondos provinciales, aunque el ex mandatario provincial nunca explicitó los motivos de su dimisión.
Ese día también Héctor Garro renunció a la presidencia Vialidad Provincial.
Los alegatos continúan mañana martes con la defensa de otro exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda, que tiene un pedido fiscal de condena a 6 años de prisión.