RÍO TURBIO.- Luego que el IDUV desadjudicara una vivienda a una familia que se hallaba ausente de la localidad por tratamientos médicos, y se la otorgara a una persona que cumple funciones en el municipio, el abogado de los damnificados denunció irregularidades en el procedimiento ya que el IDUV antes de notificar el desalojo, ya había autorizado el cambio de cerradura, otorgado la tenencia del inmueble a nuevos ocupantes, y Servicios Públicos había realizado el cambio de titularidad del servicio. El IDUV dio por cerrado el expediente y ahora se espera que la justicia dicte medidas que esclarezcan el hecho.

En 2013 la casa N°66 del barrio Plan 98 Viviendas fue adjudicada a la familia Soria-Díaz quien desde entonces habitó el inmueble en forma regular hasta que en 2020 debió ausentarse de la localidad por razones de tratamiento médico a realizarse en la provincia de Mendoza. La familia actualmente tiene cuatro hijos, «uno de ellos con tratamiento médico al igual que la mamá», confirmó a Winfo Santa Cruz el doctor León Obregón, abogado de la familia.

El 01 de septiembre último el IDUV los notificó de que se les había desadjudicado la casa, sin explicitar las causas de aquella drástica determinación por parte del organismo. A partir de entonces, el abogado del matrimonio Soria-Díaz, comenzó a indagar en el procedimiento y según comentó a FM Tiempo Río Turbio el procedimiento está viciado de una serie de irregularidades que ya denunció ante la justicia.

Señaló que sus clientes ni siquiera tuvieron tiempo de apelar la medida dispuesta por el IDUV, y que antes de que sean notificados del desalojo, ya habían cambiado la cerradura de la casa y permitido el ingreso de nuevos ocupantes.

Luego se conoció que la casa N°69 ya había sido otorgada a un nuevo beneficiario, el señor Moisés Pedrozo, a través de una «tenencia precaria», expedida por la Gerencia de Hábitat del IDUV con la firma de Viviana Caballero.

El mencionado nuevo poseedor de la vivienda desadjudicada a la familia Soria-Díaz, cumple funciones junto al secretario privado del intendente Darío Menna.

Según testimonios recogidos por este portal, «quien cambió la cerradura de la vivienda, ingresó, revolvió las cosas, retiró, e incluso tiró algunas pertenencias de la familia Soria-Díaz, y se presentó como funcionario del IDUV».

Antes de ejercer funciones en el municipio , Moisés Pedrozo se desempeñó como representante del IDUV en Río Turbio designado por el entonces titular del organismo, Pablo Grasso, hoy intendente de Río Gallegos. Su hermana, María Grasso es hoy la presidenta del IDUV.

Según declaró ayer el concejal Zamir Zeidán, a FM Tiempo Río Turbio, se comunicó personalmente con el intendente, Darío Menna quien le garantizó que «tomará cartas en el asunto».

El doctor Obregón, calificó de «un escándalo» el hecho de que antes de que se tramite la desadjudicación el 01 de septiembre, doce días antes, el 19 de agosto, el IDUV ya había concedido a Moisés Pedrozo, una «tenencia precaria» del inmueble.


Llamó la atención del letrado la premura del trámite de otorgamiento de la vivienda a Pedrozo, a quien también Servicios Públicos le otorgó la titularidad del medidor de consumo de energía, según consta en un recibo de pago expendido por la empresa. Según manifestó la a de documentación que acredite las causas por las cuales la familia no se encontraba habitando la vivienda; o la falta de pago de la misma; o algún otro tipo de irregularidades que motiven la decisión de quitarle la vivienda.

Otras de las dudas que plantea el procedimiento llevado adelante por el IDUV, es si la tenencia otorgada a Pedrozo se hizo respetando el orden de inscriptos para acceder a una vivienda.

En una entrevista concedida a FM Portal, Viviana Caballero omitió referirse al caso puntual de la vivienda desadjudicada «por respeto a la familia» Soria-Díaz, aunque confirmó que «la vivienda ya está desadjudicada», y que según las normas del IDUV una vez que se desocupa una vivienda, «la ocupación tiene que ser inmediata», a «familias que estén en competencia y que necesiten una vivienda».

Por su parte el doctor León Obregón, dijo que la causa la atenderá la doctora Romina Frías, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de Río Turbio, quien además está subrogando el Juzgado Penal Nro Uno.

El letrado enfatizó que «en la causa penal deberán responder los funcionarios, y en la civil, se investigará la desadjudicación», y lanzó una categórica definición: «para que nunca más se utilicen los poderes públicos, para uso personal».

La vivienda por estas horas está custodiada con consigna policial y se desconoce si sus nuevos moradores pernoctan en la misma.