LA NACIÓN / Mariela Arias.-

EL CALAFATE.- Luego del período “dorado” de la obra pública que se vivió en Santa Cruz entre 2003 y 2015, el ocaso fue contundente: tras el cierre de Austral Construcciones de Lázaro Báez, miles de trabajadores quedaron en la calle y las obras se paralizaron. A siete años de esos dramáticos días, se vive aquí una reactivación de la mano de empresas constructoras de perfil local: las obras no tienen la épica de entonces y los objetivos y presupuestos son más sencillos, pero no están exentas de sospechas y denuncias.

Ninguna de las empresas de Báez que por estos días estuvieron en la agenda pública a raíz del juicio de la causa Vialidad volvieron participar en la obra pública: en las licitaciones no aparecen Austral ni Loscalzo y Del Curto o Kank y Costilla, como tampoco Sucesión Adelmo Biancalani o Gotti Hnos. Sin embargo, la reactivación de la obra pública trajo aparejada la aparición de constructoras que arrastran rémoras de aquel pasado: una tuvo entre sus asistentes técnicos a Mauricio Collareda, procesado en la causa Vialidad, mientras que en otra de las nuevas empresas hay un exempleado de Austral Construcciones.

“El sistema no empezó y terminó con Lázaro Báez, el sistema sigue. Es claro y evidente que la digitación de la obra pública continúa, lo único que ha cambiado en Santa Cruz son los nombres”, afirma el concejal de Río Gallegos Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica-ARI. Esta semana presentará un amparo judicial ante la negativa del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (Frente de Todos), de brindar información sobre el registro de empresas que llevan adelante la obra pública en la capital provincial. “De los 2000 millones de pesos de obra pública para Río Gallegos, 1300 millones se les adjudicaron a Strella Construcciones, y queremos explicaciones”, afirmó Muñoz a LA NACION.

Las nuevas empresas

Muñoz quiere conocer por qué Río Gallegos continúa adjudicando obras a Strella Construcciones, pese a que, según un edicto judicial publicado en el Boletín Oficial, su responsable figura en un concurso preventivo. El concejal también cuestiona que la empresa no tributó al Municipio ni figura con habilitación comercial. La última obra adjudicada es de mayo de este año, por $55 millones, para la intervención urbana de la Laguna Ortiz.

A partir del 2016, cuando se suspendieron los fondos nacionales para obras viales y las empresas de Báez desaparecieron de escena, otros nombres surgieron para tomar obras de menor envergadura, la mayoría realizadas a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que hasta el 2019 era presidido por Grasso, actual intendente de Río Gallegos que aspira a competir por la gobernación. Al frente del IDUV quedó ahora su hermana, María.

Consultora Better SRL fue de las empresas que sumó adjudicaciones en toda la provincia. Entre otras, una obra de cloacas en Pico Truncado, en 2018. Según quedó asentado en registros audiovisuales, Mauricio Collareda, exjefe del Distrito 23 “Santa Cruz” de Vialidad Nacional entre 2007 y 2015, era el referente técnico de la empresa. Según los documentos consultados por LA NACION, Collareda no figura como accionista de la constructora, pero tampoco en su planta de empleados. Sin embargo, firmaba los convenios por la empresa.

Según la acusación leída por el fiscal Diego Luciani, desde Vialidad Collareda intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Lázaro Báez y de otras en las que Vialidad resultaba comitente. “Se modificaron ítems, se echó mano a invocar la peor crisis de la historia. En todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de 319 millones de pesos, tuvo un incremento del contrato de más del 100% y pese a todo esto la obra fue abandonada. Acá intervinieron estos funcionarios”, dijo Luciani respecto de Collareda. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Entre otra de las obras adjudicadas a la empresa Consultora Better SRL se encuentra la construcción de silos en Punta Quilla, por $23 millones; la construcción de canchas de césped sintético, por $14 millones; la construcción del nuevo edificio del Instituto de Desarrollo y Vivienda; y el acceso vial del Barrio San Benito, en Río Gallegos. Esta última obra representó un papelón sin precedentes: a los seis días de inaugurada con gran pompa, el asfalto empezó a desprenderse y debió realizarse otra vez. El Municipio rescindió el contrato y le pidió a Vialidad que termine la obra.

Por varias de estas obras realizadas a través del IDUV, la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Penal N°1. En su denuncia, explica que los inspectores del organismo advirtieron serias falencias en el material utilizado y, sin embargo, se siguió adelante. En la misma denuncia también pide que se investiguen irregularidades detectadas en la construcción de la nueva sede del IDUV y cuestionó que se haya contratado una empresa con limitada capacidad de obra para hacer ocho proyectos por un monto superior a los $42 millones. “La causa no avanzó en la justicia”, confirmó ayer Gribaudo a LA NACION.

Dentro de la misma denuncia judicial, Gribuado pide que se investigue la contratación de la empresa Magdalon, por la obra Refacciones del Centro de Salud N°1 de Río Gallegos, a raíz de las demoras, incumplimientos y ampliaciones de obra. Raúl Fernando Magdalon es el titular de la empresa que hizo punta en las contrataciones públicas locales de los últimos años.

De acuerdo a los registros laborales consultados, Magdalon aparece como empleado por Austral Construcciones entre los años 2007 y 2010, y también está registrado en la plantilla de Consultora Better SRL en 2018. En tanto, en 2018 figuró como presidente de la empresa constructora Mata Negra, otra de las favorecidas por la obra pública provincial en los últimos años.

Las obras con fondos nacionales

De las 51 obras que formaron parte del escrutinio judicial en la causa Vialidad, varias de las cuales quedaron inconclusas, una se retomó recién en febrero de este año: se trata de la autovía sobre la Ruta Nacional 3, entre Caleta Olivia, en Santa Cruz, y Rada Tilly, Chubut. En diciembre de 2015 había quedado abandonada y durante el macrismo hubo una licitación que quedó trunca. En su alegato, el fiscal Sergio Mola mostró ampliaciones de presupuestos para esa obra que superaron por tres veces el valor original.

Por dos tramos y la autovía de Caleta Olivia, el presupuesto original fue de $674 millones, pero las ampliaciones de obras llegaron a $2892 millones, según los datos registrados por Vialidad en marzo de 2016, que originó el actual juicio. En febrero de este año, siete años después de las obras paralizadas, se firmaron los contratos con las firmas CPC, de Cristóbal López, y Rigel SRL, para la culminación de los dos tramos, por un monto de casi $10.000 millones.

La otra gran obra vial anunciada en marzo de este año es el asfalto de la Ruta Provincial 39, presupuestada el año pasado en unos $6000 millones. En el acto licitatorio, Mauricio Gómez Bull, titular de la Administración General de Vialidad Provincial, afirmó: “Desde el 2015 sufrimos la rescisión de todos los contratos relacionados con obras en nuestra provincia y como siempre, la gente y los trabajadores quedaron viendo como nuestros recursos iban destinados a otras provincias”.

Para el kirchnerismo local, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, que coincidió con los primeros cuatro años de gestión de Alicia Kirchner, la provincia sufrió discriminación de obras y fondos. Enfatizan que la reactivación llegó con el gobierno de Alberto Fernández.

Ante la Legislatura local, Alicia Kirchner anunció licitaciones para obras de acueductos y redes de agua con fondos del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enhosa) por un monto de $3800 millones, en tanto que se anunció un nuevo acueducto para Río Gallegos por US$55 millones. Según datos oficiales, en la provincia se están ejecutando 39 obras del Plan Nacional “Argentina Hace” en 16 localidades, con una inversión de $774.353.789 pesos.