LA NACIÓN/Mariela Arias.-

EL CALAFATE.– Poco queda en Santa Cruz del otrora poderoso Grupo Austral: la constructora quebrada es desguazada en remates judiciales, en tanto que una de las obras que dejó inconclusa la continúa una empresa de Cristóbal López. Hubo, además, un recambio generacional: la camada de funcionarios procesados en la causa Vialidad fue reemplazada por referentes de La Cámpora.

Durante los alegatos de la causa Vialidad, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola realizaron una completa radiografía de las empresas de Báez, su poderío y su accionar en 51 adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz, sus vínculos con el poder y también el crecimiento exponencial de su patrimonio a medida que ganaba licitaciones.

De acuerdo a un relevamiento realizado por LA NACION, para 2016, a poco cerrar las puertas de Austral Construcciones y retirarse de los obradores, Báez tenía por lo menos 212 propiedades, entre terrenos, estancias, casas y departamentos. Estaban a nombre propio, de sus hijos y de las empresas Austral, Badial SA, Kank y Costilla, Valle Hermoso, Epelco y Loscalzo y del Curto.

Pagó por todas las propiedades, salvo una que recibió como herencia. Para eso hizo negocios con los Kirchner y con vecinos comunes, compró tierras fiscales y realizó transacciones con empresas. Compró desde un terrenito en la periferia hasta un edificio completo en pleno centro de Río Gallegos. Pocos escaparon aquí a la tentadora oferta de Báez. Sin embargo, de acuerdo a la lectura del testamento que trascendió en la causa, sobre muchas de esas propiedades sus herederos no iban a poder disponer por 30 años.

Con todo, ese patrimonio incalculable ya empezó a deshilacharse en 2017, cuando se inició la quiebra de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. Las dos sindicaturas que entienden en la quiebra iniciaron una titánica tarea para reconstruir el patrimonio. La pandemia demoró los remates, pero un grupo de martilleros y técnicos recorrieron el país relevando bienes y tasando muebles e inmuebles.

De acuerdo a datos relevados en el expediente judicial, ya se remataron todas las propiedades de Austral Construcciones en Buenos Aires, incluidos lotes de autos y maquinaria pesada. El último fue la semana pasada: se vendieron 21 máquinas que estaban en un predio de Zárate a $102 millones. Sin embargo, sólo de Austral Construcciones, quedan pendientes más de medio centenar de bienes inmuebles, entre ellos cuatro estancias y decenas de terrenos, casas y departamentos.

Dentro de lo que está previsto rematar hay expedientes más difíciles de abordar. Por ejemplo, la participación accionaria en las empresas Top Air (tenía aviones), las petroleras Epsur y Misahar o la constructora Kank y Costilla. También hay una gran cantidad de vehículos en el obrador de Río Gallegos y en las localidades de Piedra Buena y el puesto policial Ramón Santos, en el límite con Chubut. No sorprende: Báez tuvo más de un millar de vehículos registrados en Río Gallegos.

Ayer, el fiscal Luciani pidió el decomiso de doce estancias. Una de ellas acaba de ser rematada: Río Bote, a $39 millones. La compraron empresarios locales dedicados al turismo. Báez la había adquirido en 2006 a US$ 1,5 millón. Sobre las propiedades que se interpongan en los expedientes judiciales es posible que prime la coordinación entre el juzgado que lleva el remate y el fuero federal, que impulsa la causa.

Decenas de propiedades de Báez esperan a la Justicia; la constructora CPC se quedó con una ruta emblemática y la organización de Máximo Kirchner reemplazó a los funcionarios enjuiciados.

Este año volvió a licitarse una de las obras emblemáticas en la causa Vialidad: la autovía que une a Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia. En diciembre de 2015 había quedado abandonada la obra y se realizó una licitación, que quedó trunca. En febrero de este año se reanudaron las obras con fondos nacionales y las firmas ganadoras fueron CPC, de Cristóbal López, y Rigel SRL.

“Venimos a dar una vuelta de página y derribar esos fantasmas que habían hecho mucho daño, de las decisiones de gobierno anteriores, de las operaciones judiciales y de algunos medios”, dijo el jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional y referente de La Cámpora, Martín Medvedovsky, durante la firma del contrato, en febrero. La obra fue licitada y pagada hace 15 años. Ahora, con nuevos fondos públicos, la retomaron.