LA NACIÓN/Mariela Arias.- 

EL CALAFATE.- Durante más de una década las familias Kirchner y Báez mantuvieron un aceitado vínculo público y privado: el primero derivó en el favoritismo a la hora de entregarle al empresario obra pública en la provincia, el segundo se consolidó a partir de transacciones inmobiliarias, la construcción de departamentos, el alquiler de propiedades, el gerenciamiento de hoteles y hasta un condominio de casi nueve hectáreas que aún mantienen. Ambos sucedieron a la par, difícil interpretar uno separado del otro.

Al tiempo que Lázaro Báez ganaba licitaciones para la construcción de la mayoría de las obras públicas que se realizaban en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, era también uno de los empresarios favoritos que los Kirchner elegían para realizar operaciones comerciales particulares. Desde la administración de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén, hasta otras más personales, como la compra de la casa familiar de la cuñada, Alicia Kirchner.

Esas relaciones profusas y fructíferas durante una década dejaron huellas: escrituras, registros públicos y boletos de compraventa que unieron los apellidos de ambas familias. Cuando en diciembre de 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se interrumpieron los pagos de certificaciones de obra a Austral Construcciones y las empresas constructoras de Báez entraron en la debacle, fue la actual gobernadora, Alicia Kirchner, quien debió sobreactuar y ejecutar el divorcio de las dos familias.

Ella fue quien ordenó la quita de 24 obras públicas que llevaba adelante el empresario en la provincia. Pero con la acción no alcanzaba y negó públicamente las relaciones de su familia con el empresario, apelando a que se trataba de relaciones que construían los medios de comunicación. Sin embargo, solo habían pasado seis años desde que la vivienda que fuera su casa familiar fuera también adquirida por Báez.

Según documentación oficial del Registro de la Propiedad Inmueble a la que accedió y publicó LA NACION, en el año 80, el terreno de 312 metros cuadrados donde se erige la casa, en el barrio Codepro, fue escriturado a nombre de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el 92, su cuñada Alicia Kirchner se lo compró por 70.000 pesos de entonces y la casa fue registrada como bien de familia. En 2006, la casa fue desafectada como bien de familia y en partes iguales quedó escriturada a favor de las hijas de la gobernadora: Romina y Natalia Mercado, esta última fiscal en El Calafate. Finalmente, en noviembre de 2009 Austral Construcciones SA, de Báez, compró la casa a las hermanas por US$150.000.

Esa operatoria fue sólo una de las diez transacciones comerciales de inmuebles en Río Gallegos que Báez hizo con la familia Kirchner a través de Austral Construcciones entre los años 2008 y 2009, tal como reveló LA NACION en diciembre de 2013, en el marco de una investigación que demostró cómo Báez incrementaba su patrimonio a la par que gerenciaba los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz a través de la empresa Valle Mitre, dejando a la vista un caso de presunto lavado de dinero que involucraba a las dos familias y que la Justicia aún analiza en la causa Hotesur.

La separación comercial entre la familia Kirchner y Báez empezó a finales del 2013, cuando apartaron a Valle Mitre de la administración de los hoteles, pero recién en febrero de 2016 Alicia Kirchner daría la drástica orden de quitarle las obras públicas al empresario.
Entre 2004 y 2015, Báez se quedó, a través de su empresa Austral Construcciones SA, con la gran mayoría de las obras públicas que se realizaron en Santa Cruz, en especial la construcción de cientos de kilómetros de rutas: 51 de esas obras son las que se analizaron en causa Vialidad en la que hoy el fiscal Diego Luciani iniciará su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2. El final del vínculo fue abrupto.

El final de Báez que precipitó Cambiemos

Diciembre de 2015 fue caótico en Santa Cruz: con el triunfo de Cambiemos a nivel nacional, la provincia se convirtió en refugio del kirchnerismo derrotado, Alicia asumió la gobernación tras imponerse a otro peronista, Daniel Peralta –ley de lemas mediante–, y Báez, empleador de más de 3600 operarios de la construcción, empresario favorito y todopoderoso, suspendió el pago de las quincenas y empezó a abandonar los obradores que había construido una década atrás.

Las fiestas de fin de año y enero de 2016 transcurrieron entre acampes frente a la gobernación y una decena de rutas cortadas en toda la provincia por piquetes de la Uocra. El gremio denunciaba deudas y el abandono de obras de Austral. La Dirección Nacional de Vialidad en Santa Cruz fue intervenida y todos los contratos de obra pública fueron puestos en revisión.

El 5 de febrero, la gobernadora Kirchner solicitó a Vialidad Nacional la rescisión del contrato de obra pública a Báez y pidió que se tomen “medidas urgentes para resolver la grave situación y el hartazgo que genera a toda la sociedad santacruceña en su conjunto la paralización de sus obras en Santa Cruz”.

La provincia alertaba que los cortes en las rutas nacionales 3 y 40 que se llevaban desde diciembre por parte de los trabajadores de las empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla traían aparejado desabastecimiento y la paralización de la actividad económica y productiva, “con consecuencias sociales y de salud negativas por el incumplimiento del dueño de las empresas, el Sr. Lázaro Báez”, según difundían desde la gobernación.

Alicia Kirchner le solicitó a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el apoyo preventivo de Gendarmería para garantizar el tránsito vehicular en las Rutas Nacionales. “Yo respeto los derechos de los trabajadores, pero el límite es cuando se avasallan los derechos de los demás”, fue una de las frases.

Sin pago de sueldos y abandono de campamentos

Sin embargo, la rescisión de los contratos de construcción no fue sencilla. Llevó varios años y los trámites administrativos llegaron hasta febrero de 2019, cuando fueron publicados los últimos decretos con marcaron el final de las vías administrativas al reclamo que Austral siguió adelante a partir de la presentación de Recursos de Alzada contra Vialidad Provincial.

¿Por qué el gobierno de Alicia Kirchner no podía continuar con el pago de la obra pública al empresario favorito de los Kirchner hasta minutos antes del 10 de diciembre del 2015? La respuesta es sencilla: porque las grandes obras públicas realizadas en la provincia a partir del 2003 fueron financiadas todas con fondos nacionales, pero licitadas y controladas por organismos provinciales.

En febrero de 2016 se rescindieron los contratos a la empresa de Báez por cuenta y orden de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión fue ejecutada por la Administración General de Vialidad Provincial y lo hizo “por justa causa y por exclusiva culpa de la contratista, procediendo a realizar inventario de los bienes existentes en la obra, como así también tomar posesión de la misma”, detallan los instrumentos administrativos.

Hubo un último intento por salvar la situación: ante escribano público, la empresa expresó su voluntad rescisoria respecto de diversos contratos suscriptos. Pero el organismo lo rechazó y la echó de las obras.

El informe final de un inspector de Vialidad Provincial detalló que tras el receso de las fechas festivas de fin de año, no se presentó el personal afectado las obras, y culpó a la empresa por infracciones a normas de seguridad e higiene y por incumplimiento del pago de haberes del persona. Para entonces la empresa adeudaba salarios desde la segunda quincena de diciembre de 2015, incluyendo el pago de la segunda cuota del aguinaldo, las liquidaciones finales y el fondo de desempleo por el personal despedido.

Los 24 contratos fueron rescindidos con argumentos similares. Los pasos administrativos recién quedaron firmes en 2019, pese a que desde 2017 la jueza en lo comercial María José Gigy Traynor, que instruye la quiebra de Austral Construcciones, ya había rematado propiedades, maquinarias y hasta una estancia de Báez, a través de dos sindicaturas. El condominio, primer vínculo comercial entre Báez y Kirchner, aún los une.