BUENOS AIRES.- Ahora la comisión de Acuerdos del Senado trata los pliegos de los postulantes para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Piedra Buena, uno de los tres candidatos es Marcelo Bersanelli quien tiene una causa abierta en Santa Cruz por contrataciones directas cuando era responsable administrativo del Ministerio de Salud a cargo de Rocío García. Los otros dos postulantes son, el dr Carlos Borges, y Nelson Sánchez, ambos de Santa Cruz.
Bersanelli es el más cuestionado de los tres postulantes, otro de sus antecedentes es haber intimado en 2017 a los jubilados a acercarse a los edificios públicos, en el marco de la protesta en reclamo del pago de haberes.
De la audiencia participan las senadoras Ana Ianni y Belén Tapia.
Marcelo Bersanelli fue designado juez en junio de 2017, a pesar de las denuncias judiciales en su contra y de los cuestionamientos de sectores de jubilados a quienes impidió el acercamiento a edificios públicos durante las protestas en reclamo del pago de sus haberes.
Con los votos del Frente para la Victoria, la legislatura aprobó en junio de 2017 el pliego del cuestionado abogado Marcelo Bersanelli como Juez de Primera Instancia a pesar de los pedidos de diferentes sectores de la justicia para que no se preste acuerdo a su designación hasta tanto no se resuelvan las denuncias por manejo irregular de fondos contra las autoridades del ministerio de Salud en la que está implicado como máximo responsable administrativo.
Bersanelli no tiene antecedentes en la carrera judicial, fue asesor jurídico en el municipio de Río Gallegos durante la malograda gestión de Héctor Aburto, se desempeñó luego en Servicios Públicos, Vialidad provincial, y en el Anses, hasta recalar junto a Rocío García en el ministerio de Salud de Santa Cruz como subsecretario de Gestión Administrativa. Estuvo casado con Candela García, hermana de Rocío y de la exsenadora Virginia García.
El abogado adquirió notoriedad pública cuando acompañó a la ex mandataria en su presentación ante el juzgado federal de Río Gallegos para registrar sus huellas dactilares y justificar su no concurrencia a una citación del juez Claudio Bonadío. Bersanelli quedó registrado en el video que grabó Cristina Fernández y subió a
>El aspirante a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones está involucrado en la denuncia contra las autoridades del ministerio de Salud por la contratación directa de la empresa Panal Tech SA para el «Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo del Hospital Regional Río Gallegos, Centro de Salud Mental, Hogar de Ancianos Falucho, Centro de Salud Nº1 al Nº8, Las Heras, Caleta Olivia, Centro de Salud Nº1 al Nº4».
Según la denuncia efectuada por el entonces vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel, ante el juzgado de Instrucción Nro 3 a cargo de Rosana Suárez, al momento de la contratación Panel Tech SA no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado no tenía empleados.
El ministerio de Salud acordó con la empresa un presupuesto mensual de $790.000 por el Hospital de Río Gallegos, ocho centros de salud, el Hospital geriátrico y el Centro de Rehabilitación, mientras que para el mantenimiento del Hospital de Las Heras el costo es de $760.000.
En total, el contrato anual firmado por Marcelo Bersanelli y Panel Tech SA le costó a la provincia de Santa Cruz $39.840.000.
Además, «se desconoció el procedimiento de licitación pública exigido como regla por la normativa vigente», dice la denuncia». Según la ley 760, cualquier contratación superior a los $ 400.000 obliga a un llamado a licitación pública.
Si bien la denuncia fue radicada por el vocal por la minoría, los demás integrantes del organismo de contralor coincidieron en la existencia de irregularidades aunque consideraron que no había motivos para acudir a la justicia.
Pero no es la única complicación judicial que pesa sobre Bersanelli aunque ahora lo hallará de los dos lados del mostrador.
En abril el Tribunal de Cuentas aprobó esta vez por unanimidad otra denuncia penal contra la ministra de Salud por graves irregularidades en la administración del hospital Fernando Peliche por la triangularon de fondos a través de la UTN para contratar personal sin ningún tipo de control y violando la ley de contrataciones laborales.
Facturas emitidas por médicos, administrativos, choferes, seguridad, mantenimiento, quienes prestaron servicios en el Hospital durante el año 2.016 fueron informadas al TC por parte de la UTN quien aclaró que «solo oficiaba como ente pagador, que no seleccionaba personal, ni poseía sus legajos y que los contratos se suscribían en Salud, lo que consta en acta labrada por la escribana mayor de gobierno».
Los montos que se transfirieron desde el Ministerio de Salud a la UTN ascienden a $ 36.000.000, de lo cual la UTN recibe el 10% según se estableció en acuerdo del 1/2/16.
Los pedidos para que no aprueben el pliego de Bersanelli que fueron ignorados por el kirchnerismo
El 27 de abril el gremio que nuclea a los trabajadores del Poder Judicial, había enviado una nota al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Pablo González, solicitándole que “por una cuestión ética y de prudencia”, suspenda el tratamiento del pliego de designación del dr Marcelo Bersanelli como juez de primera instancia, «hasta que se resuelva su situación procesal».
No obstane El Frente para la Victoria aprobó el pliego de Bersanelli en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sin siquiera responder la inquietud de los trabajadores de la justicia.
También la Asociación de abogados de Río Gallegos advirtió a la legislatura sobre las denuncias que implicaban al juez postulado por la gobernadora Alicia Kirchner, manifestando que sobre el Dr. Bersanelli pesaba «una grave denuncia radicada en el Juzgado Penal Nº 3, a cargo de la Dra. Quintana, proveniente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, por su actuación como Subsecretario dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz».
Los diputados del oficialismo no solo no hicieron caso al pedido sino que impidieron al presidente de la Asociación de Abogados asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 25 de abril en la que se trataba la aprobación de los pliegos de los ternados para cubrir las vacancias en distintos juzgados de la provincia.
Los diputados de la oposición no prestaron acuerdo
La diputada Gabriela Mestelán de Encuentro Ciudadano señaló en el recinto: «Por una justicia independiente, no presto acuerdo”, la legisladora había propuesto el pase a comisiones de su designación hasta tanto se resuelva la situación procesal de Bersanelli,
Para el radical Alberto Lozano el nombramiento de Bersanelli «es un paso más en la colonización de la justicia que ya está llena de jueces adictos y parientes de la familia Kichner».