Durante los seis años de mandato de Alicia Kirchner, los inicios de ciclo lectivo fueron conflictivos por la falta de acuerdo salarial con los docentes. Este año las cosas no cambiaron, en todo caso empeoraron ya que el gobierno sumó más motivos para desestabilizar el comienzo de clases con decisiones incomprensibles y dañosas para la educación como lo son las resoluciones que imponen el pase sanitario en las escuelas, y el decreto que promocionó de año a los alumnos del nivel secundario que adeudan materias.
No por previsible en sus procedimientos, el gobierno deja de ser infalible en sus propósitos a la hora de negociar salarios con los gremios estatales, y particularmente con la ADOSAC el único sindicato que discute con el Ejecutivo los sueldos de sus representados.
En procura de mezquinar salarios pero sobre todo de lidiar con los docentes, aletarga las paritarias con propuestas a cuentagotas, se regodea discurseando sobre sus logros de gestión, explicando "los esfuerzos de la administración para mantener las cuentas equilibradas", en medio de discusiones vacuas y chicanas de tablón que para colmo hace constar en actas sin medir las consecuencias de su conducta, ni siquiera las que impactan directamente en la educación de los chicos que debería ser la prioridad del gobierno.
En este marco cada comienzo de año se convierte en un calvario que pone en jaque a la educación, toda vez que nunca se sabe si las clases comenzarán como manda el calendario o habrá que esperar los resultados de las paritarias, que, como todos los años, el gobierno convoca tarde y mal predispuesto.
En 2016 Alicia Kirchner acababa de asumir la gobernación, y enfrentó el primer paro docente de 48 horas en un inicio del ciclo lectivo. El motivo: el gobierno no había convocado a paritarias convirtiendo a Santa Cruz en la única jurisdicción que no tenía propuesta salarial para los maestros.
Alicia argumentaba que no podía mejorar los sueldos de los estatales porque había recibido "una provincia quebrada", un argumento poco creíble toda vez que su predecesor en el cargo durante dos períodos consecutivos había sido Daniel Peralta, un hombre de su partido quien además le había aportado los votos necesarios para que ella llegara a la gobernación.
En 2016 el presidente del Consejo de Educación era Roberto Borselli quien ese enero capeó la crisis como pudo pero en marzo del año siguiente capituló en medio de un nuevo conflicto docente por las mismas razones: falta de paritarias u ofrecimiento salarial insuficiente.
En febrero de 2017 el gobierno provincial tampoco llamó a paritarias antes del comienzo de clases, lo que motivó que los gremios docentes realizaran medidas de fuerza con paro y movilización, lo que alteró el comienzo de clases y tuvo como consecuencia la renuncia de Roberto Borselli a la presidencia del Consejo de Educación.
En su reemplazo asumió, Cecilia Velázquez, quien venía de acompañar a Alicia kirchner en cargos nacionales. Con un perfil más militante y menos académico que su antecesor, más que a atender cuestiones de estado vinculadas con la deficitaria educación de Santa Cruz, Velázquez vino directamente a lidiar con los gremios docentes.
Ese año Santa Cruz batió récord de confilctividad lo que provocó que los estudiantes perdieran 105 días de clases. "Incumplimiento de los acuerdos paritarios", y rechazo al pago desdoblado y discriminatorio de haberes, habían causado las medidas gremiales.
En 2018 los primeros días de clase correspondieron al ciclo lectivo 2017 que el gobierno decidió prorrogar para recuperar parte de los días perdidos al año anterior, pero nuevamente la falta de una propuesta salarial motivó un paro de 48 horas que alteraron el comienzo del ciclo lectivo.
En 2019 la provincia ensayó otro experimento, adelantó el inicio de clases para el lunes 25 de febrero en un intento por recuperar los días perdidos en los últimos dos años ,y en un intento persuasivo los funcionarios de Educación y Economía se mostraban en fotos "trabajando una posible propuesta de aumento a los docentes".
Pero la imagen no convenció a los maestros quienes no habían sido convocados a paritarias, por lo tanto las clases no se iniciaron por un nuevo paro el primer día de clases.
En 2020 las clases tampoco comenzaron por los mismos motivos, un gobierno inerte ante las demandas salariales pero que sin embargo reaccionó para producir despidos de docentes que hacían paro en su primer día de trabajo. Días después se desató la pandemia de coronavirus y las aulas pasaron a ser virtuales.
En 2021 la única novedad fue que el paro docente pasó de la ausencia física en las aulas, a la desconexión de internet a la hora de las clases por zoom. La actitud del gobierno fue la misma, cero pauta salarial y la misma falta de vocación para ejercer el rol de un estado que garantice que los chicos tengan clases.
Al récord negativo que indica que en seis años de gestión, Alicia no logró que ni uno solo de los ciclos lectivos comenzara normalmente, este año el gobierno sumó más motivos que desestabilizan el comienzo de clases.
Tanto el pase sanitario impuesto por las resoluciones 146/22 y 147/22 de manera improvisada y violenta en El Chaltén, como la Resolución 323/22 que dispone la generosa promoción de los estudiantes del Secundario con materias adeudadas con el fin de maquillar la deserción escolar y disimular los niveles de repitencia, son una muestra más de la falta de rumbo de la Educación en Santa Cruz.
El pase sanitario puesto en vigencia en El Chaltén un domingo a la noche horas antes del comienzo de clases al día siguiente, fue desactivado en la práctica por el gobierno pero aún sigue pendiente su resolución judicial a instancias de la fiscalía de Estado que apeló un reclamo de los padres.
Mientras tanto más de setenta estudiantes perdieron tres semanas de clases entre ellos muchos chicos que iniciaban su escolarización.
Una evidencia más del daño que causan las malas decisiones de un gobierno que nunca se llevó bien con la educación y cada año hace peor las cosas.