EL CHALTÉN.- La justicia hizo lugar al amparo presentado por padres de alumnos a quienes se les exigió el esquema de vacunación contra el Covid para el ingreso a las aulas. Ordenó al Consejo de Educación a que deje sin efecto la medida hasta tanto se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de fondo. No obstante hoy la directora de la EPP N° 59, comunicó a los padres que la orden judicial se cumplirá cuando "tenga la autorización de las autoridades de Educación".
El juez de Primera Instancia, Carlos Narvarte, hizo lugar a un amparo presentado por padres de alumnos de escuelas de El Chaltén a quienes se les impidió el ingreso a clases presenciales por no contar con el esquema de vacunación contra el Covid. La medida fue dispuesta por el Consejo de Educación a través de las resoluciones 146 y 147/2022.
En su fallo el juez señala que hay "verosimilitud en el derecho y peligro en la demora", y que de persistir la vigencia del pase sanitario, " los amparistas podrían ver efectivamente amenazados sus derechos y garantías constitucionales".
No obstante hoy la directora de la EPP N° 59, Telma Andrade, comunicó vía whatsapp a las familias involucradas en el fallo, que "se dará cumplimiento a la Resolución 147/22, hasta tanto la documentación cumplimente los circuitos legales correspondientes y tenga la autorización de las autoridades del CPE para par cumplimiento lo que expresa el dictamen", con lo cual los alumnos no podrían concurrir a clases mañana martes.
Los padres ya definieron que enviarán a sus hijos a clases presenciales tal lo ordenado por el fallo judicial.
La medida cautelar abordó la “autorización al acceso a los diferentes establecimientos educativos de todos los niños, niñas y adolescentes de El Chalten, en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de categorización entre vacunados y no vacunados".
En cuanto al peligro de la demora de la resolución judicial respecto del planteo de los amparistas, el juez sostiene que "el mismo deviene propio del actual inicio de las clases en la localidad de El Chalten", las que dieron comienzo el 07 de febrero y desde entonces los alumnos no vacunados están sin clases presenciales.
Narvarte tuvo en cuenta "las características particulares de la localidad de El Chalten (localidad de escasos habitantes, la interacción estrecha de la población y en especial los niños escolarizados, en todos los espacios públicos y privados), amerita en modo excepcional y sin que implique prejuzgamiento respecto del fondo de la cuestión traída a resolver, hacer lugar a la medida cautelar".
Con estos argumentos, ordenó al Consejo de Educación de la provincia de Santa Cruz, "eximir a los/las amparistas alumnos/as de exhibir constancia de esquema de vacunación contra el virus SARS-Co V-2, para el ingreso a sus correspondientes establecimientos escolares".
El fallo se lee, "Ingresando a la pagina oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de
Santa Cruz, a saber https://noticias.santacruz.gob.ar/gestion/salud-y-ambiente/item/22805-saber-paraprevenir-informe-epidemiologico-jueves-17-de-febrero, se informa al público resultados al 16 de febrero, en cuanto a casos positivos, no existen en relación a la localidad de El Chalten; en cuanto a casos activos, en referencia a esa localidad se expresa que serían 3".
Añade que "ha sido de público conocimiento que el año pasado 2021, se dispuso el retorno de la presencialidad con el conjunto de alumnos/as, eliminándose las burbujas. Por otra parte la ley 27573 de Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, no establece la obligatoriedad de su aplicación".
Más de setenta alumnos de todos los niveles no pudieron concurrir a clases presenciales a raíz de la exigencia del plan de vacunación contra el Covid, que el Consejo de Educación dispuso a través de las resoluciones 146 y 147, que incluyó también a los docentes.
La decisión sorprendió a padres y docentes quienes se anoticiaron de la medida la noche del domingo 06 de febrero, horas antes del inicio del ciclo lectivo.
A partir de entonces se sucedieron sendas manifestaciones de protesta por considerar que la decisión de las autoridades del CPE en conjunto con el ministerio de Salud, es discriminatoria y vulnera el derecho de acceso a la Educación, y en el caso de los docentes se les impide el derecho al trabajo.
Ante estos planteos y lejos de atender las razones de fondo de los mismos, directivos y autoridades del CPE tildaron de "antivacunas" a los padres, docentes y estudiantes autoconvocados y atribuyeron "intencionalidad política" a los reclamos.