En el boletín oficial del 22-12-21 se publicó la ley 3.767 que modifica las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de abogado, habilitando a los Concejales al ejercicio de la profesión. Aisladamente, es correcto. Pero lamentablemente se sigue legislando a demanda y por intereses meramente individuales, descuidando los problemas de fondo y los intereses del conjunto.
Desde el sector de los abogados, se viene reclamando por una modificación del régimen de incompatibilidades, no para un concejal, si no por un sistema integral organizado en función de ciertos principios jurídicos que garanticen la transparencia y la igualdad frente a otras profesiones que no poseen incompatibilidad alguna para el ejercicio de diversos cargos.
Pero principalmente, se reclama desde hace largo tiempo para que se defina la política del sector mediante una ley de creación del COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS, que regule el ejercicio de la profesión de modo integral (y con ello el régimen de incompatibilidades, entre otros aspectos).
También se reclama que se aborden problemas estructurales urgentes de nuestro sistema judicial, como el deficiente (y a veces nefasto) funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que se ponga en funcionamiento un sistema de control disciplinario de los Jueces y Magistrados (hoy el jurado de enjuiciamiento es un mero apéndice político sin función disciplinaria real); y con mayor urgencia aún, se debe comenzar a trabajar sobre un código de procedimientos, ya que consecuencia del sistema de escritos digitales, nuestros jueces simplemente han dejado de aplicar buena parte del código procesal, generando inseguridad jurídica.
Dejen de legislar para ustedes mismos, Santa Cruz necesita legisladores, no administradores de privilegios.
