RIO GALLEGOS.- "Estas fotos con sus puños en alto que significan VICTORIA y LUCHA es la imagen de la Red después de la condena a Parma. gracias Compañeros por el tremendo CORAJE que los ha sanado a ustedes y a tantxs sobrevivientes que ni siquiera conocemos", publicó la página oficial de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, días después que se conociera la sentencia de la Cámara Criminal de Río Gallegos con la condena al cura Nicolás Parma.
"En tan solo dos meses, Yair Gyurkovitz y Jhonatan Alustiza vieron cómo sus exguías espirituales eran condenados por los abusos cometidos contra ellos cuando eran seminaristas adolescentes. Agustín Tosa Torino fue sentenciado en el mes de julio, en Salta a 12 años de cárcel y Nicolás Parma en septiembre, en Santa Cruz a 17 años de prisión efectiva", escribieron en las redes sociales de la RED, principal soporte emocional de más de un centenar de víctimas en Argentina.
En declaraciones al diario El Tribuno de Salta : "Es terrible porque uno no terminó de caer en lo que pasó en Salta y de golpe y porrazo estábamos en el sur. Fue reconstruirse, animarse, gastar el último de fuerza que tuvimos tras 15 días de juicio. Fue muy complicado en el ámbito emocional para ser claros y concisos a la hora de declarar para saber a dónde te tenés que dirigir para contarle al Tribunal lo que pasamos".
El calvario vivido en Puerto Santa Cruz
Jonatan Alustiza tenía 14 años cuando llegó desde Pergamino a Puerto Santa Cruz. Estaba solo, sin dinero, ni amigos, y pronto le sacaron hasta el DNI. Lo que debía ser el inicio de un camino de búsqueda vocacional en una casa de formación religiosa se terminó convirtiendo en un calvario que se extendió por años.
Su denuncia y la de Yair Gyurkovitz por los ultrajantes abusos sexuales que sufrieron se volvieron claves en el juicio oral que se llevó adelante en Río Gallegos al cura Parma quien al igual que las víctimas escucharon la sentencia por zoom. Ellos desde sus provincias de origen y Parma desde la comisaría de Puerto Santa Cruz.
“Llegué al pueblo a la congregación en marzo del 2009, y estaba solo con Parma y otro hombre más. Vivía en la casa de formación que está junto a la Parroquia Exaltación de la Cruz, iba al Instituto María Auxiliadora. Ese mismo año empezaron los abusos, pero no podía hablar con nadie. No tenía ni teléfono ni dinero, y teníamos prohibido contar lo que pasaba dentro de la congregación”, cuenta hoy en una entrevista publicada en el diario LA NACION, Alustiza quien dio su testimonio ante la Cámara Oral de Río Gallegos a través de videoconferencia.
En 2010 empezaron a llegar más chicos a la casa de formación de la congregación “Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista”. Se trataba en su mayoría de chicos que fueron entregados por sus padres a la tutela de la Iglesia, que provenían de familias numerosas y de escasos recursos. La Iglesia les garantizaría protección, educación y cuidado. Nada de eso pasó, dos de esos entonces niños, son hoy los denunciantes de Parma.
“Hasta el 2012, que estuve allí, llegamos a ser 13 chicos a cargo de Parma. Yo y el otro denunciante somos las caras visibles de la denuncia, pero estoy seguro que hubo más menores abusados. Vivimos un horror en ese lugar. Éramos presos moralmente, no podíamos pensar, era imposible irte, yo empecé a pensar en el suicidio”, recuerda hoy Jonatan que ya tiene 26 años, se casó y busca dejar atrás su historia de abusos.
Tras muchos años de procesar el dolor hoy puede expresarlo: “Yo no sabía que el juego con el cura era un abuso, que eran ‘juegos’ con intención sexual; me decía que no se podía resistir y después me pedía disculpas. La posibilidad de pedir ayuda o contar a alguien era nula. Aun no sé cómo hice para aguantar tanto”, recuerda hoy.
Jonatan explica que en la escuela de Puerto Santa Cruz no tenían Educación Sexual Integral (ESI) y cuando empezaron las primeras clases empezó a detectar que algo de lo que el cura hacía estaba mal.
Pasaron varios años hasta que el joven pudo procesar que lo que sufrió en su adolescencia fue un abuso. Para la psicóloga Liliana Rodríguez, de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, hay que una diferencia entre un juego sexual entre niños, que son juegos exploratorios en una etapa sexoafectiva natural y lo que significa cuando es en presencia de un adulto.
“Eso es abuso, eso caracteriza a un abuso. Porque estamos hablando de un adulto, pero además que tiene un plus y una responsabilidad social importantísima como miembro de la Iglesia Católica, tiene la responsabilidad de proteger y cuidar a esos niños, tiene que distinguir el bien y el mal, y enseñarlo”, dijo.
Rodríguez conoce el caso de los dos denunciantes desde 2016. A través de la Red buscan darle contención y acompañamiento a más de un centenar de hechos que se sumaron en la última década. Ella expuso ante los jueces acerca de las secuelas que quedan en las personas que fueron víctimas de abuso. Sobre su experiencia en la Red afirma que no ha habido una sola pericia de un sobreviviente que diga que fabula. “Las víctimas no mienten, tampoco ha habido ninguna pericia de ningún sacerdote acusado de abuso que diga que está enfermo, son todos conscientes de sus actos, saben lo que hacen, eligen a sus víctimas, buscan el punto vulnerable. La pedofilia no es un pecado, es un delito y como tal merece un castigo”, afirmó la psicóloga.
En 2012, a Jonatan, ya con el secundario terminado, lo trasladaron desde Puerto Santa Cruz a Salta para ingresar al noviciado. Allí, le contó lo sucedido al cura Rosa Torino, fundador de la Congregación de los abusos sufridos por parte de Parma. Sin embargo Torino, solo le dijo que debía perdonarlo y olvidar, que solo era una “debilidad del hermano” y debía resguardar el nombre de la congregación.
“En vez de apoyarme, se aprovechó de mi estado de fragilidad emocional, que yo estaba enfermo y mintiendo que había estudiado medicina, me dijo que debía revisar mis partes íntimas. El también abusó de mí”, detalla Alustiza.
Solo le quedó fugarse. Y así, sin dinero ni recursos, escapó de la congregación. Desde afuera, logró que le devolvieran sus documentos y le pagaran un pasaje para regresar a Buenos Aires. En esos años, solo una vez pudo ver a su familia. Pasarían algunos años hasta que pudiera comprender lo que le pasó y denunciarlo ante la Justicia. Años de enfermedad, depresión y deseos de dejarse morir.