BUENOS AIRES.- La Justicia dispuso la restitución de los bienes de la familia Kirchner, intervenidos en el marco de la causa Los Sauces que investiga maniobras de lavado a través del alquiler de inmuebles. El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió que la vicepresidenta Cristina Fernández y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner "se encuentran amparados/as por el reconocido principio constitucional de inocencia" y que la extensión de una intervención  tan prolongada, entra en colisión con el goce del derecho de propiedad. No obstante la causa prosigue su tramitación hasta el juicio oral.

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso levantar las intervenciones de los establecimientos "Los Sauces" y "Hotesur", propiedad de la familia Kirchner, y del condominio de Máximo y Florencia Kirchner con más de una veintena de propiedades las cuales volverán a ser administradas por sus dueños hasta tanto se sustancie el juicio oral, demorado entre otras razones por la pandemia de Covid.

La resolución judicial fue por mayoría con dos votos a favor de la restitución, de los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, y el voto en disidencia de Adriana Palliotti.

El fallo

En el fallo se ordenó además la designación de veedores informantes en las sociedades para que controlen su manejo. Esos veedores "deberán vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero", entre otras cuestiones.

Los jueces que votaron por mayoría hicieron hincapié en la extensa duración de las intervenciones y detallaron que, tras su disposición original, fueron prorrogadas.

El TOF 5 tiene a su cargo el juicio abierto por denuncias de sospechas de lavado de dinero mediante esas propiedades. En el caso del hotel Alto Calafate, se investiga el alquiler de habitaciones por parte de Austral Construcciones de Lázaro Báez, que luego no eran ocupadas. Las millonarias sumas involucradas en las operaciones serían producto de supuestas coimas que el empresario pagaba a los Kirchner por las obras públicas que le adjudicaba el Estado Nacional.

De hecho Austral Construcciones creada casi en simultáneo con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en mayo de 2003, fue la mayor beneficiaria de la adjudicación de obras en la provincia y su propietario, Lázaro Báez, fue condenado a 12 años de prisión y su hijo Martín a 9 años, por el delito de lavado.

Los jueces dijeron que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner "se encuentran amparados/as por el reconocido principio constitucional de inocencia".

"Es dable advertir que la gravosa medida cautelar aquí en estudio -si bien permitida por el anteúltimo párrafo del artículo 23 del Código Penal en orden a asegurar un futuro y eventual decomiso- debido a su prolongada extensión temporal, entra plenamente en colisión con el goce del derecho de propiedad", añadieron Grunberg y Obligado en la resolución que dejaron trascender las fuentes tribunalicias.

"La intervención judicial con facultades de información, administración y recaudación que pesa respecto de Hotesur S.A, se ha extendido por más de tres años", precisaron.

Y añadieron que "resulta insoslayable destacar que en el caso de la intervenciones de Los Sauces SA y de la Sucesión de Néstor Kirchner, estas se mantienen desde hace más de cuatro años y tres meses".

La medida, reseñaron, se hizo extensiva al "Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner hace tres años y diez meses, siendo que la más actual de ellas, data de hace más de un año y diez meses, y consiste en la intervención del "Hotel Los Sauces–Casa Patagónica" decretada por este Tribunal –aunque con distinta integración- con fecha 26 de junio de 2019.

Los magistrados destacaron en el fallo que "teniendo en cuenta el tiempo en que los interventores dispuestos por la justicia han desplegado su tarea, que las razones que habilitaron oportunamente su procedencia y pertinencia a adoptar la medida más restrictiva –como son las vigentes- han mermado y que se encuentran en vigencia las medidas cautelares mencionadas (...); corresponderá dejar sin efecto la intervención judicial con facultades de información, administración y recaudación".

Grunberg y Obligado establecieron además que hay una "evidente colisión que a esta altura se verifica entre las intervenciones judiciales oportunamente dispuestas y el derecho de propiedad de las partes imputadas".

"Ante el panorama expuesto, entendemos que para resolver la cuestión deviene insoslayable atender a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad que constituyen baremos imprescindibles del quehacer jurisdiccional", ampliaron.

Los jueces resolvieron a la vez "disponer veedores informantes respecto de las personas jurídicas" mencionadas.

En ese sentido libraron oficio a la AFIP para que designe los "veedores informantes, quienes deberán vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de la caja chica, y hacer saber a esta judicatura toda irregularidad que adviertan en la administración".

Los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían efectuado una presentación para que "se fije un plazo máximo de 60 días para la finalización de las intervenciones judiciales dispuestas".

Los letrados resaltaron que Los Sauces y el Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner estaban "intervenidos desde hace aproximadamente cuatro años", mientras que Hotesur "lo está desde hace más de tres años; como así también, en que las intervenciones dispuestas carecen de toda fundamentación y de manera alguna pueden ser mantenidas sine die".

Con información Agencia Télam.-