*Por Roxana Reyes.

El pasado 28 de septiembre se cumplieron 15 años de la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes –NNyA-, lo cual es un paso importante en la historia jurídica de la protección de los derechos de los chicos y las chicas en Argentina. Sin embargo, no tenemos nada para festejar porque el Presupuesto que el oficialismo aprobó en Diputados y quiere aprobar en el Senado cristaliza las deudas que el Gobierno tiene con los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país.

El escenario en el cual nos toca ejercer nuestras responsabilidades está definido por una profundización de la pobreza infantil. Según los recientes datos publicados por el INDEC, la pobreza alcanzó a casi 6 de cada 10 niñas y niños menores de 14 años durante este segundo semestre de 2020 y estiman proyecciones todavía más alarmantes para diciembre de este año.

Resulta impostergable reforzar las políticas de protección de ingresos y maximizar los esfuerzos fiscales para garantizar un piso de protección social para todas las niñas, los niños y los adolescentes del país. En cambio, el Gobierno nacional da señales en sentido contrario: lejos de robustecer las políticas de protección, las desfinancia.

Sin una asignación presupuestaria adecuada, el Poder Ejecutivo debilita las garantías para la seguridad alimentaria, la generación de espacios para la Primera Infancia, las asignaciones familiares y el acceso igualitario a la educación.

UNICEF señaló en el análisis presupuestario realizado para el debate en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación, que presido, que el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos SUMAR, al igual que las Transferencias al Hospital Garrahan presenta aumentos que están sensiblemente por debajo de la inflación proyectada para el 2021.

Además, determinó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, Empleo y Producción (ATP) se descontinúan para el 2021 lo que representa una disminución aproximada de $ 480 mil millones (1,8 % del PIB).

Por otra parte, según UNICEF y la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia –ACIJ-, el Programa de Políticas Alimentarias contará con menos recursos, vulnerando así la seguridad alimentaria de los niños y las niñas.

Los recursos económicos para esta política pública no aumentan al ritmo de la inflación proyectada y además caen nominalmente respecto de 2020, cerca de $ 22 mil millones (la caída se observa fundamentalmente en la Tarjeta Alimentar) y la meta en la cobertura de destinatarios en 1,5 millones de personas se mantiene, al igual que con los comedores escolares y el complemento alimentario para personas en situación de vulnerabilidad social.

Esto resulta sumamente preocupante, dado el contexto de crisis económica y social que se encuentra atravesando la Argentina, donde los niños, las niñas y los adolescentes están siendo víctimas de las decisiones de este Gobierno que demuestra, con este Presupuesto, que la niñez no es una prioridad.

En relación al Programa de Promoción y Asistencia a espacios de Primera Infancia se observa un desfinanciamiento para la asistencia de estos espacios mediante las modalidades de convenios con gobiernos provinciales y locales y organizaciones de la sociedad civil.

Respecto a las Asignaciones Familiares, de acuerdo al análisis de UNICEF, si bien se identifican incrementos nominales equivalentes al 23% interanual el porcentaje se encuentra por debajo de la inflación proyectada para 2021.

A su vez no se prevé una expansión de la cobertura horizontal, la meta se mantiene en los 4,3 millones de NNyA; tampoco se prevé una expansión de la cobertura vertical, es decir en su suficiencia o capacidad protectoria frente a la pobreza: diferentes estudios permiten estimar que al menos el 10% de los NNyA que viven en Argentina no tienen ningún tipo de cobertura en materia de protección de ingresos (lo que representa entre 1,3 y 1,8 millones de NNyA).

El valor de la Asignación Universal por Hijo –AUH- ronda entre el 40 % y el 50 % del valor de la Canasta Básica Alimentaria y menos del 20 % de la Canasta Básica Total.

El INDEC estimó el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) individual de una persona adulta equivalente al mes de agosto de 2020 en $ 6.082, y de la Canasta Básica Total (CBT) individual en $ 14.718, mientras el acceso a la primera determina que una persona es o no indigente, la segunda define la línea de pobreza.

La percepción mensual de la AUH (que significa el 80 % del monto total) en el mes de agosto fue de $ 2.634,40 lo que cubría un 17,90 % de la CBT y un 43,31 % de la CBA. Esto implica que, la AUH no podía garantizar ni siquiera el 20 % del acceso a derechos sociales esenciales de 6.2 millones de niñas y niños de hasta 14 años ni la mitad de una alimentación mínima para 1.7 millones de ellas y ellos.

Llama la atención que, a pesar de la reducción financiera en el Programa, la cantidad de personas que se esperan alcanzar el año próximo sean 77.321 más que las del año en curso; tal aumento debería ir acompañado por un correlativo crecimiento de la asignación presupuestaria para alcanzar a cubrir a todas las personas proyectadas.

Este dato se desprende del proyecto de ley aprobado, pero días después el gobierno, mediante decreto y tras la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y las reuniones de la comisión que presido, anunció un aumento de casi un millón más de NNyA, sin identificar aumento en los recursos para cubrir dicha ampliación.

Otra medida insuficiente es el denominado Plan Federal Juana Manso.

Según el colectivo Infancia en Deuda, y con la información provista por el Ministerio de Educación de la Nación, se requerían cerca de 3 millones de equipamientos tecnológicos para el acceso de contenidos educativos para NNyA, pero el Presupuesto prevé la entrega de apenas 546.600 equipos. Es decir que algunos niños y niñas podrán acceder a la educación, mientras que otros no.

Este Presupuesto reproduce las desigualdades estructurales que existen en nuestro país; es más, las está agravando. Los niños y niñas que hoy no pueden acceder a la educación quedan en condiciones de desigualdad para acceder, más delante, a la educación superior, a un empleo formal, al sistema de salud, y a los bienes culturales. Se atrofia su desarrollo humano porque sus derechos no se son garantizados. Quedan más expuestos al embarazo adolescente, el empleo informal, el desempleo, la pobreza y la violencia.

El desfinanciamiento de las políticas de la niñez es ni más ni menos que la cristalización/concreción de un modelo basado en la pobreza estructural.

*Roxana Reyes es Diputada Nacional por la provincia de Santa Cruz. UCR-Juntos x el Cambio. Presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación. Abogada.