El último informe del INDEC sobre la pobreza coloca a la Argentina en un severo cuadro de terapia intensiva. Que 18,5 millones de personas hoy no tengan la certeza de poder alimentarse antes que termine el día, debería alcanzar para frenar el país y preguntarnos hacía donde vamos, y hacia donde queremos ir.

En la cadena de responsabilidades, no quedan dudas que el mayor porcentaje se lo lleva la dirigencia política. Así como se ha llevado innumerables oportunidades de avanzar casilleros en esta inmoral y humillante batalla.

La Argentina, un país con sus órganos vitales funcionando cada vez más al límite de sus posibilidades, expresó en números la deuda más grande de su historia: el 56,3% de los niños menores vive en hogares pobres.

¿Cómo le explicamos a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes que el cambio que ellos necesitan en realidad va a demorar entre 30 y 35 años? ¿Desde qué lugar, y de qué forma, pretendemos explicar a alguien que no puede proyectar más que el día a día, que el cambio debe ser cultural?
¿Y cómo pretendemos sostener ese argumento, si quienes deben producir ese cambio son quienes no tienen la seguridad de cubrir las calorías diarias que necesita su cerebro para desarrollarse?

Si en la agenda del poder, -poder hacer-, la vulneración de derechos de la niñez no está escrita por ninguna parte, ¿cómo y cuándo se supone que comencemos ese cambio?

A la vista quedó que una mesa del hambre no fue la solución, ni pretendió serlo. Pero mucho menos la solución será posible si se sigue desconociendo a una mitad de la sociedad que pretende coherencia, que busca consensos, que apela a darle prioridad a las demandas de nuestro pueblo y no quiere pasarse la vida discutiendo una reforma judicial en Comodoro Py o si los empresarios son buenos o malos.

Queremos atender las necesidades reales y urgentes de la sociedad argentina. Y nada puede ser más importante y urgente que pensar, elaborar y accionar políticas públicas que empiecen a sacar de la pobreza a millones de niños. Hoy en la Argentina la pobreza económica es sólo un síntoma de una sociedad que está más pobre de empatía que de cualquier otra cosa.

Nuestro país tiene hoy en sus cargos decisivos gente que se retroalimenta de los problemas. Personas que han hecho del conflicto una política de Estado, que profundiza la grieta y beneficia a los que tienen el plato de comida asegurado de acá hasta el fin de sus días.

Si los Moyano y los Infrán son los ejemplos, ¿cómo le vamos a decir a nuestros chicos que el futuro es mejor estudiando que siendo soldadito de algún narco o puntero?

Quienes tienen en sus manos las riendas del país insisten en poner en agenda temas que son exclusivos de una corporación política que puede cambiar en sus nombres, pero no en su esencia.

Una corporación política que con mucho mérito se ha encargado de administrar la miseria humana. Condición indispensable para mantener el estatus de sus privilegios. Jamás se le podría ocurrir al feudalismo enseñar a pescar, con tanto pescado podrido para vender.

El fanatismo, la falta de sentido común, el avance contra las instituciones, la indiferencia por la educación, el Estado como guarida, el relato, la corrupción y la falta de Justicia oportuna se reflejan en la peor de sus consecuencias: la pobreza sistémica de la mitad de los niños de nuestro país. Garantizar la felicidad del pueblo ha sido quizás el eslogan más caro de nuestra historia.

Si no perdemos las esperanzas es porque hay una gran parte de la sociedad que está despierta, atenta, alerta. El índice de pobreza es un golpe certero, una montaña en el zapato, pero sobre todo un llamado a la reflexión para quienes, en menor o mayor medida, influyen en la opinión pública: no podemos seguir discutiendo trivialidades mientras uno de cada dos niños argentinos sufre la vulneración de todos sus derechos.

Para que nuestro país comience a saldar su deuda con los chicos y chicas que no tienen para comer, que son abusados y maltratados, que nacen condenados a una vida sin futuro, lo que tenemos que hacer es generar un nuevo e inmutable pacto de confianza entre la sociedad civil y quienes toman las decisiones.

Un pacto de confianza tendiente a asegurar que las instituciones del Estado cumplan el rol para las que fueron creadas, independientemente de quien las conduzca. Un pacto de confianza que nos asegure que hay premisas de fondo que se respetarán, más allá de cualquier resultado electoral. Y un pacto de confianza donde nuestros gobernantes nos hablen con la verdad.
Depende de nosotros direccionar la voluntad política en esa dirección.

*Periodista